A dos años de ponerse en vigencia la actual ley de migración, los altos aranceles que se impusieron para obtener documentos como cédulas de residencia o permisos de trabajo, ocasionaron una importante baja en la cantidad de migrantes que se acercó a formalizar su situación.
Así lo revela un análisis realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), presentado por el investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Gustavo Gatica; la coproductora el programa “Casa Abierta” de la emisora 870 UCR, Karina Fonseca; y el director del IIS, Carlos Sandoval.
Gatica recordó que esta ley entró en vigencia el 1 de marzo del 2010, y en la propuesta se planteaba una perspectiva de derechos humanos e integración de las personas que emigran, dado que Costa Rica es un país receptor de migrantes en Centroamérica, principalmente de personas que vienen a trabajar temporalmente al país.
ALTOS COSTOS
La nueva ley trajo consigo nuevos requisitos y costos más altos en los trámites que se realizan ante la Dirección General de Migración y Extranjería, lo que empieza a mostrar impacto en la cantidad de personas que se acercan a regularizar su situación.
Con datos de la Dirección de Migración, Gatica mostró que en el 2009 se recibieron 18.313 solicitudes de diferentes tipos, y en el 2010 esta cifra subió a 23.210 trámites presentados; pero, para el 2011, con dicha ley en plena vigencia, las solicitudes se redujeron hasta alcanzar los 14.115.
En cuanto a las solicitudes de residencia permanente presentadas, estas pasaron de 9.270 en el 2010, a 4.782 en el 2011, lo que significa casi un 50% menos en el lapso de un año.
El investigador estimó que al sumar los costos que contiene la nueva ley para la obtención de una cédula de residencia en Costa Rica, estos ascienden a los $373 (aproximadamente ¢188.000).
“De acuerdo con la lista de salarios mínimos, el salario de una trabajadora doméstica es ¢139.000, mientras que un peón agrícola gana ¢236.000. Eso quiere decir que para una trabajadora doméstica el salario solo le alcanza para cubrir el 74% de la cédula de residencia, y para un peón agrícola significa gastar el 75% de su ingreso mensual”, puntualizó Gatica.
En el caso de un albañil, su salario mínimo está fijado en ¢253.000 mensuales, lo que significa que tendría que invertir el 71% de su salario para acceder a una cédula de residencia.
De acuerdo con un informe sobre migración, el investigador detalló que el 60% de los migrantes que llegan al país se dedican a actividades de construcción, seguridad y servicio doméstico.
Gatica agregó que dada la desproporción entre los montos que se cobran y los ingresos de la mayoría de las personas solicitantes, los aranceles podrían considerarse “inconstitucionales”, situación que empeora si se considera que el migrante debe realizar gastos adicionales que elevan el costo de su trámite por encima de los ¢400.000.
Con la anterior ley el costo de sacar una cédula de residencia rondaba los $40 (¢20.000), mientras que el residente temporal o permanente pagaba la suma de $10 por la renovación de los documentos, y una multa de $3 por cada mes de atraso en la renovación tras el vencimiento de la cédula.  Con la ley vigente, por cada mes en condición irregular, la multa para el migrante se elevó a $100.
“Cuando se pregunta a los indocumentados, la principal barrera para acercarse a formalizar su situación son los altos costos. Si suma todo lo que debe pagar, podrían alcanzar los $800 dólares; es un costo exageradamente alto para una persona de bajos ingresos, y ese monto se debe multiplicar por la cantidad de familiares que el migrante debe formalizar”, comentó.
El académico apuntó que un migrante con su situación al día es menos vulnerable a sufrir abusos de parte de sus patronos, como es el caso de quienes aceptan salarios menores a los mínimos, por miedo a ser denunciados ante Migración.
La ley de migración también pretendió mejorar la situación de los inmigrantes, al solicitar -como requisito para acreditar o renovar la condición migratoria- que la persona esté debidamente asegurada ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, esta medida también se ha prestado para abusos, ya que algunos patronos han aprovechado la norma para transferir a los trabajadores la obligación de su aseguramiento y el pago de las cuotas correspondientes.
MODIFICACIÓN NECESARIA
Por su parte, Karina Fonseca expuso que el análisis tras dos años de la mencionada,  muestra la necesidad de una reforma para que se flexibilice y se ponga al alcance de las personas migrantes.
“Que se tomen criterios básicos como razonabilidad y proporcionalidad. Las niñas y mujeres son quienes más sufren la exclusión; no pueden acceder a empleos dignos sin documentos; deben tomarse medidas para atender a esta población”, expresó.
También se realizó un llamado al gobierno de Nicaragua, para que asuma la cedulación de sus ciudadanos en Costa Rica, y facilite los pasaportes ordinarios a sus ciudadanos a un precio razonable.
Mientras tanto, Carlos Sandoval  llamó la atención sobre el hecho de que en Costa Rica la tasa de natalidad viene descendiendo, y la esperanza de vida aumenta, lo que plantea retos respecto al envejecimiento de la población.
A esto se suma que se ha reportado un incremento en la emigración de costarricenses hacia los Estados Unidos, y una merma en la cantidad de nicaragüenses que entran al país, por lo que el gobierno de Costa Rica debe generar una política pública de población, y no solamente una ley de migración.
Fonseca alertó respecto al hecho de que Costa Rica es uno de los tres países latinoamericanos que no ha ratificado la “Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias”, por lo que instó al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a poner atención en este tema.
 

 
“Sale muy caro todo el papeleo”

Sonia Vázquez es una migrante casada con un costarricense, no tiene cédula en Nicaragua, ni pasaporte ordinario, trámites para los cuales necesita una cantidad importante de dinero, que como trabajadora agrícola se le dificulta reunir.

“El abogado me dijo que hay que recoger -para empezar- unos $80, luego unos ¢50 más para traer los documentos, y luego dar más plata. A uno que trabaja en el campo se le hace difícil, porque hay que pagar luz, agua, casa, teléfono. Solo tener el pasaporte provisional me costó ¢32.000”, se quejó Vázquez.

Por otro lado, la niña Esmeralda Morales, de 13 años y quien hace poco recibió su parte de nacimiento proveniente de Nicaragua, narró que este tuvo un costo de  $40 dólares, los cuales le debe a su abuela, que se encargó de hacerle el trámite.

Hinmer Martínez es otro nicaragüense y estudia en la Universidad Nacional. Su padre trabaja como guarda de seguridad, mientras que su madre es empleada doméstica, aunque actualmente no tiene trabajo.

Según Martínez, los más de $300 dólares que se estima que cuesta el trámite de cedulación en Costa Rica, se quedan cortos ante los muchos otros gastos que implica tener estos documentos.

“Para empezar, hay que ver los costos que tiene que viajar a Nicaragua; uno tiene que sacar pasajes, estadía, la visa que es de $32, más los dos documentos que debe sacar: cada uno cuesta $40”, relató.

“Luego en el consulado de Costa Rica en Nicaragua hay que presentar los papeles y traerlos aquí, para lo que cobran como $250, y luego pagar otros $90 para meter los papeles”, añadió.

Este estudiante universitario considera que el país debería realizar una reforma para hacer más asequibles los documentos a las personas de escasos recursos, y permitirles así mejorar su condición.