El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Enrique Castillo, manifestó que el interés por negociar un acuerdo con el Vaticano -término que prefirió utilizar en vez de “concordato”, que según dijo ha caído en desuso-, radica en “actualizar” las relaciones entre ambos Estados “simplemente porque el acuerdo vigente es muy viejo, las circunstancias han cambiado y lo mejor es actualizarlo para facilitar las relaciones entre ambas partes”.
Dicho funcionario informó que el pasado 21 de marzo se realizó la primera reunión entre las partes y que apenas se acordó la metodología de trabajo. En una entrevista con UNIVERSIDAD, el exembajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA) salió al paso de las críticas que atribuyen “secretismo” al manejo de esa negociación.
 
¿Qué temas se plantearon en la primera reunión?
-La regularidad de las reuniones y contrastamos las dos listas de temas. Se acordó integrarlas para la próxima reunión, que es el 3 de mayo. Sin necesidad de ser exhaustivo, puedo citar como ejemplos la personería jurídica de la Iglesia. La Santa Sede es un Estado, pero también está la Conferencia Episcopal y hay que definir su naturaleza y personalidad jurídica. Otro ejemplo es la necesidad de definir no sólo el estatus de la Iglesia como organización, sino el de algunos de sus componentes.
¿No es el Estado costarricense soberano para definir esos temas a través de reformas legales y constitucionales? ¿Es necesario entablar una negociación con la Santa Sede?
-La necesidad de la negociación ya estaba definida cuando asumí la Cancillería. No sé cuál fue la motivación que hubo para que se planteara; cuando llegué ya se hablaba de la necesidad de revisar el acuerdo. La razón para ello es actualizar las relaciones entre El Vaticano y Costa Rica,  simplemente porque el acuerdo vigente es muy viejo, las circunstancias han cambiado y lo mejor es actualizarlo para facilitar las relaciones entre ambas partes.
De lo que se trata es de aclarar las cosas, definir con precisión qué vamos a entender de ahora en adelante por Iglesia Católica, Santa Sede o Estado Vaticano y cuáles son las cosas que están cubiertas por esos conceptos, cuál es el estatus de los colegios católicos, de los conventos, parroquias y demás.
En el pasado se han dado roces entre ambas partes, precisamente porque esos conceptos no están claros y la Iglesia entendía una cosa y el Estado otra. Otro ejemplo es el tema de cuáles son los alcances y límites de la jurisdicción eclesiástica y el derecho canónico en Costa Rica. La relación entre ambos Estados data de más de 100 años, el Vaticano fue uno de los primeros en reconocer al Estado costarricense. La relación entre ambas partes se debe cultivar y actualizar, definirla de acuerdo a los tiempos modernos y a la conformación actual de ambas.
Esas actualizaciones y definiciones que interesan al Estado costarricense, ¿son necesarias para llevar a cabo la reforma hacia un Estado laico?
-No, son totalmente independientes y ese no es un tema polémico. He notado que en la opinión pública hay una cierta sensibilidad, algunos piensan que se reforzará el Estado confesional y los católicos piensan que la Iglesia será expulsada de Costa Rica, como ocurrió en la época del liberalismo. No se trata de eso; el tema de la laicidad del Estado costarricense debe ser definido soberanamente por los costarricenses; el debate está abierto y se puede llevar como proyecto de reforma constitucional a la Asamblea Legislativa.
La relación futura del Estado costarricense con el Vaticano no depende de eso. Como representantes del Estado estamos conscientes de que cualquier cosa que propongamos y convengamos debe estar dentro del espíritu de la norma constitucional que garantiza la libertad de culto, lo cual tiene que ser una norma universal como cualquier norma constitucional y creo que la Iglesia también lo ve así. Ese es el marco en el que se va a desarrollar todo esto y muchos de los temas planteados por ambas partes son meramente administrativos. Ellos han tenido problemas para inscribir bienes inmuebles o vehículos de la Iglesia que han sido donados por el Estado costarricense en algún momento, también para definir el estatus migratorio para que sean reconocidos a veces como residentes. Hay incertidumbre sobre cuáles impuestos deben pagar.
