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La posibilidad de que a partir de julio de 2012 el Archivo Nacional (AN) cierre su atención al público es calificado por Óscar Aguilar Bulgarelli, historiador y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), como una situación grave que ameritaría una intervención.
Aguilar expresó a UNIVERSIDAD que la trascendencia histórica, sociológica, antropológica y política del AN es indiscutible y su posible cierre es impensable.
La falta de ¢250 millones en el presupuesto mantiene en riesgo la operación normal del Archivo; de no conseguirse los recursos, llevaría a un cierre a mitad de año. El AN depende de los recursos propios que pueda gestionar y de los que recibe del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).
En opinión de Aguilar, la administración del AN de su directora Virginia Chacón Arias y de la Junta Administrativa, máximo órgano, es deficiente.
“El AN ha padecido una serie de dificultades de organización y de presupuesto en los últimos años. Hay un problema de concepción de lo que debe de ser un archivo nacional. Esto amerita un debate académico, público o una intervención, para que se ventilen sus principales problemas; Necesita una revisión a fondo”, afirmó.
De acuerdo con el historiador, exdiputado y exdirector del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), el hecho de que esté en duda la continuidad del AN simboliza la pobre visión en materia de cultura y de historia que tiene el actual gobierno de Laura Chinchilla; al cual le falta “seso” para discernir la importancia que para una Nación.
Dicha importancia en ningún momento debería ponerse en entredicho, dado que en él se conservan documentos de una enorme valía, tanto de la colonia como de la etapa de la conquista, así como los protocolos notariales de la Nación.
Para Aguilar, la desaparición del AN demuestra una falta de visión y conllevaría desarticular el sistema que conforma con la Curia Eclesiástica y el Archivo Judicial. Esto tendría serias implicaciones para los investigadores en el campo de la historia y de la cultura en general, advirtió.
Según Aguilar, al margen de la crisis por la que atraviesa el AN, hay medidas que no están acorde con las necesidades de los investigadores, que entorpecen su labor.
“Hay documentos que solo pueden consultar quienes tienen un interés directo; resulta que se refiere a un descendiente que vivió hace 300 años, esto es absurdo. A veces cuesta escanear o fotocopiar documentos de interés. Yo, por ejemplo, fui a regalar parte de mi archivo personal y tuve que lidiar con ciertas incomodidades”.
DESINFORMADO
En relación con estas declaraciones, la directora del AN, Virginia Chacón, considera que dichas aseveraciones obedecen al desconocimiento que tiene su interlocutor sobre el tema.
Chacón resaltó que el AN tiene que atender con escasos recursos tres áreas: el archivo histórico, el notarial y el intermedio; esto conlleva enormes esfuerzos, a los cuales la institución ha sabido responder muy bien.
“En cuanto a lo tecnológico, realizamos inversiones significativas, en especial con la cooperación española, para mantener los documentos en las condiciones adecuadas. Hemos invertido en equipos muy valiosos. A mi parecer, Aguilar está desinformado”.
Sobre la posibilidad de que se realicen consultas en línea, precisó que tienen previsto que a partir de julio se pueden efectuar importantes avances en esta área, cuando se suban documentos relacionados con las tres áreas mencionadas.
Aclaró que la consulta de ciertos documentos de carácter privado no se puede hacer por una determinación de la Procuraduría de la República que el AN tiene que acatar.
“Hay documentos —por ejemplo, los del Hospital Psiquiátrico o el Sanatario Durán— que no se pueden consultar por los investigadores y el público en general, porque así lo dispuso la Procuraduría y porque Costa Rica no tiene una ley clara en ese sentido. En muchos casos, es un absurdo que no se puedan consultar, pero no es una disposición del AN”, dijo.
El AN espera que la Asamblea Legislativa, tras gestiones del MCJ, gire el dinero que faltaría para cumplir el año laboral.
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