Al estar el país a las puertas de la discusión de un proyecto de ley de empleo público -el cual para las organizaciones sociales solo busca eliminar conquistas laborales y salariales, y para el gobierno es una forma de regular e igualar condiciones-, la jerarca de la Contraloría General de la República, Rocío Aguilar, insiste en que es necesario poner en orden este tema.
UNIVERSIDAD conversó con dicha funcionaria, quien dio a conocer su criterio respecto a las remuneraciones en el sector público, la diversidad de regímenes de las instituciones autónomas y semiautónomas, así como la falta de vinculación entre los incentivos y el desempeño.
La jerarca enfatizó que hace varios años incursionó en el tema de remuneraciones en el sector gubernamental y realizó estudios, dado que tienen un peso muy importante en el gasto público y este rubro ha presentado un crecimiento acelerado en los presupuestos.
Según Aguilar, existe una gran diversidad de regímenes, que hacen ya de por sí complejo el estudio de las remuneraciones en todo el sector y que -excluyendo al Servicio Civil- son entidades que en su mayoría tienen una política independiente para establecer beneficios e incentivos como reconocimiento a sus trabajadores.
Se trata de instituciones, como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad, las universidades públicas, municipalidades, Acueductos y Alcantarillados y las demás autónomas y semiautónomas.
Todas ellas en el pasado se enfrentaron a restricciones en la contratación y el reconocimiento laboral y salarial, por lo cual, se vieron en la necesidad de establecer sistemas para mejorar las condiciones de su gente, cada una de acuerdo con sus necesidades y particularidades.
Dichas restricciones les obligaron a generar mecanismos alternos que dieron lugar a los denominados pluses del sector público, y que obedecían a circunstancias específicas; no obstante, para la Contralora todo esto se dio sin que existiera una política pública o de Estado, que generó disparidades en toda la administración pública, inclusive dentro de las mismas instituciones.
¿Qué han observado mediante los estudios que han realizado en la Contraloría?
-Esta diversidad de regímenes, que fueron creados ante una serie de restricciones en el pasado, ha producido un crecimiento automático de los pluses, sin la posibilidad de ponerle freno e independientemente de lo que sucede como política nacional.
La segunda preocupación es que la mayoría de los incentivos son automáticos y no existe una vinculación entre el incentivo y el desempeño de los trabajadores y de la institución.
Si bien es cierto, los pluses son importantes e históricos -porque apoyaron a la profesionalización del sector público-, hoy no tenemos ese problema y los seguimos viendo como incentivos.
En algunas instituciones el tema de evaluación de desempeño es de doble vía, pues le permite al funcionario orientar mejor su trabajo, cerrar brechas sobre sus competencias y poder exigir el cumplimiento de obligaciones de acuerdo a su puesto, pero los incentivos se siguen pagando de forma automática.
Dada esta situación, hemos insistido en que es necesario poner orden; claro, no estamos hablando de movilidad o reformas que se pusieron en práctica años atrás, donde se afectaba al recurso humano, sino más bien de un enfoque de planilla, en que el Estado tenga el recurso humano en la cantidad y calidad que requiere.
¿Cuál es el peso del pago de incentivos en el presupuesto de las instituciones?
-Esto es muy variable, pero se fija a nivel presupuestario, números más o números menos, que el salario base constituye un 50% y el resto de pluses suman el otro 50%. Estos pluses son un porcentaje del salario base; entonces, cada vez que se toca automáticamente este rubro, se aumentan los pluses; incluso hay unos que aunque no se aumente la base, crecen.
Hablemos hipotéticamente: si un año no hubiera aumento salarial -porque no hubo inflación-, los aumentos en pluses -que son por antigüedad- igual se tendrían que pagar. Esos pluses pueden significar como porcentaje del salario base un 3% o 4% de incremento.
Entonces, ¿son negativos los pluses y beneficios del sector público para el Estado?
-No adversamos -ni nos corresponde- la existencia de los incentivos; lo importante es que estén alineados al logro de las metas institucionales, al rendimiento y desempeño del funcionario y que la administración tenga la posibilidad de modificarlos en el tiempo, de acuerdo con las nuevas demandas de capacitación y otros aspectos.
¿Deberían variar, entonces, algunos incentivos?
-Así como en el pasado fue importante la profesionalización, hoy el Estado no tiene el problema de conseguir profesionales con bachilleratos o licenciaturas, por lo que este beneficio tenía todo el sentido. Pero, lo que consideramos importante es buscar una forma de que no sean automáticos; no solo es deseable, sino una obligación.
Cada sistema es diferente y eso es un problema, porque las decisiones tienen un efecto multiplicado; no hay nada bajo control y aquí es importante buscar un equilibrio. Esto nos permitiría atraer el talento que requiere el Estado, competitivo y bajo un sistema de incentivos que esté alineado.
¿Qué propone la Contraloría para cambiar este tema?
-No es la Contraloría la que propone, pero sí hemos dicho que hay necesidad de que exista una política general, lo cual no quiere decir que desde un ente rector se vaya a determinar el salario de una persona, sino que establecerá una serie de lineamientos o directrices.
Por ejemplo, si un sector ocupacional solicita un plus por peligrosidad, se analice previamente cuál es la sostenibilidad, por cuánto tiempo o en sustitución de qué.
Hay que recordar que son entidades que de alguna forma nadie controla; están fuera de la ley de administración financiera y es por ahí donde deciden posiciones e incentivos que están al margen de la política general.
Organizaciones sociales cuestionan que es la Contraloría la que tiene los salarios más altos y los mayores incentivos. ¿Han hecho una valoración de este tema a lo interno?
-En efecto, en la Contraloría tenemos la información de las condiciones laborales de nuestra gente y hemos venido cambiando los esquemas a través de los años; por ejemplo, los que son por antigüedad, porcentualmente, el rubro va pesando menos en el salario.
Hay casos en que no existe esa modalidad, sobre todo personal de nuevo ingreso, que entró bajo otro esquema, porque somos conscientes que de continuar con ese sistema, el peso sería cada vez más elevado para la institución.
Estamos claros que tenemos muchos incentivos, por ello hemos tomado decisiones; eso sí, ninguna de ellas ha sido de la noche a la mañana, pues las cosas hay que hacerlas de forma paulatina, sin que se dañen los derechos de la gente. Pero tampoco es cierto que la Contraloría tenga los salarios más altos, y tenemos estudios sobre eso y que están disponibles en las encuestas salariales.
¿Las instituciones autónomas y semiautónomas deben tener una misma línea de incentivos?
-No, en realidad la comparación no la podemos hacer uniendo a todas las instituciones, pues cada sector es diferente. Para unificar criterios tendríamos que comparar profesionales y trabajadores de un mismo sector; por ejemplo, para el área de salud tomaría como criterio a la Caja. No es un tema de blancos y negros.