Las críticas al proceso apuntan en la dirección de que la Iglesia manifiesta estar de acuerdo con que se haga la reforma del Estado laico a cambio de ciertos temas que le interesan -como la fertilización in vitro o las sociedades de convivencia de personas del mismo sexo-, según lo planteó en medios de comunicación el obispo de Tilarán. También persiste el temor de que un concordato sirva para perpetuar ciertos privilegios que goza la Iglesia, como las exoneraciones a ciertos bienes inmuebles.
-Tengo entendido que esas declaraciones fueron rectificadas por autoridades de la Iglesia. No vamos a entrar a discutir temas doctrinarios.
Comprendo que se den esos temores, pero el hecho de que la Iglesia señale algunos puntos de interés, no significa que las soluciones que proponga vayan a ser aceptadas por el Estado costarricense; estamos empezando la negociación y en estas primeras reuniones nos tratamos de poner de acuerdo en cuáles son los temas, pero nadie puede prejuzgar el resultado de la negociación o decir que estamos dispuestos a quitarle todos los impuestos a la Iglesia. Nadie sabe cuál es el contenido de la discusión de cada tema; en lo que estamos de acuerdo es en discutirlo y veremos qué quieren y les diremos si se puede o no, esa es precisamente la negociación. En el documento sólo quedará lo que sea aceptado por ambas partes; no se puede prejuzgar sobre el resultado.
Los costarricenses deben tener claro que nosotros vamos a defender los intereses del Estado costarricense, veremos en qué nos podemos poner de acuerdo siempre dentro del espíritu de la libertad de culto y teniendo presente que como la religión católica no es el único credo religioso en el país, cualquier regla que se acuerde será un precedente para los demás credos.
¿Hasta qué punto el principio de libertad de culto implica que los derechos y obligaciones deben ser parejos para todas las denominaciones religiosas?
-No necesariamente para todas. No es una igualdad absoluta, pues se trata de una negociación entre dos Estados, lo cual no es el caso con ninguna otra denominación religiosa; de ahí surgen diferencias.
¿Esas diferencias no pueden ser criticadas como privilegios?
-No necesariamente, porque el punto de referencia es cómo son las relaciones con los otros Estados. No creo que surja de la negociación nada que se salga de los parámetros normales de las relaciones internacionales.
Tenemos una posición de Estado que aún estamos construyendo y que debe tener en cuenta los intereses y derechos de los habitantes del país. Posiblemente habrá muchos puntos en los que no nos pongamos de acuerdo; como funcionarios públicos no podemos acordar cosas a las que estamos impedidos legal o constitucionalmente.
¿Qué opinión le merecen las críticas de quienes ven secretismo de parte de la Cancillería sobre este tema?
-Si hay gente que no se había enterado de que se iniciaba un proceso de negociación es que no estaba bien informada, pues este tema desde hace meses sale en medios de prensa y todas las opiniones son especulativas, en el sentido de que están tratando de adivinar qué es lo que va a pasar. Eso lo que demuestra es que el gran público está enterado al menos de que iba a empezar el proceso de negociación. Nosotros tampoco tenemos obligación de sacar campos pagados informando sobre el inicio de las negociaciones con la Iglesia, pero nunca lo hemos ocultado. No hay secretismo porque no hay nada que ocultar; lo que pasa es que no hay materia cierta sobre el contenido de las negociaciones. Hasta ahora estamos poniéndonos de acuerdo sobre el temario, por lo menos sabemos cuáles son los puntos de interés, que fueron coincidentes como la materia laboral, impuestos o las personerías jurídicas. Ahora escucharemos qué es lo que interesa a cada parte. En muchos puntos estaremos de acuerdo y en otros no; haremos concesiones hasta el límite de no hacer nada ilegal ni inconstitucional ni afectar la libertad de culto. En algún momento estaremos en condiciones de informar cuando empecemos a llegar a acuerdos. La duración de las negociaciones es imprevisible.
