El rector electo de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, considera urgente aclarar la relación entre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la recién fracasada reforma fiscal del Gobierno, para despejar los “nublados” que puedan surgir alrededor del presupuesto universitario en los próximos meses.
El nuevo rector conversó con UNIVERSIDAD sobre este y otros temas  relacionados con su futura gestión que iniciará el próximo 18 de mayo, luego de haber resultado ganador de las elecciones universitarias, el pasado 13 de abril, con el 42.2% de los votos.
En la entrevista, realizada el 19 de abril, participaron la directora de este semanario, Laura Martínez; el jefe de Redacción, Eduardo Ramírez, y los redactores Jasson Clarke,  Javier Córdoba, Emmanuel García y Sergio Zúñiga.
 
¿Ya tiene definido el equipo de vicerrectores que lo acompañará en su gestión?
—Todavía no. Estoy en el proceso de construir el equipo de colaboradores. Puede ser que me esté tomando mucho tiempo. Lo que pasa es que hay que aplicar un conjunto de criterios que provoquen un equilibrio, no solo en la representación de las áreas académicas, sino también en la representación por género. Esto lleva cierto tiempo.
Solo hay uno que ha sido anunciado: Roberto Salom como vicerrector de Acción Social. Durante la campaña había ciertas versiones de mi alejamiento y “hostilidad” con respecto a la Acción Social, lo cual es absolutamente falso. Salom es una persona muy serena, viene de las ciencias sociales y está interesado en la vinculación con la sociedad en todos sus sentidos. Sé que esto va a causar un cierto nivel de tranquilidad.
¿Usted considera que la pasada elección dejó fracturada la Universidad? ¿Piensa  que es necesario desarrollar alguna iniciativa para sanar estas “heridas”?
—Todo proceso electoral causa sus divisiones e involucra afectos. Una vez pasada la elección; sin embargo, creo que lo que corresponde nuevamente es buscar la unidad institucional. La Universidad de Costa Rica es una institución tan madura que creo que puede enfrentar con mucha facilidad este nuevo proceso de armonización.
Siento, de parte de la comunidad universitaria, que este proceso se está dando de una forma muy acelerada; he sido llamado por una cantidad muy grande de personas que no apoyaban mi candidatura.
Estoy en un momento de transición. Les puedo decir que estuve reunido con la señora rectora (Yamileth González) hoy durante toda la mañana, para ver asuntos pendientes en la administración. Eso es lo propio en una vida democrática como la nuestra.
Se acerca el VII Congreso Universitario. ¿Cuáles son las transformaciones que necesita la Universidad para los próximos años?
—La UCR necesita renovar toda su estructura de gobierno, de manera que sea más flexible y fluida, para que pueda adaptarse mejor a los requerimientos y demandas que provocan los cambios que se dan en la sociedad y en la Universidad.
Creo que nosotros tenemos que buscar formas renovadas de vinculación con la sociedad, en lo que corresponde a ese compromiso que tenemos: de ser solidarios con el desarrollo de mayor bienestar social.
Hay nuevas formas de vinculación que debemos empezar a explorar, que son aquellas que tienen que ver con una mayor contribución al desarrollo de los sectores productivos.
He propuesto la creación de un parque científico liderado por la UCR, pero que sea un proyecto de país, un proyecto nacional. Un parque científico consta de redes de cooperación entre el sector público, la academia y el sector productivo. Nosotros no tenemos de manera sistematizada esas redes de cooperación. No tenemos un conglomerado de centros de investigación que trabajando juntos desarrollan propuestas para el sector público o el sector productivo.
Para esto se requiere de un estudio de factibilidad, y hay $60.000 donados por Corea para hacer el estudio; mañana vamos a enviar la carta para gestionar esos fondos.
Hay una inquietud sobre la necesidad de renovar de manera completa el Estatuto Orgánico; eso tendríamos que discutirlo mucho. No estoy en contra o a favor, pero las consecuencias podrían cambiar el modelo de universidad. Aprecio mucho los principios explicitados en la declaración de principios y fines de la Universidad de Costa Rica; creo que eso debemos preservarlo, pero creo que tenemos que concretar en el VII Congreso Universitario.
La idea de los congresistas del  III Congreso era que los decanos y decanas fueran líderes académicos, que fueran liberados de muchas funciones administrativas, pero eso no se ha cumplido en todos los casos.
¿Cuál es su posición sobre la pendiente renovación de la Convención Colectiva? ¿Deben ampliarse o recortarse los beneficios?
