Mientras que el cantón de Pococí proclamó su primera moratoria para detener el avance del cultivo de la piña, Guácimo amplió la suya para proteger el recurso hídrico, mediante acciones que fueron  decididas de manera unánime por los respectivos concejos municipales.
En el caso de Guácimo, su Concejo Municipal ratificó el pasado 27 de abril la moratoria que desde hace cuatro años emitió sobre el cultivo de piña, con el factor adicional de que se estableció que todo el recurso hídrico de la zona se destinará al consumo humano. En esta oportunidad, el alcance de la moratoria es de dos años.
Por su lado, en Pococí los regidores aprobaron el pasado 12 de marzo -por primera vez- su propia moratoria sobre la actividad.
Ambas declaraciones implican que en esos cantones no se permitirá ningún tipo de obras tendientes al establecimiento de nuevos cultivos de piña.
Erlinda Quesada, regidora del Concejo Municipal de Guácimo, recordó los “severos” impactos ambientales de la actividad, pues “prácticamente todos los ríos del cantón han sido afectados por la contaminación de agroquímicos y la sedimentación, y también se perjudica a las diversas especies que habitan en los ríos”.
Detalló que en ese Concejo “nadie se opone a la moratoria, pues hay coincidencia sobre la magnitud del problema”. Agregó que las empresas dedicadas a esta actividad no pagan ningún tipo de impuestos, pero sí dejan “problemas serios” de daños a infraestructura como caminos y puentes, ya que “los camiones son muy grandes y además hacen mucho ruido”.
El agricultor Guido Sánchez -síndico del distrito de Jiménez de Pococí y uno de los dirigentes impulsores de la iniciativa de moratoria acordada por el Concejo- criticó que la actividad piñera “no genera un cinco de impuestos, pero sí deja los conocidos daños ambientales y a la salud de las personas, por el uso de plaguicidas o insumos altamente residuales”.
Tras comentar que se debería incentivar el cultivo de este producto -pero en manos de pequeños productores-, Sánchez afirmó que la piña “es más dañina que el banano y da menos del 50% de empleo; la mano de obra de nuestras comunidades no ha sentido ningún beneficio y eso se ve en todas las áreas donde se ha sembrado piña.  Por todo ello nos oponemos a la expansión piñera; no se trata de politiquería”.
“ESTADO DE EXCEPCIÓN”
Desde enero y febrero del año pasado, UNIVERSIDAD informó sobre los intentos por proclamar la moratoria al cultivo de la piña en Pococí, la cual se logró hasta abril pasado y ya fue publicada en el diario oficial La Gaceta.
La adopción por parte de diferentes municipios de iniciativas que restringen la actividad, se vio impulsada luego del dramático caso de comunidades como Milano y El Cairo de Siquirres, donde la contaminación de los mantos acuíferos con los agroquímicos de la agroindustria de la piña ha provocado que desde el 2007 se les reparta agua a sus habitantes en camiones cisterna.
En la región, el programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria -de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica-  ha llevado a cabo un intenso trabajo de divulgación de diversos estudios realizados en esta Universidad, sobre los impactos de la actividad.
Mauricio Álvarez, quien forma parte de ese programa, explicó que en el sector al norte sobre la ruta vial 32 hacia Limón, encontraron “una dinámica casi que de estado de excepción, en relación con  las empresas piñeras”.
Detalló el caso del asentamiento Las Floritas, en Anita Grande de Jiménez de Pococí, donde se sembraron alrededor de 80 hectáreas de piña “sin permisos y talando bosque de la ribera de un río, incluso con denuncias del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y una orden de cierre de la Municipalidad; pero, aun así, hicieron lo que quisieron, rompieron los sellos y utilizan químicos sin ningún permiso”, según confirmó el síndico Sánchez.
De hecho, en días pasados trascendió en diferentes medios que la Municipalidad de Pococí cerró las operaciones de la empresa PARSA.