 

 
Temen que acuerdo sirva para mantener privilegios de la Iglesia Católica
Vinicio Chacón
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Si bien la negociación para establecer un concordato o acuerdo entre el Estado Costarricense y el Vaticano que regule las relaciones entre ambos recién comienza, ya esa iniciativa ha generado reacciones encontradas y preocupaciones.
Desde el “Movimiento por un Estado Laico”, Gabriela Arguedas asume que lo que se busca es “la consolidación de los privilegios de los que goza la Iglesia Católica, pues una vez asegurados por la vía de un acuerdo internacional, no enfrentarían ningún problema con reformas posteriores a la Constitución que les pudieran perjudicar”.
Por su parte el Obispo de Tilarán, monseñor Vittorino Girardi, alegó que la necesidad de establecer “un convenio” radica en que la Iglesia y sus autoridades “puedan actuar con libertad, sin privilegios y dentro del marco jurídico” en sus actividades de “asistencia, formación, acompañamiento en privado y en público, de cuantos se declaran católicos”.
Girardi además recordó que cualquier acuerdo al que lleguen ambas partes, deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa.
¿HACIA UN ESTADO LAICO?
De acuerdo con información provista por la Cancillería costarricense, el equipo negociador nacional  bajo la jefatura del ministro Enrique Castillo, es integrado por Carlos Vargas Pizarro, asesor jurídico de la Cancillería; Xinia Montano, asesora legal del Ministro; Marco Vinicio Vargas, director adjunto de Culto y exviceministro de Relaciones Exteriores; y el abogado constitucionalista Carlos Arguedas.
En la acera del frente se presentan el nuncio apostólico Pierre Nguyen van Tot; el obispo de la Diócesis de Limón, José Rafael Quirós; el secretario de la Nunciatura Apostólica, Julien Kaboré; el canciller de la Curia Metropolitana, Mauricio Granados; el director de la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica (UCR), Luis Baudrit; y el presidente de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), Federico Malavassi.
Aunque Girardi no forma parte de la representación eclesiástica, aseguró que a la Iglesia le interesa “el reconocimiento jurídico de su existencia” y que de allí derivan temas como la libertad de culto, de asociaciones, de educación de sus fieles, de asistencia de los católicos en hospitales, cárceles, instituciones públicas y demás. El prelado enfatizó que “no se trata en absoluto de pretender alguna clase de privilegios”.
El Obispo de Tilarán cobró notoriedad cuando el pasado 14 de abril expresó a La Prensa Libre que la Iglesia ve con buenos ojos que se establezca el Estado laico -es decir, sin confesionalidad- a cambio de que se protejan ciertos principios de interés para la Iglesia.
“El problema no está en si la religión del Estado es o no la católica; lo que realmente importa es que se protejan valores importantes”, puntualizó Girardi en esa nota de prensa en la que fue identificado como “uno de los encargados en tratar este tema a nivel tanto nacional como Latinoamericano”.
Al respecto, Juan Carlos Valverde, docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Movimiento por un Estado Laico, luego de exponer reservas para referirse al tema -ante lo que calificó “secretismo” sobre el fondo de las negociaciones tanto de parte de la Cancillería como de la Iglesia-, dijo que “es evidente que los obispos han cambiado radicalmente de posición con respecto al Estado laico, pues cuando se presentó el proyecto su posición fue absolutamente contraria a la actual”.
Gabriela Arguedas coincidió en mencionar ese “secretismo” y agregó que “sospechamos una intención por provocar la confusión de que la firma del concordato es necesaria para establecer el Estado laico; la realidad es que Costa Rica como república soberana modifica su constitución cuando así lo quiera, no requiere permiso de ningún otro Estado o país”.
UNIVERSIDAD también consultó a Girardi si la prohibición de iniciativas como la fertilización in vitro (FIV) o las sociedades de convivencia entre personas del mismo sexo, son requisitos para que la Iglesia Católica firme un acuerdo, a lo que respondió que la libertad religiosa es un derecho humano y que este convenio se “alimenta de todo cuanto deriva” de ese derecho.
“Sin embargo, si una nación como Italia no respeta algunos de ellos, como es el caso de admitir la FIV, eso no implica la imposibilidad de un convenio”.