Las informaciones que están saliendo a flote en relación con la presunta defraudación de fondos de la llamada trocha fronteriza norte, ayudan a entender la destitución del Ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, y la salida pocos días antes de María Lorena López, viceministra encargada de infraestructura vial.
A muchos les pareció difícil de creer la razón que se dio en la Casa Presidencial sobre el motivo de la destitución de Jiménez. La explicación fue que el ministro había denunciado ante el Ministerio Público a dos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad  (CONAVI) por recibir presuntamente dádivas de  empresas contratistas de la carretera. Se dijo que se le destituía por responsabilidad política, pero a muchos la medida les recordó la práctica medieval de cortarle la cabeza al mensajero que traía malas noticias.
Diputados de oposición plantearon la necesidad de investigar los hechos para encontrar a los responsables, tras recordar que desde meses atrás se venían haciendo denuncias y las autoridades del Gobierno las conocían y no actuaron.
 
Entre las denuncias se mencionaba que la ruta se construía sin planificación ni control, sin diseños ni planos de la ruta y de puentes, sin estudios de impacto ambiental, y que se estaban rellenando humedales y nacientes.
También que se pagaba el trabajo por horas de maquinaria que estaba parada, que las vagonetas viajaban con la mitad de la carga de su capacidad, y se iban a guardar a decenas de kilómetros para aumentar la cuenta de horas trabajadas, y se estaban haciendo arreglos a caminos de fincas privadas, entre otras anomalías.
El diputado Walter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), envió el 24 de enero una lista de preguntas relacionadas con irregularidades denunciadas, y que el director ejecutivo del CONAVI, Carlos Acosta, se negó a contestar aduciendo que el decreto de emergencia que ordenó la construcción declaraba la información como “confidencial”, por lo que no se podía dar a la luz pública.
Céspedes presentó entonces el 21 de febrero un recurso de amparo que la Sala Constitucional acogió, y ordenó al CONAVI entregar la información, la cual al cierre de esta edición aún no había sido suministrada.
Según han relatado operarios de la obra, Acosta solía visitar la obra, junto con Manuel Serrano, el ingeniero a cargo del proyecto, y Franco Ramírez, quienes supuestamente eran los que se encargaban de hacer los pagos a los contratistas.
Estos dos últimos eran hasta el lunes pasado, los únicos dos funcionarios del CONAVI suspendidos para investigación por las presuntas irregularidades.
Acosta fue suspendido el lunes14 como jefe de la unidad ejecutora de los proyectos de obra vial financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Había sido traslado a ese puesto pocos días antes de la destitución de Jiménez.
La suspensión la anunció la presidenta Laura Chinchilla durante los actos inauguración de los trabajos de ampliación de la sección Cañas-Liberia, de la carretera Interamericana Norte, donde se contempla una inversión de alrededor de $150 millones, como parte del primer crédito de $300 millones concedidos por el BID en el marco del convenio de financiación por $850 millones.
El nuevo director ejecutivo de CONAVI, José Luis Salas, declaró a la prensa que solo dos funcionarios se encargaron de pagar las facturas a las constructoras de la trocha y presumía que Acosta era el último en firmar los desembolsos.
Una alta fuente involucrada en el quehacer del MOPT, comentó que si Acosta autorizó los pagos es porque tenía el “visto bueno de arriba”.
La exviceministra López declaró al diario La Nación que nunca tuvo relación directa con la trocha, y que la junta directiva del CONAVI no estaba enterada de cómo se manejaban los trabajos del proyecto. Ahí la unidad ejecutora respondía a una comisión de alto nivel, que era la que realizaba las obras y decía  cómo se invertían los recursos, aseguró.
Dijo que en marzo hubo una reunión donde se quejaron de la situación y se puso por escrito.
Ahora se sabe -por fuentes del MOPT que estuvieron al tanto de la situación-, que cuando a la viceministra la alertaron de que se hablaba de irregularidades y que le podría recaer responsabilidad, convocó a reunión en junta directiva del CONAVI, llamó al auditor, y allí propuso parar las obras, lo que efectivamente se acordó, a sabiendas de que les “podía costar la cabeza”, según se comentó en ese momento.
