Tributación Directa presentó la denuncia desde el 2004, y es casi 8 años después que se imputa a dos personas por este caso.
La empresa periodística La Nación S.A planteó un recurso de apelación ante un Tribunal de alzada la semana anterior, luego de que un Juzgado Penal de Hacienda rechazara la solicitud de prescripción de la causa por defraudación fiscal que se lleva en su contra.
El pasado 7 de mayo, el Juzgado Penal de Hacienda convocó a una audiencia para conocer la gestión presentada por el representante legal de La Nación, Carlos Tiffer, quien solicitó una “prescripción de la acción penal” de la causa 04-00008-0618-PE.
El fiscal adjunto de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, Warner Molina, explicó que el Juzgado Penal de Hacienda rechazó la gestión de prescripción por considerarla prematura.
Molina aseguró que de ser ciertos e imputables los hechos denunciados por Tributación Directa, estos serían tipificados como “defraudación fiscal”, lo cual, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios denomina «inducción a error a la administración tributaria».
El Fiscal indicó que en este momento se valora la vinculación “procesal” de otras personas en condición de imputados, pero indicó que de momento estos detalles no se pueden revelar.
A La Nación S.A se le indaga por el presunto delito de defraudación fiscal por la venta y alquiler de unas rotativas (máquinas de impresión), a una empresa en Belice por un monto de $2.000.000 en el año 2001, que luego fueron adquiridas por el entonces Banco Interfin por un precio de $5.000.000 y vueltas a alquilar a La Nación.
La Dirección de Tributación Directa planteó desde el año 2004, una denuncia por supuestas anomalías en la compra y venta de estas rotativas, ya que se consideró sospechoso el incremento de precio de una venta a otra, así como el hecho de que La Nación S.A vendiera las rotativas a un precio menor al registrado en sus libros contables en ese momento.
En la denuncia se detalla que la forma en que se llevó a cabo la venta de las rotativas,  llevan a presumir “la existencia de un plan debidamente preconcebido, para inducir a error a la Administración Tributaria”, por medio de una “simulación” de venta de las rotativas, con la que se reducía la cantidad de impuestos que la empresa debía pagar.
Ante esto, la Administración Tributaria reclama un total de ¢1.918 millones a la empresa por concepto de impuestos, intereses, multas y daño social, derivados de este hecho.
Los movimientos de venta y alquiler de las rotativas habrían representado para la empresa “descuentos” fiscales, pues con la venta sacó un activo de su patrimonio, mientras que los arrendamientos se incluyen ahora como “gastos” en la declaración de impuestos.
MOVIMIENTOS CUESTIONADOS
Los hechos por los cuales hoy se investiga a la empresa La Nación S.A  se remontan al año 2001, cuando esta empresa decide vender sus rotativas a la empresa Capital Leasing Corporation (CLC) domiciliada en Belice, y que era representada por Jorge Javier León Longhi.
La venta, efectuada el 28 de septiembre del 2001, se dio por $2.000.000, monto menor al valor de las rotativas registrado en los libros contables de La Nación S.A.
Según se explica en un “hecho relevante” publicado por el propio Manuel F. Jiménez en el año 2005, la venta se realizó con el fin de fortalecer la situación financiera de la Corporación de Noticias de Guatemala, que editaba los periódicos guatemaltecos Siglo XXI y Al Día.
La Nación S.A era dueña en ese momento del 43.64% de las acciones de la Corporación de Noticias, por medio de su subsidiaria Desarrollos Los Olivos S.A, domiciliada en Panamá.
“En setiembre del 2001, La Nación S.A., con el fin de fortalecer la situación financiera de Corporación de Noticias y de recuperar el pasivo que esta mantenía con Desarrollos Los Olivos, le vendió unas rotativas a la empresa LCC, con la cual existe una vinculación comercial conforme a la costumbre y legislación mercantil”, explicó Jiménez.
La información detalla que el capital accionario suscrito de LCC pertenecía a Carlos González Jiménez, primo del presidente de La Nación S.A y abogado de la empresa; quien además fue posteriormente viceministro de Hacienda en el inicio de la administración de Abel Pacheco (2002-2006).
