Los magistrados Ana Virginia Calzada y Luis Paulino Mora, durante una visita que hicieron a la mina en Las Crucitas. (Foto: archivo)
El pronunciamiento de la Sala Constitucional (IV) sobre una acción interpuesta por Industrias Infinito contra la sentencia en firme -dictaminada por la Sala Primera- y que ordenó la anulación de la concesión a la empresa extranjera, parece inminente.
La decisión sobre la suerte de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en noviembre por el abogado Juan Carlos Hernández, es cosa de poco tiempo, dijeron a UNIVERSIDAD fuentes judiciales.
La Sala IV tiene, por ahora, dos opciones en torno  a este tema: aceptar para estudio o rechazar la admisibilidad. De aceptarla, el proceso para decidir por el fondo si la acepta o no, podría demorar bastante tiempo.
 
Varios abogados del sector ambientalista que impulsaron los recursos legales contra la operación de la mina de Crucitas, entre los cuales están Bernal Gamboa, Edgardo Araya y Álvaro Sagot, consideraron que sólo la eventual admisión de la acción de Industrias Infinito provocaría un gran “caos” y un choque entre salas del Poder Judicial.
Pero, lo que más preocupa a los adversarios del proyecto minero es el cambio de posición, que según enfatizan, se manifiesta en observaciones que viene haciendo en sus votos de sentencias de la Sala Constitucional la presidenta del tribunal –Ana Virginia Calzada-, donde insiste en que las resoluciones de la instancia -aun cuando se declaren sin lugar- adquieren el estatus de “cosa juzgada”.
La inquietud de los abogados es mayor por cuanto las observaciones, según dijeron a UNIVERSIDAD, comenzaron a incluirse luego del  fallo de la Sala Primera, que dejó en firme -en noviembre- la sentencia emitida un año atrás por el Tribunal Contencioso Administrativo, que anuló la concesión a Industrias Infinito y obliga a esa compañía y al Estado costarricense, a reparar los daños ambientales ocurridos con el proyecto de minería a cielo abierto de Crucitas.
Este proceso de ejecución de sentencia arrancó el 30 de abril, con una audiencia a las que fueron convocadas las partes involucradas en el juicio (ver nota aparte “Procuradora Ambiental: El Estado no obstaculiza reparación”).
Los grupos y sus representantes ambientalistas consideran que la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la sentencia en el caso Crucitas no tiene ningún fundamento para su estudio en el tribunal constitucional, pues es un caso cerrado en las instancias correspondientes.
En el 2009, la Sala IV resolvió a favor de Industrias Infinito S.A. una acción interpuesta en su contra, al declarar que sus operaciones en el país no contravenían la Carta Magna costarricense.
No obstante, dejó el tema de la legalidad en manos de las instancias contenciosas, donde los grupos ambientalistas ganaron la batalla, luego de que la empresa fuera sindicada de haber incumplido requerimientos que exigía la legislación costarricense para la puesta en marcha de sus operaciones.
“Nosotros (los abogados ambientalistas) hemos presentado un recurso pidiendo a la Sala IV que declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad. Ese recurso no está haciendo fila, lo han  venido discutiendo y (hasta la semana pasada) los magistrados no llegaban a un acuerdo de qué hacer. Hay división de criterios”,  dijo el biólogo Jorge Lobo  a UNIVERSIDAD.
“Admitirlo y acogerlo sería un problema muy grave, porque prácticamente estaría anulando la sentencia contra Crucitas y eso provocaría un fuerte choque entre salas del Poder Judicial”, alertó.
Por su parte, el abogado Álvaro Sagot, uno de los luchadores contra la minería a cielo abierto, advirtió que la acción “no debe ser admitida, porque no hay un caso de plataforma o estudio, ya que la Sala Primera resolvió sobre el asunto”.
“Si no hay asunto pendiente, la Sala IV debió haberla rechazado de plano desde hace mucho tiempo”, insistió el abogado.