Cuando se anunció en marzo la suspensión de la obra, se dijo que era porque se habían agotado los ¢10.000 millones presupuestados, y que se necesitaban ¢15.000 millones más para reanudar las obras.
Ahora se dan diferentes cifras respecto a los fondos gastados. El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, afirmó que se habían gastado ¢19.500 millones, de los que ¢17.000 millones fueron fondos propios del MOPT y CONAVI, que fue designada como la unidad ejecutora del proyecto, y el resto fue aportado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), a partir de abril.
Otras fuentes hablan de gastos por el orden de ¢29.000 millones, y que cerca del 50% habrían sido percibidos por 10 de las cerca de 35 empresas encargadas de los trabajos en la calle fronteriza y rutas de acceso. Por otra parte,  un grupo de estas empresas se quejaron de que aún les deben ¢16.000 millones.
Un funcionario del MOPT aseguró que el problema es que se habían presupuestado ¢10.000 millones, pero gastaron más del doble y por el desorden con que eso se manejó no se sabe realmente a cuánto llegan los gastos.
Para el diputado Luis Fishman, queda mucho por investigar y que no es simplemente  porque se fue el Ministro del MOPT que la indagación se acaba.
En su opinión, se necesita conocer cuánto se ha gastado en la frontera norte, porque no es solo la trocha. El Decreto de Emergencia, No. 36.440, habla también de la posibilidad de gastar ¢3.242 millones en equipo de infraestructura, suministros y servicios para la Policía de Fronteras por parte del Ministerio de Seguridad Pública.
Se habla de ¢1.300 millones de parte del ICE para unas torres. Al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones se le autorizaron gastos por ¢5.641 millones  para equipo, mobiliario de oficinas, bodegas, vehículos y equipos de comunicación.  Todo suma ¢11.000 millones, lo que aunado a los fondos para la trocha, estaría llegando al orden de ¢42.000 millones, puntualizó Fishman.
COMISIÓN
Al cierre de esta edición no había sido posible conocer quiénes integran la mencionada comisión de alto nivel, encargada de dirigir el proyecto de la trocha. A María Lorena López cuando le preguntaron en la mencionada entrevista quiénes integraban dicho grupo, expresó que había que preguntarles a Jiménez y a Acosta.
Lo que sí se supo es que directivos del CONAVI visitaron el proyecto en compañía de Carlos Espinach, un influyente empresario al que se considera como un importante consejero de la presidenta Chinchilla, y no se sabe en qué condición lo hizo, pues se desconoce que ocupe cargo público alguno.
Trascendió también que en la Casa Presidencial se ha instalado un grupo que trabaja supuestamente en una reestructuración del MOPT y en proyectos de infraestructura, en cuenta los que se financiarán con los créditos  del BID. Son consultores contratados por el BID, con sueldos de hasta $12.500 al mes, con fondos no reembolsables aportados por la institución.
Según funcionarios del MOPT, de ese grupo que funciona en la Presidencia se giran instrucciones al Ministerio y de ahí se solicitó la destitución de Jiménez y López.
Uno de los integrantes del equipo es el ingeniero Federico Baltodano, quien era el representante de la Unión de Cámaras de la Empresa Privada en la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), junta que autorizó el cobro de peajes en la vía a Caldera, sin estar concluidas las obras.
Baltodano también fue el fiscalizador del polémico contrato con la empresa Alterra en la administración del Aeropuerto Juan Santamaría, donde hubo reiteradas denuncias públicas sobre negligencias de las autoridades públicas para hacer cumplir a la empresa importantes obligaciones del contrato.
Con Baltodano trabaja la ingeniera Hadda Muñoz, quien era la gerente de la concesión vial San José-Caldera, y unas de las personas investigadas penalmente por la Fiscalía,  en relación con la puesta en servicio anticipada de esa carretera. Muñoz también fungió simultáneamente como gerente de la  concesión San José-Ramón, entregada a las mismas empresas que integran Autopistas del Sol, y que luego de cinco años no se ha iniciado y se encuentra suspendida.
A pesar de que no se ha puesto ni una piedra en el proyecto, se pagaron más de $2 millones a la empresa contratada para la fiscalización de las obras, CACISA, que era también la empresa fiscalizadora cuando se puso en servicio San José-Caldera. Desde febrero pasado esa empresa, cuyo presidente es José Manuel Sáenz -un exdirectivo del  CONAVI-, fiscaliza la trocha fronteriza, y desde antes tiene también la fiscalización de otros proyectos (ver gráfico).
