El envío a la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley que congele por un año los procesos de desalojo y demolición por ocupación ilegal de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y otras zonas especiales, fue la promesa del Gobierno que se llevaron pobladores de las zonas costeras tras una movilización la semana pasada al recinto legislativo.
El Poder Ejecutivo también les anunció que convocará a debate en el Parlamento la ley de territorios comunitarios costeros, cuya aprobación han venido solicitando estas comunidades desde el gobierno anterior, pero que no ha avanzado a pesar del apoyo que les han prometido diputados y diputadas de los diferentes partidos.
Por su parte, el diputado socialcristiano Walter Céspedes, en respuesta a solicitudes de pobladores de Cahuita y Puerto Viejo en el Caribe Sur, provincia de Limón, presentó un proyecto de ley que pretende declarar ciudad a esas localidades, lo que las libraría de las regulaciones establecidas para la ZMT y áreas de conservación.
“Con esta ley estamos también autorizando a la Municipalidad de Talamanca a  dar concesiones de carácter turístico, cultural, deportivo, recreativo, o para el desarrollo de actividades productivas, respondiendo así al clamor de los limonenses”, dijo Céspedes.
 
Una resolución de la Contraloría General de la República (CGR) del pasado 9 de marzo (DFOE-DI-459), ordenó a dicha municipalidad iniciar los procesos para la demolición de una lista de casas de habitación, bares y hoteles ubicados en la zona pública inalienable en Cahuita y Puerto Viejo.
Se trata de edificaciones que estarían ubicadas dentro de la franja de 50 metros de zona pública junto al mar, que forma parte de la ZMT propiedad del Estado (200 metros desde la línea de pleamar).
Mientras tanto, propietarios con terrenos y construcciones dentro de la zona del Refugio  de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), temen que en algún momento ellos también reciban orden de desalojo, por lo que están buscando unirse para solicitar ayuda de instancias oficiales.
Allí el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, tienen entre manos un informe de la CGR según el cual la zona del refugio es patrimonio natural del Estado,  por lo que las escrituras que los particulares obtuvieron en algún momento de parte del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), estarían mal dados y tendrían que anularse.
Representantes de los propietarios acusan a las autoridades de actuar antojadizamente en este caso, porque el refugio fue creado en 1985 por iniciativa de una organización no gubernamental como un refugio mixto, de propiedad privada y estatal, con el visto bueno de la CGR, y sus límites han sido modificados por una serie de decretos ejecutivos. El último decreto fue emitido en el 2005 y ratificado por un voto de la  Sala Constitucional en el 2007, en virtud del cual Puerto Viejo figura actualmente dentro de los límites del REGAMA.
Enrique Joseph, presidente de la unión cantonal de asociaciones de desarrollo de Talamanca, dijo que en el REGAMA 18 pobladores tienen denuncias por presunta ocupación ilegal. En total son como 30 denuncias, pero el resto son por violaciones ambientales, tema en el que la comunidad no interviene, porque si se cometen violaciones, los responsables deben ser llamados a cuentas, dijo.
Por su parte, Marcelo Pacheco, jefe de subregión del SINAC en Talamanca, puntualizó que lo que tiene presentado el SINAC son unas 6 o 7 denuncias ante el Ministerio Público, por obras sin viabilidad ambiental dentro del refugio.
En relación con el caso de Cahuita y Puerto Viejo, Joseph expuso que “tenemos una gran discrepancia con el Estado”, por cuanto el poblado de Cahuita fue establecido por la Ley 35, de 1915, que permitió a los pobladores inscribir sus terrenos.
En el caso de Puerto Viejo, la ley Nº 176 de 1935 les otorgó a los pobladores el derecho sobre sus propiedades, y tanto es así que hay un número de ellas con escritura pública en ambas poblaciones.
La ley de ZMT que llega en 1977, en ninguna parte dice que derogue la ley 35, aunque sí dice se derogan todas las leyes que se le antepongan. Pero es una ley que regula la ZMT, y la ley 35 no regula la ZMT, sino que lo que hace es que les da a los pobladores estos terrenos. Entonces de ninguna manera se contrapone a la ley de ZMT, porque una regula y la otra lo que hace es otorgar un beneficio a los habitantes, argumentó Joseph.
Edwin Patterson, exdiputado y vecino de Puerto Viejo, ironizó al decir que los pobladores están en estos problemas por haber tenido la mala idea de conservar las bellezas naturales, ya que si hubieran arrasado con todos los árboles -como ocurrió en Guanacaste-, no los estarían molestando.
Afirmó que están de acuerdo en ordenar y poner límites con los pobladores que están, pero que dejen vivir a los que están, pues es extraño que los quieran echar.
Detalló que están tratando de aglutinar esfuerzos entre la municipalidad, las asociaciones de desarrollo y la Cámara de Turismo del Caribe Sur, para “ir aclarando estas cosas a los muchachitos” que toman decisiones desde oficinas en San José, sin que conozcan ni les interese la situación de la zona, y entonces ponen en zozobra a la gente.
INJUSTO
Según los representantes de las comunidades costeras, son unos 50.000 los pobladores amenazados por los procesos de desalojo emprendidos por las municipalidades y otros entes públicos por instrucciones de la CGR.
En los últimos años ya se han ejecutado desalojos y derribado casas en lugares de la costa pacífica como Quepos, Dominical y Tárcoles. Hay acciones de estas pendientes en localidades como Montezuma, Ostional, Pochote y Costa de Pájaros, entre otros.  En Tambor, Puntarenas, por ejemplo las autoridades han estado presionando a los vecinos para que desalojen y para trasladarse a otro lugar, porque hay una empresa turística interesada en construir una marina allí.
El argumento que esgrimen los pobladores para oponerse es que es  injusto que se eche a la calle a pobladores que han vivido por generaciones allí, y su modo de vida depende de los recursos del mar.
Ante el clamor de ayuda de las comunidades, el Gobierno anunció la semana pasada el envío de un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para detener por un año los desalojos, con la intención de “resguardar la seguridad social y económica” de las personas que viven en las llamadas zonas especiales, que incluyen la ZMT, pero también en la milla fronteriza y áreas de patrimonio natural del Estado.
“Estas familias han construido sus hogares y han desarrollado actividades productivas como la pesca artesanal, el turismo local, y la agricultura, entre otras. No obstante, pese a los largos períodos de ocupación y de uso de esos territorios, la misma se ha dado -en muchos casos- sin contar con una concesión del Estado para ello”, indicó un comunicado del vicepresidente de la República, Alfio Piva.
Piva anunció desde hace unas semanas el objetivo de realizar los esfuerzos necesarios para paralizar los desalojos que deben efectuar diferentes entidades en cumplimiento de leyes específicas, e incluso no descartó encadenarse con pobladores para evitar ser expulsados.
En cuanto al proyecto de territorios comunitarios costeros, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, dijo que la iniciativa tiene el apoyo de todas las fracciones, pero está congelado desde hace cinco meses porque el Gobierno no ha querido someterlo a discusión en el plenario.
En su criterio, es dual la posición del Gobierno, que dice que apoya a las comunidades costeras y hay diputados que también lo dicen, pero la presidenta Chinchilla les hace demasiado caso a los grandes hoteleros e inversionistas interesados en desalojar a la gente pobre de las zonas costeras y no ha convocado el proyecto.
Ella tiene como ministro de la presidencia a Carlos Ricardo Benavides, quien es sabido que ha trabajado para favorecer los intereses de los grandes hoteleros y depredadores ambientales de las zonas costeras, un sector que tiene mucha influencia y por eso tienen frenado el proyecto, afirmó.