En el transcurso de la actual campaña electoral universitaria, en la que he acompañado en algunas de sus actividades a mi amigo y candidato a Rector, el doctor Héctor González, he observado que entre los más  importantes temas abordados en las comparecencias de los candidatos figura el de la financiación de las necesidades actuales y futuras de  infraestructura de la Universidad de Costa Rica.
No podría ser de otra manera. Está en la memoria de cada uno de quienes en algún momento desempeñamos la función de rector de esta Institución, el hecho de que ese factor tan fundamental para el funcionamiento y el desarrollo de las universidades públicas siempre nos exigió  realizar gestiones  extraordinarias ante el Gobierno de la República y complejísimas negociaciones con este y con instituciones financieras nacionales e internacionales. Gestiones y negociaciones en las cuales fue necesario -por lo menos esa fue mi experiencia personal en la gestión y el trámite de los dos grandes proyectos en los que me tocó intervenir como vocero y negociador de la UCR- se requiere una inteligencia muy clara sobre cuestiones tan interrelacionadas como la autonomía universitaria y la dependencia económica de la Universidad con respecto al Estado.
Podemos dar fe de que, en lo que respecta a la Universidad de Costa Rica, aquellos grandes proyectos se negociaron y se llevaron a cabo en condiciones  que garantizaron el respeto a la autonomía universitaria en todos sus aspectos, para lo cual se conservó siempre una libertad absoluta de la UCR en la definición de los propósitos académicos de cada uno de sus componentes y un amplio margen de maniobra de las autoridades universitarias en el manejo de los recursos normales de la Institución para  introducir, en los presupuestos regulares y mediante negociaciones complementarias con el mismo Gobierno y con otras instituciones, las medidas financieras necesarias para mantener el mayor equilibrio posible en el desarrollo de las diversas áreas académicas y geográficas del quehacer universitario.
Tengo la certeza de que las negociaciones que hasta hoy ha ayudado a dirigir don Héctor González con el fin de asegurarle a la UCR una ampliación y un mejoramiento óptimos de su infraestructura en los próximos años se  han orientado dentro de los mismos principios, de modo que, al igual que ocurrió con las inversiones masivas de las décadas de 1980 y 1990, las que ahora comienzan a implementarse gracias a la capacidad negociadora de las autoridades de CONARE y de la UCR, serán de provecho seguro y prolongado para la Institución.
A guisa de anécdotas ilustrativas, podemos recordar cómo, a mediados de la década de 1980, mientras se ejecutaba como grueso de nuestro avance en infraestructura el primer préstamo del BID, en el cual no figuraba una previsión para el caso, una gestión específica ante la AID de Estados Unidos nos permitió construir en pocos meses al segunda etapa del INISA (Instituto de Investigaciones en Salud) y, mediante un arreglo interno dentro del marco del contrato con el BID, nos fue posible, también de manera expedita, levantar el edificio del Centro de Cómputo. Igualmente, en medio de la ejecución de aquel proyecto, pudimos agenciarnos los medios para levantar el primer edificio de la carrera de Nutrición, adquirir el edificio de la primera residencia estudiantil del campus Rodrigo Facio y negociar con la administración Monge Álvarez, mediante compromisos mutuos entre la UCR y el Gobierno, el traspaso a la Universidad de las propiedades y las instalaciones que esta posee y utiliza hoy en Golfito.
Como lo han propuesto ahora don Héctor González y sus colaboradores, un inteligente pragmatismo en este ámbito no tiene por qué interferir con el pleno ejercicio de la Autonomía Universitaria.