Álvarez mencionó además que en la localidad de Villa Franca de Guácimo, el cultivo de piña “llega prácticamente a la ventana de las casas, rodea la comunidad, que casi toda trabaja para la piñera;  pero, la economía está muerta, no funcionan ni siquiera los bares ni las pulperías; la actividad no deja beneficios que puedan dinamizar la economía”.
Detalló que a raíz de esas situaciones, el programa de Kioscos Ambientales ha buscado difundir investigaciones de las universidades -como el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA); un ejemplo de esto se refiere a la empresa Tico Verde, donde según en un estudio -solicitado por la Sala Constitucional- se tomaron muestras de agua en la piñera y se halló contaminación por agroquímicos.
“NO VEMOS EL DESARROLLO”
Por otro lado, la regidora Quesada indicó que la afectación de la contaminación sobre las personas se manifiesta en problemas de la piel, respiratorios o molestias estomacales, que se cree se relacionan al uso de agroquímicos.
“Lo más grave se ha dado en los últimos dos años, en los que no sólo se ha dado la contaminación de las fuentes de agua, sino que los cultivos se acercan a los centros de población”, añadió.
En ese sentido, expresó que la actividad de la empresa Piñas del Caribe, ubicada en Villa Franca, “ha rodeado la población totalmente; el cultivo llega a 10 o 15 metros de la Iglesia, la plaza e incluso del pozo de agua; a algunos vecinos se las siembran casi pegando a la ventana de las viviendas, lo cual desborda los límites de contaminación soportables para las familias”.
Quesada coincidió en reprochar que las ganancias económicas de las empresas no llegan a la población. En la comunidad de Villa Franca incluso ha cerrado comercio y “la gente está sorprendida de lo que pasa; llega poco dinero a las familias, la gente cada vez se siente más enferma y cansada”, lamentó.
“A nivel cantonal no vemos el desarrollo; hemos sido un cantón de vocación agrícola toda la vida;  primero se cultivó el banano, pero es de los cantones más pobres del país; el presupuesto municipal es muy bajo y el comercio no se ha extendido”, puntualizó.
Quesada también dijo que la dirigencia local se ha planteado el objetivo de iniciar un trabajo con las municipalidades de otros cantones afectados por esta actividad, como Pococí, Siquirres e incluso Guatuso y Los Chiles en la zona norte, con el fin de plantear una posible declaratoria de la expansión piñera, como un problema nacional.
 

 
“Las de Pilatos”
El síndico Guido Sánchez explicó que el distrito de Jiménez estuvo un tanto aislado de la producción piñera, a pesar de colindar con el distrito Roxana -donde sí se ha sembrado más piña- y al otro lado con el cantón de Guácimo.
Sin embargo, esa actividad ha afectado a quienes tienen cabezas de ganado, por el problema de la mosca de la piña. A ello sumó los problemas de comunidades de Siquirres, por contaminación de mantos acuíferos. “A esas comunidades les tienen que llevar el agua en camiones y yo no quiero eso para mis vecinos ni mis nietos”, expresó.
El problema tocó a su puerta cuando “de un momento a otro nos damos cuenta de que en una finca de 80 hectáreas -en Jiménez-, la empresa PARSA cultivaba piña; presenté una denuncia ante el Concejo Municipal y busqué ayuda de los regidores para que apoyaran una iniciativa de moratoria”, recordó.
De igual manera, se planteó el tema ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), al jerarca del MINAET y “a cuanta institución tiene que ver con el tema, y al final de cuentas todas las instituciones hicieron las de Pilatos, a excepción de la Municipalidad de Pococí ”.
Sobre el tema, UNIVERSIDAD buscó la posición del MAG, en cuya oficina de prensa remitieron el tema al Servicio Fitosanitario del Estado. En esa institución se manifestaron muy contrariados porque el tema no les corresponde, pues se encarga de asuntos como plagas y demás.