—No estaría a favor de que se recorten beneficios. Nuestra universidad tiene que avanzar en el reconocimiento y la reafirmación de los beneficios que obtenemos todos los funcionarios y funcionarias. Hay ciertas demandas o expectativas que tendríamos que someter a mucha discusión, porque se dice que como parte de la convención colectiva estaría la ampliación de los años que se reconocen en el momento de la jubilación, la cesantía, que pase de 15 a 20 años. Tenemos que considerar el peso que esas demandas tendrían para las finanzas públicas, porque es el pueblo costarricense el que en última instancia paga esos beneficios.
Usted planteó como alternativa para la UCR al préstamo de $50 millones del Banco Mundial, la utilización del superávit acumulado de la institución. ¿Son utilizables esos fondos en sustitución del préstamo? ¿Los va a utilizar?
—No son utilizables de manara inmediata en su totalidad. La ejecución presupuestaria de la UCR es buena, es alta, ejemplar entre las instituciones públicas. Siempre podemos hacer mayores esfuerzos para ejecutar más presupuesto, pero vivimos en un país muy burocratizado, de manera que no siempre es expedita esa ejecución.
Ese superávit se divide en dos partes. Uno es el superávit específico o comprometido, y el otro está libre. El comprometido es mucho mayor que el libre. Entonces nosotros podemos hacer una planificación del superávit, de manera que invirtiendo lo que ya tenemos comprometido, y con el superávit de los próximos años, vayamos estableciendo la política de inversión.
Hay una disponibilidad que no es inmediata —como tampoco son inmediatos los fondos del Banco Mundial—, porque  sería más o menos la mitad al principio; después de tres años habría una evaluación a ver si se sigue con los otros $25 millones.
Esperamos que las diferencias existentes actualmente con el Gobierno —respecto a los fondos del Banco Mundial y su administración—, sean superadas y, efectivamente, podamos disponer de los $50 millones. Las negociaciones en este momento están en cierto impasse, hasta que el Gobierno dé respuesta a ciertas posiciones universitarias por aspectos que pueden lesionar la autonomía universitaria.
¿Qué está pidiendo el Gobierno?
—Pide que los dineros del Banco Mundial ingresen a la caja única del Estado; eso es una lesión flagrante de la autonomía universitaria. No sé si dará tiempo para que doña Yamileth González resuelva eso, pero en todo caso las acciones que emprenda serán en todo sentido respaldadas por mi persona. Si no se resuelve ahora, lo resolveremos después.
¿Usted prefiere que doña Yamileth firme el convenio del préstamo o no?
—La posición de doña Yamileth en esto es muy clara: ella no va a rubricar este convenio bajo estas condiciones. Yo tengo algunas otras observaciones respecto a la propuesta de gestión administrativa del convenio y de los recursos; un ejemplo es la decisión de que la Comisión de Enlace (integrada por los cuatro rectores y cuatro ministros de gobierno) sea la responsable total del préstamo y del proceso de inversión. Tienen que ser las universidades las responsables, porque este dinero es parte del FEES. Mi posición es que ese dinero tiene que ser depositado en las arcas universitarias en su totalidad. Pueden pasar por la contabilidad estatal, pero que de manera inmediata pase a las universidades.
¿Siente que hay una posición firme y consensuada de los rectores en esto?
—Hasta donde yo entiendo hay una posición consensuada. Esto implicaría que el Gobierno sea el que decida cuándo girar el dinero. Tendría en sus manos un instrumento de poder y control. Eso no nos sirve.
Usted menciona condiciones en las que las universidades no están de acuerdo con el Gobierno. Pero, ¿ya están claras las condiciones del Banco Mundial?
—Están en proceso de negociación. El Banco Mundial sí ha propuesto que sea la Comisión de Enlace la contraparte, la responsable del préstamo. La Comisión de Enlace no existe. Hay un decreto que la crea para que se dé la negociación del FEES, pero es solo para la negociación. Es una función muy clara y específica; ya el FEES se negoció, se firmó el acuerdo. La Comisión de Enlace es la interlocutora en el proceso de negociación, pero no en la ejecución. El empréstito del Banco Mundial es parte del FEES, entonces tendría que ser el CONARE (Consejo Nacional de Rectores) el que lo administre.
¿Cuál es su criterio sobre la utilización de fondos de la Junta de Ahorro y Préstamo de la UCR en el fideicomiso de los megaproyectos?
—Yo preferiría no utilizar esos fondos; pero no considero que los fondos puestos a disposición hasta el momento —que corresponden a más o menos a $2 millones— sean fondos que estén poniendo en peligro las finanzas de la Junta. Preferiría no recurrir a esos dineros por una razón muy sencilla (financiera, no política), que toma en consideración la tranquilidad de los ahorrantes universitarios. Este tipo de medidas afecta el ánimo de los ahorrantes que ven en eso una amenaza. No debemos tomar decisiones estrictamente técnicas, sin tomar en cuenta en el sentir de la ciudadanía universitaria.