Por otro lado, Sagot consideró como “sumamente delicado” el argumento de “cosa juzgada” atribuido a Calzada, “porque a nivel internacional y para efectos de un eventual arbitraje (no descartado por Industrias Infinito), crea gran incertidumbre sobre el sistema de justicia costarricense, donde las salas ni siquiera se ponen de acuerdo”.
“Se dejaría la imagen de que la aplicación de justicia en Costa Rica es confusa” y si la acción es declarada con lugar “estallaría una revolución aquí”, comentó Sagot.
Posiciones similares expusieron a UNIVERSIDAD los abogados Edgardo Araya y Bernal Gamboa, quienes dijeron estar muy “extrañados” de las posiciones asumidas en los últimos años por la magistrada Calzada.
UNIVERSIDAD trató de conocer la opinión de la jurista, pero la oficina de prensa dijo que el caso aún sigue en trámite. Tampoco fue posible obtener una respuesta del abogado Juan Carlos Hernández.
“Está clarísimo que no caben acciones de inconstitucionalidad contra actos jurisdiccionales del Poder Judicial. Estaríamos entonces hablando de casi un golpe de Estado y de un verdadero adefesio jurídico si la acción es admitida y declarada con lugar”, expresó Araya.
Gamboa por su parte, dijo que si la acción es admitida por la Sala IV “se estaría violando el artículo 55 de la ley de la Jurisdicción Constitucional y el 75 y diez de la Constitución Política”.
“Eso sería muy grave, porque no habría seguridad jurídica en Costa Rica”, agregó  Gamboa, quien al igual que  Araya, no descartó la posibilidad de acusar de “prevaricato” a los magistrados que eventualmente voten por la admisibilidad.
Los abogados consultados se mostraron extrañados de las razones por las cuales la Procuraduría General de la República no presentó como prueba ante el Tribunal de Ejecución de Sentencia el informe elaborado por la Fundación Neotrópica, que calculó en $4.6 millones el valor de los daños ambientales provocados por los trabajos realizados en la mina de Crucitas.
 

Procuradora Ambiental: El Estado no obstaculiza reparación
La procuradora ambiental de la Procuraduría General de la República, Gloria Solano, dijo a UNIVERSIDAD que el Estado de Costa Rica quiere cumplir, a la mayor rapidez, con las responsabilidades y las reparaciones que estableció la sentencia de Crucitas en  contra de Industrias Infinito S.A.
A continuación, se ofrece un extracto de una entrevista realizada a Solano:
Ustedes solicitaron al  MINAET hacer un estudio sobre el impacto ambiental provocado por Industrias Infinito en Crucitas. Ya fue elaborado por la Fundación Neotrópica y aprobado por el MINAET. ¿Qué piensan hacer con ese estudio, no lo presentaron como parte de las pruebas ante el Tribunal de Ejecución de Sentencia?
-Tras quedar confirmada la sentencia del Tribunal Contencioso, empezamos a pedir información para cumplir lo antes posible con el proceso, porque no había razones para rechazar la reparación de los daños.
Empezamos desde diciembre a reunir información, y todas las gestiones. La sentencia del tribunal establece una serie de órdenes a cumplir por parte del Estado, algunas compartidas con el codemandado. Entonces nos dimos a la tarea de iniciar las gestiones y una de esas es el informe técnico que se solicitó.
¿Cuál era la necesidad de encargar ese estudio a MINAET?
-Nosotros como abogados teníamos la necesidad de saber qué había ocurrido, cómo había quedado la  zona. Por eso le pedimos al ministro René Castro que nos rindieran un informe técnico. El único requerimiento es que fueran funcionarios que no hubieran tenido participación en la tramitación del caso, que no existiera conflicto de intereses.
El ministro decidió contratar a una Fundación, la Neotrópica, esta elaboró el informe y nosotros recibimos una versión acabada del trabajo, unos días antes de la audiencia del 30 de abril.
Estábamos revisándolo; hay cosas que no entendíamos; había unas dudas y entonces queremos aclararlas, que nos expliquen algunas cosas técnicas, pues somos abogados y no expertos en temas ambientales. Se presentará en su momento.