González Jiménez dejó el cargo como viceministro de Ingresos en el 2003, luego de que renunció el ministro de Hacienda, Jorge Walter Bolaños, quien también había sido directivo de La Nación S.A antes de ostentar ese cargo, y hoy es el representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Con el fin de resguardar los intereses de los accionistas de La Nación S.A., las acciones de LCC se endosaron posteriormente a favor de Corporación de Noticias de Guatemala”, detalló Jiménez.
Tras la venta, LCC arrendó las mismas rotativas a La Nación S.A por un monto de $97.091 mensuales, contrato que luego se rompió en noviembre de 2001, cuando LCC vende la maquinaria a Arrendadora Interfin por $5.000.000.
“LCC abonó toda la utilidad de la venta ($3 millones) a la cuenta con Desarrollos Los Olivos generada por la adquisición de los documentos por cobrar mencionados. Así, Desarrollos Los Olivos obtuvo $3 millones en efectivo a cambio de unos documentos por cobrar a Corporación de Noticias de Guatemala”, señaló Jiménez.
El gerente general de la Corporación Interfin era el hoy segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman, quien además había sido fundador de este grupo de empresas, que posteriormente fueron adquiridas por Scotiabank.
Al momento de esta venta, Liberman también figuraba como parte de la junta directiva de Prensa Económica S.A, empresa del Grupo Nación que edita el semanario El Financiero.
Interfin también tuvo participación indirecta en la venta de La Nación S.A a LCC, pues la transacción se realizó por medio del Transamerica Bank and Trust Company Ltd., siendo esta una sucursal “offshore”, según la información publicada por Diario Extra en 2005 al respecto.
Sobre su participación en este caso, Liberman dijo al Diario Extra que no recuerda lo sucedido en el 2001, y aseguró que en ese momento la Arrendadora Interfin tenía otro gerente, que presentó la propuesta de compra a la junta directiva, de la cual él no formaba parte.
Tras adquirir las rotativas, Interfin vuelve a arrendarlas a La Nación S.A, esta vez por un monto de $80.884 mensuales.
De acuerdo con la explicación de Jiménez al sistema financiero en el 2005, la diferencia entre la primera y la segunda transacción se debió a la necesidad de que LCC contara con el dinero necesario para comprar las cuentas por cobrar que tenían en dificultades a la Corporación de Noticias de Guatemala.
En junio del 2002, LCC intercambió los documentos comprados por acciones preferentes y comunes de la Corporación de Noticias.
CONCILIACIÓN RECHAZADA
Según indicó a UNIVERSIDAD el fiscal Wagner Molina, en este caso figuran como imputados el presidente de La Nación S.A, Manuel Francisco Jiménez; y el abogado Jorge Javier León Longhi, a quienes se citó para que rindieran su declaración la semana anterior.
El Fiscal detalló que el día 9 de mayo, Jiménez se presentó a rendir su declaración; a León solo se le tomaron “datos previos”, pues su defensor solicitó 8 días para estudiar la causa.
Tanto Jiménez como León, junto a Carlos González Jiménez y el abogado Luis Javier Uribe, presentaron en octubre de 2010 una propuesta de conciliación y reparación del daño, que se remitió al procurador penal de este caso, Juan José Soto.
En la propuesta elaborada por el abogado de La Nación, Carlos Tiffer, se recuerda que el perjuicio económico para Hacienda se había calculado en ¢459 millones, correspondiente al “Impuesto sobre las utilidades” del periodo 2002.
La empresa da cuenta en la nota, de un pago realizado el 21 de febrero del 2005 por ¢904 millones, lo que señalan, pertenece a los impuestos correspondientes a la venta de las rotativas.
Ante esto, La Nación propuso entonces que se tuvieran por cancelados los impuestos correspondientes a la venta de las rotativas del 2001, así como los intereses y multas generadas por las transacciones cuestionadas, tras el pago del 2005.
“Respecto al daño social, estamos en la disposición de cancelarlo en los márgenes establecidos en la Audiencia Preliminar antes citada, entre el 20% y 30%, considerando como base los impuestos dejados de percibir que señala la denuncia penal, sea ¢459.583.487,69 colones”, dice la nota.