Valga recordar que el ingeniero encargado de la trocha fronteriza ahora suspendido, Manuel Serrano, fue denunciado penalmente por la Defensoría de los Habitantes, en relación con la puesta en servicio anticipada de la carretera San José-Caldera.
Serrano integró la Comisión para la Autorización de Puesta en Servicio (CAPS), que inspeccionó y autorizó la operación de esa ruta, y cuyos integrantes fueron denunciados por la Defensoría en marzo del 2011.
A su vez, una comisión de expertos o notables nombrada por la presidenta Chinchilla para investigar el manejo de la concesión, concluyó también en marzo del 2011 que debían seguirse procedimientos disciplinarios a los miembros de la CAPS. Asimismo, que había que investigar el papel de la empresa CACISA. Aunque el Ministro Jiménez anunció entonces que se investigaría a los funcionarios, nunca  más se volvió a mencionar.
Por su parte, la comisión legislativa que investigó las concesiones del Estado costarricense, también denunció el año pasado a la gerente del proyecto y los miembros de la CAPS -entre otros- ante el Ministerio Público, que tiene bajo investigación a los funcionarios por los mismos hechos.
CORTINA
El exdiputado Mario Quirós, abogado que sigue de cerca las contrataciones de obra pública, consideró que la destitución del ministro Jiménez y el decreto que ahora anuncia la Presidenta para asegurar la ética de los funcionarios que contratan obra, son cortinas para tapar a los responsables de la manera desastrosa como se ha manejado lo de la trocha.
Los responsables están en la Casa Presidencial, que supieron oportunamente de las irregularidades, y de las declaraciones de la viceministra que planteó el asunto en la directiva del CONAVI en marzo. Eso se conoció en la Casa Presidencial, de donde fueron a visitar la zona pero volvieron diciendo no estaba pasando nada, dijo Quirós.
La Casa Presidencial le hace un “cortocircuito” al CONAVI, y crea una comisión ad hoc de la cual todavía no han sido capaces de decir quiénes la integran y son los que manejan la emergencia que declararon. Ahora tienen que asumir la responsabilidad política y penal que ellos tienen por el pésimo manejo de este asunto, afirmó.
Recordó que al declarar emergencia para hacer la obra, se suspenden todos los procedimientos de contratación y los controles, de modo que quedan a discrecionalidad de los funcionarios. Entonces viene una improvisación tras otra, no hay controles, ni planos ni diseños de la ruta, ni de puentes, alcantarillas y desagües. Aunque se aduzca  que no había que cumplir requisitos, porque se trata de una emergencia, ¿dónde están las buenas prácticas de ingeniería que se deben seguir en cualquier caso?, cuestionó Quirós.
Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, dijo que ante el Colegio no hay ingenieros inscritos como encargados de la trocha, ni se han presentado planos.
Explicó que cuando se trata de declaratoria de emergencia, esos requisitos se pueden presentar después del inicio de las obras, pero, de todos  modos el Colegio está estudiando el decreto para ver cuáles son los alcances.
Manrique Oviedo, diputado del Partido Acción Ciudadana y representante por la zona norte del país, recordó que desde octubre pasado -a los 22 días de haber arrancado la construcción de la carretera- él presentó las primeras denuncias,  que los mismos vecinos comentaban.
Entre otras numerosas denuncias, mencionó que tienen enterrada madera de los árboles cortados en la apertura de la trocha. También que las vagonetas viajaban hasta 80 km con la mitad de la carga que podían llevar, y la explicación era que los puentes no aguantaban, pero eso no es cierto, porque por ahí pasan camiones muy cargados.
Recordó que un vecino de la zona le ofreció entregarle copia de los cheques con que pagó por arreglos de caminos en su finca, y ahora sospecha que le hayan cobrado al  CONAVI por el mismo trabajo que él pagó.
Según el diputado, extraña la tardanza del Ministerio Público en allanar las oficinas del CONAVI para conseguir pruebas, “porque en estos temas hay verdaderos carteles mafiosos”, aseguró.