El hecho de que no se represará el río, sumado a una fuerte inversión en construcción de túneles para que el acarreo de agua sea menos lesivo para la naturaleza, son algunos de los elementos de gestión ambiental con que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) defiende los trabajos de construcción y eventual operación del Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior (PHBI).
Mariano Fallas, ingeniero a cargo del proyecto, detalló que se establecerá una toma de agua que mantendrá el cauce del río en al menos 1.000 litros por segundo. Al mismo tiempo informó de que el proyecto incluye  una  iniciativa de conservación de más de 1.000 hectáreas y aseguró que para la CNFL “la idea del desarrollo siempre tiene como prioridad la parte ambiental y social”.
Fallas y otros funcionarios y funcionarias de la Compañía ofrecieron a UNIVERSIDAD una amplia explicación sobre el proyecto -que se desarrolla en el cauce del río Balsa, ubicado en Florencia de San Carlos- durante una gira al sitio organizada a propósito de un reportaje realizado por este medio sobre la proliferación de iniciativas de generación hidroeléctrica en la cuenca del río San Carlos.
Esa información consignó la preocupación de sectores ambientalistas, de que en un futuro cercano podría llegar a haber hasta 28 plantas hidroeléctricas en esa cuenca, las cuales además de daños ambientales provocarían una reducción en el acceso al agua por parte de las comunidades (ver UNIVERSIDAD del 28 de marzo).
Fallas indicó que los trabajos que realiza la CNFL no tuvieron que ver con una crecida importante del río que se dio en el 2010, pues -según dijo- los efectos se dieron “por condiciones naturales del río”, y luego de ese suceso -en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)- se construyó un dique de contención. También apuntó que el camino que actualmente se usa para acarrear todo el personal, materiales y equipos de construcción, se construyó sobre una trocha prexistente.
Por su parte, Mauricio Álvarez, del programa Kioscos Sociambienatales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), reconoció que la CNFL “se ha preocupado por establecer un programa más agresivo de gestión ambiental, a diferencia de otras empresas como las cooperativas o incluso el mismo ICE”.
Sin embargo, subrayó que el hecho de tener una buena gestión ambiental en un proyecto, no implica un cambio en el contexto mayor de la cuenca del río San Carlos. “Todo el mundo acepta que son demasiados proyectos juntos y que eso tendrá impacto porque consumen agua, lo cual significa que ecológicamente segmentos de los ríos se mueren”.
PREOCUPACIÓN POR LA CUENCA
Mariel López, bióloga de la CNFL, detalló que desde que inició la construcción se llevan a cabo monitoreos biológicos cuatro veces al año, los cuales se mantendrán una vez que inicie la operación.
Informó que se han detectado especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, entre las que destacan dos especies endémicas de ranas, y mostró fotografías de un puma que vive en el sitio.
Tras expresar que se ha establecido un protocolo de rescate de animales y reubicación en los casos que amerita, aseguró que el caudal ecológico que se mantendrá en el río es el necesario para que permanezcan las comunidades acuáticas.
Ante el hecho de que, a pesar de las medidas ambientales puestas en práctica, el proyecto se encuentra sobre la cuenca del río San Carlos -que ya soporta presión de muchos proyectos hidroeléctricos-, la bióloga enfatizó que se hace lo posible “para que nuestro proyecto no genere el impacto que se da en otros casos”.
Al respecto, el director ambiental del PHBI, José Pablo Cob, informó que existe una iniciativa de manejo de la cuenca que ha interesado tanto a la CNFL como al ICE. “Somos actores interesados y nos afecta cualquier desequilibrio provocado por un mal uso de la cuenca”, argumentó.
Tras aseverar que la CNFL busca establecer mayor comunicación con las autoridades estatales y locales, Cob expresó que “nuestro debate con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) es que se mida igual a todos y que los parámetros que se aplican a proyectos hidroeléctricos también se apliquen en la construcción de carreteras, tajos o minas”.
Por su parte, Álvarez llamó la atención al hecho de que “la buena gestión de la CNFL no elimina el problema, pero contribuye a establecer estándares más altos de gestión ambiental, aunque muchos otros proyectos cumplen con el mínimo posible”.
En ese sentido, enfatizó en la preocupación por el impacto acumulativo de todos los proyectos juntos y recordó que de acuerdo con la Ley 7200 aún quedan 200 megavatios de generación por otorgar, lo cual puede significar unos 20 o 30 proyectos nuevos, y “buena parte de ellos se podría gestionar en esta cuenca, sobre todo en la zona de Upala, donde ya se gestionan cinco o seis proyectos privados”.