¿Qué pasará ahora que el plan fiscal fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional, si el FEES estaba sujeto a esta reforma?
—Esto tiene que ver con parte de los fondos del 2012; en la cláusula número 5 del FEES dice que el Gobierno procurará aumentar su recaudación fiscal mediante una nueva ley de solidaridad tributaria. Las universidades agrupadas en CONARE, entienden que no existe una relación de dependencia entre la aprobación o no del Plan Fiscal y la ejecución del convenio del FEES. En otras palabras, lo negociado no establecía esa dependencia.
Si leo esa cláusula no lo entiendo de esa manera. Pero el texto me dice que existe una relación entre el FEES y el plan fiscal. Habría que preguntarle al Gobierno si lo entiende como lo entiende CONARE; si es así, en hora buena;  si lo entiende diferente, vamos a tener que empezar una negociación pronta para aclarar ese punto.
El punto de partida de la UCR será que el Gobierno tiene que cumplir lo estipulado, sin importar su fuente o el mecanismo de la recaudación. La recaudación es un problema del Gobierno, no de las universidades.
Yo esperaría que el Gobierno esté dispuesto al diálogo y reconozca las limitaciones de este plan fiscal. Siempre he advertido que políticamente no era conveniente ligar el FEES al plan fiscal, porque nos expone a un riesgo.
¿Cuáles serían los cambios al sistema de admisión de la UCR y cuál sería su viabilidad?
—Esto es un buen proyecto que considero necesario, pero sería para el próximo año. La propuesta estará lista para cuando yo asuma la rectoría.
Se trata de un examen no basado en el lenguaje, que mide lo mismo que el actual examen de admisión, pero la forma de medirlo y lo que mide es “alingüístico”. Hay pruebas de inteligencia que existen hace mucho tiempo, que en lugar de utilizar preguntas, utilizan problemas estructurados con imágenes.
El examen de admisión actual tiene una influencia grande de factores socioeconómicos. Así, la persona que puede pagar un curso de entrenamiento, la que estudia en colegios privados, tiene un entrenamiento previo mayor que el muchacho de la zona rural, tiene una ventaja sociocultural.
No queremos que las personas de pueblos indígenas o con condiciones sociales desfavorables tengan esa desventaja, pero tampoco estamos haciéndoles una prueba más fácil, porque las pruebas miden lo mismo. Este examen lo aplicaríamos como medida complementaria para las poblaciones deprimidas y desfavorecidas social y culturalmente.
Durante la campaña, uno de sus contrincantes planteó la necesidad de eliminar el programa PAIS (en el que la UCR administra EBAIS para la CCSS). ¿Qué piensa usted al respecto?
—Es un programa que está en serios problemas, que no son en su totalidad responsabilidad de la UCR, sino también de la CCSS. Uno de los factores más problemáticos es que la Caja le paga a la UCR una cuota inferior a los costos reales de ese paciente. Además, los EBAIS que están en este programa hacen actividades que favorecen a la salud pública, las cuales luego no son reconocidas por la Caja, como una campaña de vacunación.
La UCR ha realizado gastos que consideramos que la CCSS debe retribuir; es necesaria una negociación con la Caja, para que no sea un programa deficitario. Creo que perdemos unos ¢200 millones por mes. Tenemos que hacer es mejorar la gestión de ese programa, tener la contribución de la Escuela de Medicina, pero no le trasladaría a la Escuela un problema tan grande. Negociemos con la Caja un reconocimiento adecuado del costo por paciente.  El convenio vence en diciembre, de manera que hay que negociarlo rápidamente.
¿Cuál cree que es el tema más urgente? Al que tiene que meterse primero.
—La renegociación del FEES en términos de aclaración de las cláusulas firmadas; es urgente aclarar los alcances de no aprobar el plan fiscal.
También, es urgente resolver el problema de infraestructura. Continuaré con los megaproyectos, esperaré que el Banco Nacional —que haría la inversión en el fideicomiso del Banco de Costa Rica-UCR— resuelva la inversión en el fideicomiso, y ojalá eso se resuelva pronto para iniciar con los megaproyectos, que son necesidades urgentes.
Tenemos el problema de la demanda insatisfecha, que está relacionada en parte con la infraestructura, y me preocupa que la lógica neoliberal haya permeado la forma en que hacemos academia. Tenemos que recuperar la libertad en la forma en que hacemos academia y dignificar las funciones académicas.