Sin embargo, esta propuesta fue rechazada y se continuó con el proceso, hasta el punto en que ya la Fiscalía ha determinado a los dos primeros imputados.
UNIVERSIDAD consultó al abogado de La Nación, Carlos Tiffer, pero este alegó que por tratarse de un caso en proceso de investigación, prefería no referirse por el momento al tema.
 

Solicitud de información retrasó el caso de La Nación
Consultado por UNIVERSIDAD sobre las razones del atraso en la causa por defraudación en contra de La Nación S.A, el fiscal Adjunto de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, Warner Molina, explicó que diversas solicitudes de información en el extranjero y cambios en el curso de la investigación,  provocaron la demora.
Molina recordó que la denuncia fue recibida por la Fiscalía de Delitos Tributarios el 22 de octubre del 2004, y cuatro días después se solicitó a la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) una investigación financiera sobre «defraudación fiscal».
La investigación tendría como objetivo “establecer el modus operandi que pudo haber conducido a la comisión de los hechos denunciados, los posibles autores y partícipes de las supuestas maniobras contables y financieras perpetradas, verificar la existencia del perjuicio para el Estado y cuantificar el monto de dicho detrimento económico”, comentó Molina.
Durante el 2005, conforme avanzó la investigación, los fiscales solicitaron las  aclaraciones a la Administración Tributaria, y el 18 de marzo de ese año se gestionó el levantamiento del secreto de la información bancaria de la empresa, el cual fue concedido.
“La información fue recabada, pero no cumplió las expectativas de los fiscales y auditores del OIJ. A partir de ese momento, el principal obstáculo fue lograr la documentación relativa a las sociedades mercantiles domiciliadas en el extranjero, como Belice, Panamá y Guatemala, así como el detalle de los movimientos financieros realizados por entidades bancarias «off shore» y de Miami, dificultándose el acceso ágil y completo a la información que requerían los auditores forenses”, detalló el Fiscal.
En junio del 2005, los fiscales solicitaron al Juzgado Penal de Hacienda la emisión de un “exhorto” (solitud de cooperación internacional) a Miami, Guatemala, Isla Gran Caimán y Belice. Para octubre, el Juzgado aún no había logrado la traducción de estas cartas para su envío al extranjero.
Durante el 2006 los fiscales enviaron “recordatorios” a las autoridades diplomáticas para saber el estado de las solicitudes -sin lograr avances-, por lo que el 22 de diciembre de ese año se solicitó formalmente al director jurídico de la Cancillería que informara sobre estas diligencias.
Molina recordó que él fue fiscal adjunto y tuvo a su cargo la Fiscalía Tributaria hasta diciembre del 2006, pero luego fue trasladado a Cartago por orden del entonces fiscal general, Francisco Dall’Anese.
“Para noviembre de 2007 solo Estados Unidos y Guatemala habían dado respuesta. El 15 de diciembre de 2008 los fiscales remitieron otro recordatorio al director jurídico de la Cancillería costarricense, pidiendo respuestas de las cartas rogatorias a Gran Caimán y Belice”, afirmó Molina.
En el 2009 se producen cambios en la Fiscalía Tributaria y otros funcionarios asumen el caso.
“El 5 de febrero del 2010 se recibió en la Fiscalía Tributaria el informe de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del OIJ, en relación con esta investigación, la cual pese a las limitaciones por el no acceso a la información del exterior, establece algunas relaciones entre personas físicas y jurídicas aludidas en la denuncia”, apuntó.
Molina hizo ver que desde octubre del 2010, el abogado de La Nación inició una serie de gestiones para lograr el reconocimiento del presunto pago de los impuestos correspondientes para que el expediente se archivara, pero estos intentos no prosperaron.
Es hasta el 5 de marzo del 2012 que Molina regresa a la jefatura de Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios por disposición del actual fiscal general, Jorge Chavarría.
“De inmediato me aplico al estudio de este y otros casos importantes de defraudación, legitimación de capitales y delitos económicos, a los cuales por su trascendencia y tiempo transcurrido, debo determinar -en conjunto con los compañeros y compañeras fiscales a mi cargo- su futuro inmediato”, agregó Molina.