El Gobierno envió hoy a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley en el que se propone suspender el desalojo o demolición de obras, actividades y proyectos en la Zona Marítimo Terrestre, Zona Fronteriza o Patrimonio Natural del Estado.
Según indicó Casa Presidencial mediante un comunicado, la presidenta Laura Chinchilla reconoce que durante décadas miles de familias han habitado estas zonas restringidas por ley, donde desarrollan sus actividades productivas como la pesca artesanal, el turismo local y la agricultura, pese a no contar con el permiso correspondiente del Estado.
“Esto, aunado a la naturaleza misma de los terrenos, ha generado que diversas instancias estatales se hayan visto obligadas a promover procesos de desalojo de las familias y derribo de las construcciones que se encuentran en esta situación, desencadenando una problemática social grave al dejar a estas personas sin su techo habitual y en muchos casos sin acceso a la actividad productiva que les da el sustento diario”, señala el comunicado.
El vicepresidente Alfio Piva, quien se ha manifestado en contra de los desalojos, comentó que el proyecto de ley pretende dar una solución temporal a esta situación, mientras se toman las “medidas óptimas” para el ordenamiento territorial en estos lugares.
El gobierno aclaró que la suspensión de los desalojos no excluye la posibilidad de dictar las medidas cautelares para evitar daño o afectación al medio ambiente.