Recientemente,  un artículo argentino del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, que daba diez razones para considerar  irracional la intención de bajar la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años, con el fin de mejorar la seguridad ciudadana; en nuestro país, es igual de irracional la idea de endurecer la represión contra los menores bajando la edad superior de 18 años a 15, con el fin de juzgar como adultos a muchos adolescentes. Tomando como ejemplo el citado artículo, paso a establecer igualmente diez razones a nivel nacional, para considerar que dicha situación es una simple ocurrencia más del  populismo punitivo que se ha extendido en nuestro país. Por lo extenso se tratará en dos entregas,  pretendiendo con ello dejar en claro nuestra posición.
1) –Porque sería regresivo: En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: No se debe  regresar a instancias anteriores a la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar hacia una mejora. Si nuestra Constitución y la Convención de Derechos del Niño señalan la edad mínima para ser adulto en 18 años, no se podría modificar esta situación sin una reforma constitucional y el consecuente desprestigio internacional.
2 – Porque el único objetivo es el castigo: Los que propugnan el endurecimiento de las penas para los menores de edad, señalan que lo que se necesita para reducir la delincuencia y con ella la inseguridad es imponer penas más graves, convirtiéndose la sanción en un castigo por el castigo mismo; es una cultura nacional el pensar que la solución represiva es la única existente, se vende el espejismo de la seguridad,  la mera segregación del menor acusado de  la sociedad, a quien se le vuelve a excluir, castigándole por no encajar en una sociedad que lo apartó; se olvida que es una persona en formación, obviando los instrumentos internacionales que promulgan la resocialización como finalidad del proceso penal juvenil.
3 – Porque no es cierto que el aumento de penas y el encierro reducen la inseguridad y la delincuencia: En los últimos 15 años los delitos más graves como el homicidio, los delitos sexuales y el narcotráfico han visto aumentada su pena en más de un 50%; la sanción máxima en prisión se duplicó, la cantidad de presos  aumentó solo en los dos últimos años en un 30%, y aun así los niveles de delincuencia no se han reducido; vivimos en un país con una  inseguridad subjetiva, que sobrepasa por mucho los datos objetivos; nos sentimos más inseguros que otros países del área con tasas de homicidio hasta 8 veces superior a la nuestra; no nos termina afectando el delito en sí, sino el temor al delito.
Se pasa por alto que existen programas de tratamiento psicológico como sanción, como en el caso de los delitos sexuales, en los que la reincidencia de los jóvenes tratados  es casi del 0%, mientras que la ausencia de tratamiento y solo encierro registra una alta reincidencia en los adultos; todos estos programas se perderían en aras de una seguridad que nunca se va a encontrar.
4 – Porque no se trata de sancionar más leyes, sino de cumplir las que ya existen: Lo que debe darse a nivel de seguridad es una  presencia policial efectiva; en el año 2009 solo en el tema de psicotrópicos la policía administrativa procesó a más de 4000 jóvenes por portación o tenencia de droga, droga que no alcanzaba para considerarla para la venta  como lo exige el tipo penal; lo que dio como resultado que solo 9 fueran debidamente acusados por la Fiscalía. No es posible que los pocos recursos con los que se cuenta, sigan desperdiciándose atacando  acciones que no constituyen delitos; fueron  miles de horas perdidas por ignorancia, o peor aun, por aparentar dar seguridad  a la ciudadanía que cada vez exige más la actuación policial; sin embargo, esta acción debe ser de calidad y no de cantidad como en la actualidad, pues termina desgastando a la policía.
5- Porque la cantidad de delitos cometidos por los adolescentes es baja y si hablamos de delitos graves es aun menor: La cantidad de delitos cometidos por los menores de edad en números brutos no supera el 6% del total de delitos cometidos en el país en un año, y si hablamos ya de  números netos no llegará a un 3%; tampoco es cierto que los homicidios cometidos por ellos ha disparado el porcentaje nacional, pues su exclusiva participación en ellos es muy baja . Estos datos, objetivamente hablando, no podrían nunca justificar el intento de aumentar las sanciones contra los menores.