Flor Isabel Rodríguez, exasesora de la presidenta Laura Chinchilla. (Foto: Archivo)
La relación de la empresa Procesos, Investigación y Asesoría C.A. con la presidenta Laura Chinchilla empezó desde el 2009, cuando la sociedad anónima “Laura hacia el 2010”, que recaudaba fondos en forma paralela durante la pasada campaña electoral y que es objeto de investigación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), recibió contratos por $33 mil, es decir ¢17.423.640 al tipo de cambio actual.
Desde abril del 2009 hasta junio de ese mismo año se le giraron un total de siete cheques por montos que oscilan entre los $4.000 y los $6.000 a la firma Procesos, la cual fue fundada por Flor Isabel Rodríguez y su esposo Fernando Herrero, exministro de Hacienda, quien posteriormente se desvinculó de la empresa.
Tanto ella, quien fungía como asesora de Chinchilla, como Herrero renunciaron el pasado lunes 2 de abril tras dar a conocer La Nación que esta empresa recibió contratos por $192.000 y habría dejado de declarar ¢50.000.000 por concepto de impuesto sobre la renta del 2010.
La copia de los cheques en poder de UNIVERSIDAD corresponde a las fechas del 17, 21 y 30 de abril, así como 4, 19 y 28 de mayo, y solo uno se giró el primero de junio de ese año. En el detalle de los cheques se especifica que la empresa fue contratada para realizar estudios de opinión que se habrían hecho en esas fechas.
Solo en abril de 2009, Procesos facturó un monto equivalente a ₡8, 711.650 en estudios, en mayo ₡6,150.000, y en junio se registra una factura por ₡2,049.800.
Este medio intentó conocer más detalles sobre la labor que realizó la firma con Rodríguez, pero aunque se le enviaron correos a su dirección electrónica y a los teléfonos registrados a nombre de la empresa antes de su dimisión, éstos no fueron respondidos.
De igual manera  se contactó al exministro Fernando Herrero, sin obtener respuesta al cierre de edición.
La sociedad “Laura hacia el 2010” está encabezada por Jorge Walter Bolaños, quien fue el tesorero de campaña del Partido Liberación Nacional (PLN) y además era el apoderado de esta sociedad anónima, que captó recursos desde que la mandataria era precandidata de esta agrupación política.
Chinchilla nombró a Bolaños representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Esta sociedad anónima es ahora investigada  porque presuntamente administró una cuenta paralela a la de la tesorería del PLN durante las pasadas elecciones, tal y como lo dio a conocer UNIVERSIDAD en la edición del 7 de marzo pasado.
Debido a que Procesos fue contratada para hacer los estudios de opinión, también se intentó conocer la opinión de Bolaños, pero su asistente nos dijo que se encontraba en reuniones fuera de su oficina.
Douglas Caamaño, miembro del Movimiento Libertario, pidió al TSE el retiro de credenciales de la presidenta, Bolaños, el exjefe de campaña, René Castro, Alex Sibaja, extesorero del PLN, y Adrián Chinchilla, extesorero de campaña, por tener conocimiento o ser parte de la sociedad “Laura hacia el 2010”.
Según Caamaño, la sociedad recibió contribuciones en especie no declaradas ante el Tribunal, por lo cual  se solicita investigar el accionar de los miembros de campaña liberacionista.
CONTRATO CON EL PLN
Procesos también vendió servicios al PLN desde octubre de 2009 cuando quedó oficializada la candidatura de Chinchilla.
La contratación con  la empresa de Flor Isabel Rodríguez se dio por cuatro meses para que realizara “estudios de mensaje y servicios de asesoría especializada”, los cuales se hicieron entre octubre de 2009 y enero de 2010.
Como muestran los cheques, solo en octubre se le pagaron $31.000 (¢15.872.000), mientras que en noviembre se le giraron $48.000 (¢24.576.000), en diciembre $20.000 (¢10.240.000) y en enero $24.000 (¢12.288.000). Estos suman un total de ¢62,976.000, los cuales fueron cobrados posteriormente por el PLN ante el TSE como parte de los gastos rembolsables por deuda política.
