Desde hace al menos tres décadas los diagnósticos sobre el continuo deterioro de la educación pública secundaria y primaria en Costa Rica han venido en sucesión. El último a nivel nacional es el III Informe del Estado de la Educación publicado hace un año. Este informe, sin menospreciar algunos logros importantes, hace un balance general que refleja aspectos críticos: exclusión en secundaria; fracaso en primer grado; déficit en infraestructura; sobreoferta en la formación de docentes, por citar algunos. Y hace unos cinco meses nos ha llegado la confirmación internacional del Programa Internacional de Desempeño Estudiantil, PISA (por sus siglas en inglés) indicando que nuestro estudiantado se ubica por debajo de la media mundial en lectoescritura, matemática y ciencias.
La queja generalizada por parte del profesorado de la Universidad de Costa Rica UCR reconfirma lo anterior, al señalar las deficiencias en lectura, cálculo y expresión oral y escrita del estudiantado de primer ingreso. Sabemos de muchas acciones remediales que se toman con los que nos llegan, pero parece que llegó la hora de una actitud más proactiva con la educación pública de los niveles precedentes.
La UCR, desde su creación, estableció en su Estatuto Orgánico un  compromiso con la educación costarricense, ratificado mediante sus políticas institucionales (2010-2014), al indicar la necesaria articulación con el Sistema Educativo y su fortalecimiento. Y en el contexto actual, es necesario asumir que la UCR también tiene una gran responsabilidad por el estado de la educación pública del país. En algunos casos nuestra responsabilidad es por omisión; en otros por falta de impacto y pertinencia de las numerosas acciones que realizamos buscando el beneficio de la educación costarricense.  Sobre todo porque, constitucionalmente, somos la única de las universidades públicas que tiene representación ante el Consejo Superior de Educación CSE.
Es por eso que el pasado jueves 26 de abril propusimos al Consejo Universitario cuatro acciones interrelacionadas. La primera es declarar el estado de la educación del país, de interés institucional. Esta declaratoria implicaría poner en la mesa de la reflexión y en la ruta de la acción, a representantes de todas las áreas de la universidad abordando el tema de la educación costarricense desde muy diversas perspectivas y saberes, siendo la pedagógica una más, no la única.
La segunda, relacionada con la anterior, se refiere a invitar a todas las unidades académicas y de investigación a someter propuestas  de docencia, investigación y acción social, que apoyen la innovación del sistema educativo del país; es decir se trata de determinar líneas de pertinencia y de impacto para el desarrollo educativo, superando la premisa de que la cantidad de acciones por sí misma impacta.
La tercera propuesta es la de definir, de acuerdo con una política clara, el rol y funciones de las personas representantes de la UCR ante el CSE. Durante las varias décadas en que esta representación ha tenido lugar, ese rol y funciones no se han establecido, por lo menos no de manera explícita. No dudamos de que la  representación de la UCR ante el CSE ha sido adecuada, pero debe responder a una política clara y transparente para la comunidad universitaria.
Por eso nuestra cuarta propuesta es el establecer esa política de largo plazo para la participación de la UCR ante el CSE, aprovechando la oportunidad para incidir de manera definida y proyectiva en las decisiones de dicho Consejo.
La educación pública del país es de interés para todas las áreas y saberes de la Universidad de Costa Rica. En vista del estado actual de la educación nacional,  corresponde ahora explicitarlo con una declaratoria y poner las mentes y las manos institucionales a la obra.