EMPRESA FAVORECIDA
Estas contrataciones que se dieron en campaña se unen a las dos otorgadas por el Estado, una con el Ministerio de la Presidencia por un monto ₡18.000.000. A la empresa se le pagó para que realizara una consultoría en comunicación, opinión pública y manejo de crisis, por 240 horas, para un valor real de ¢75 mil la hora.
En agosto del año anterior a Procesos también se le adjudicó una “contratación directa”  con la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), por un monto de ¢17,000.000, con el fin de que desarrollara estrategias en el área de comunicación y relaciones públicas.
Esas contrataciones generan recelo sobre la manera en que la empresa de Rodríguez se ha favorecido con contratos con la administración pública en los últimos dos años.
Para la legisladora del Partido Movimiento Libertario, y vicepresidenta del Congreso, Patricia Pérez, la presidenta Chinchilla se ha equivocado con algunos nombramientos de sus colaboradores, y los amigos de doña Laura en el Gobierno, no están por ella, si no que están por sus “intereses particulares”.
El abogado Pablo Barahona es del criterio que independientemente de la legalidad de los contratos o asesorías brindadas por la empresa de Rodríguez, esto no es bien visto moralmente. Barahona señaló que “la firmeza de la presidenta a veces no sirve para sus amistades”.
ESTRECHA RELACIÓN
En 1994 Flor Isabel Rodríguez trabajó por primera vez junto a la presidenta Laura Chinchilla como parte del denominado grupo Asesoría para la Toma de Decisiones (ADT), equipo que elaboró el programa de gobierno de José María Figueres Olsen. Este grupo además estaba compuesto por Eduardo Doryan, Rebeca Grynspan y Fernando Herrero. Posteriormente Rodríguez asumió el Ministerio de la Comunicación, y Laura Chinchilla el viceministerio de Seguridad.
En 2010, Chinchilla al asumir la presidencia  se rodeó de cercanos colaboradores del gobierno de Figueres Olsen, eligió a Carlos Espinach y Flor Isabel Rodríguez, como sus asesores “al oído”, y que ya desde la precampaña electoral 2009 elaboraron estrategias.
Sin embargo, sobre las funciones de Rodríguez en Casa Presidencial es poco lo que se sabe, tampoco existe claridad si su labor era retribuida económicamente o  realizada de manera “ad honórem”.
Para la diputada Patricia Pérez, lo importante es determinar si la empresa de Rodríguez se ha favorecido con contratos en otras instituciones por ese “vínculo estrecho” con la mandataria.
Además que al no tener claridad de las funciones que realizaba la esposa del exministro Herrero, “no se trata  solamente de ser la amiga personal de la presidenta, sino que uno espera entonces informes que demuestren por lo que se le haya pagado”, argumentó Pérez.
Para los contratos con el Estado en la presente administración, la Contraloría General de la República realizó el levantamiento de prohibición correspondiente, según lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, argumentando que Procesos se mantiene brindando servicios incluso un año antes de que Fernando Herrero asumiera la cartera de Hacienda.
Para la legisladora libertaria, no deja de sorprender que la empresa de la esposa del ministro de Hacienda se venga favoreciendo de contratos con el PLN, y el gobierno desde hace varios años.
“Esto viene como una cadena de amigos de amigos de gobiernos anteriores, y continúan con el tema de hoy por ti, mañana por mí, pero pagado con la plata de todos los costarricenses”.
Pérez agregó que esto se podría ver como una “costumbre” dentro del PLN, donde además, según su criterio, “no hay servidores públicos, sino personas que buscan contratos que les favorezcan”.
Para el abogado Pablo Barahona, el problema además surge cuando las instituciones de control “no evitan conflictos de interés”, mientras que se “limitan a caerle bien” a los grupos económicos, poniendo en entredicho la “independencia institucional”.
Patricia Pérez manifestó que ha quedado en evidencia la “complacencia” de la contralora,  por lo que ahora que se aproxima la elección del nuevo director del órgano contralor, los diputados de oposición tendrían que tomar en cuenta todos estos hechos para realizar el nuevo nombramiento.