El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) enfrenta serias dificultades económicas que le impiden atender adecuadamente la orden de la Sala Constitucional (IV), de hacer públicas sus audiencias.
Así lo afirmó a UNIVERSIDAD el presidente del TAA, José Lino Chaves, luego de que la Sala Constitucional declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot, contra el reglamento de procedimientos de este tribunal.
Chaves denunció que el TAA viene sufriendo de grandes recortes presupuestarios en los últimos años, que no solo impiden la realización adecuada de las audiencias públicas, sino que ha afectado seriamente la eficiencia en el funcionamiento de esta entidad.
La acción planteada por Sagot ante la Sala Constitucional fue declarada con lugar el pasado 9 de mayo, al impugnarse el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 31136-M-MINAET, que establecía como “privadas” las audiencias del TAA.
“La norma se impugna en cuanto impide la participación de cualquier persona interesada en la defensa del ambiente, en las audiencias que se llevan a cabo ante el tribunal ambiental administrativo, pese a que  el artículo 50 de la Constitución Política establece la legitimación que posee toda persona para denunciar los actos que violenten dicho derecho y reclamar la reparación del daño causado”, indicó la Sala IV.
Sagot se mostró satisfecho por la resolución, pues afirma que no hay motivo para que estos procesos ambientales no sean de acceso para todos los ciudadanos.
“Fue una acción presentada hace dos años con dos estudiantes del curso de derecho ambiental, porque las audiencias eran privadas y nos parecía que debían ser de acceso público, punto en el que la Sala nos dio la razón”, comentó Sagot.
A su parecer, ahora se debe adaptar la sala de audiencias del Tribunal Ambiental, o buscar un lugar apropiado que permita la asistencia de público a los procesos, pues reconoce que el lugar actual es muy pequeño.
NO TENEMOS PRESUPUESTO
José Lino Chaves consideró acertada la decisión de la Sala Constitucional de declarar públicas las audiencias del TAA, y explicó que antes se habían establecido como privadas porque así se disponía en la Ley General de Administración Pública.
Recordó que en su momento se intentó que las audiencias fueran públicas, mediante un proyecto de ley que no prosperó, y por eso reiteró que le alegra lo resuelto por el tribunal constitucional.
“Yo quisiera ir más allá y que los expedientes aún en etapa de investigación sean públicos, pues hay un principio en derecho ambiental y en materia ambiental: que el ambiente nos atañe a todos. Esto conlleva a que haya una protección mayor”, expresó Chaves.
Sin embargo, el principal obstáculo que enfrenta hoy el Tribunal Ambiental es la falta de un espacio adecuado para recibir a más personas en las audiencias, y la carencia de recursos para buscar otro lugar más adecuado.
“Podríamos ajustar algunos espacios dentro de este edificio, pero esto implica traslado interno, implica una o dos personas más para seguridad y al Tribunal en el presupuesto de este año le cercenaron los recursos de seguridad; no tiene un solo cinco para pagar”, lamentó Chaves.
El actual edificio del TAA es una casa que se alquiló de emergencia, luego de que las oficinas anteriores fueron declaradas “inhabitables” por el ministerio de Salud Pública, por lo que no tiene la infraestructura apropiada para recibir a más personas.
Inclusive, el funcionario reconoció que al tratar de habilitar otro espacio en una planta baja con que cuenta el actual edificio, sería prácticamente imposible darle todas las condiciones para cumplir con la Ley 7600 y así facilitar el acceso a personas con discapacidad.
“De momento el Tribunal va a acatar lo que dice el voto de la Sala; las audiencias esta semana han sido públicas, pero por dicha solo un par de personas han venido a verlas”, manifestó.
En su opinión, el problema será evidente cuando se produzcan audiencias para casos de gran interés público, como lo son las demandas que lleva el Tribunal Ambiental contra la empresa Autopistas del Sol, por los daños ocasionados con la construcción de la carretera a Caldera.
Los funcionarios del TAA ya informaron de su precaria situación al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), entidad de la que dependen administrativamente, y aún están a la espera de una solución a este problema.
Chaves expuso que inclusive se ha valorado la posibilidad de que el TAA realice transmisiones de sus audiencias por medio de Internet, aunque una vez más la falta de presupuesto impediría que un proyecto como este se concrete.
¢100 MILLONES EN RECORTES
Además de las limitaciones en el espacio físico del Tribunal Ambiental, Chaves denunció que la entidad viene sufriendo grandes recortes presupuestarios en los últimos años.
Solo en el último presupuesto, el TAA vio reducidos sus recursos en ¢113 millones, mientras que en la suma de dos años atrás, los recortes se pueden estimar en más de ¢300 millones.
“Hay que hacer muchos “malabares” para terminar con las inspecciones a final de año, que no nos falte la gasolina, que no falten los viáticos para los abogados e ingenieros del Tribunal que rutinariamente salen a levantar actas”, afirmó.
La falta de recursos ha detenido importantes proyectos de este órgano ambiental, como la digitalización de sus expedientes. El año anterior lograron que se les compraran dos nuevos vehículos, pero el recorte en el presupuesto se llevó el dinero para las pólizas de seguro y mantenimiento.
“Teníamos dos carros viejos, y cada vez que se iban de gira, la gente del Tribunal se tenía que devolver en bus. Ahora nos dieron estos otros, pero sin plata para mantenerlos y sin seguros. También se tuvo que recortar la partida de “capacitaciones”, para que no nos falte plata para gasolina”, detalló Chaves.
El presidente del TAA recordó que hace varios años, un estudio indicó que esta entidad necesitaba de al menos 7 abogados más de los que tiene actualmente; eso en momentos en que el tribunal contaba con una afluencia mucho menor de denuncias.
“Hoy cada uno de los 6 abogados que tenemos tiene un promedio de 500 expedientes, y por eso estamos solicitando al menos los que indicaba ese estudio. Nos hace falta un economista ambiental, un hidrogeólogo y un topógrafo para completar la unidad técnica, pero eso no lo estamos pidiendo”.
De acuerdo con Chaves, la situación se ha complicado tras la directriz gubernamental  que ordenó congelar plazas en las instituciones públicas, y el TAA ha estado solicitando que se liberen tres puestos desde hace varios años, sin éxito.
“Ya no somos eficientes para tramitar una medida cautelar por daño ambiental; nos viene una denuncia y tenemos cinco o seis cosas urgentes que hacer. Antes durábamos menos de una semana para tener una medida cautelar, pero ya no tenemos esa agilidad, y ahí el que pierde es el ambiente”, puntualizó.
“También nos critican algunas cámaras empresariales porque el Tribunal no es eficiente para levantar las medidas cautelares, porque la empresa dice que ya cumplió y necesita trabajar porque pierde dinero. Pero, igualmente no somos ágiles en eso, y cuando nos piden levantar una medida, hay otras 15 o 10 peticiones que responder antes”, agregó.
Hizo ver que ya se le ha comentado esta situación al ministro de Ambiente, René Castro, y están a la espera de ayuda; lamentó que el TAA ya no cumple con el precepto de “justicia pronta y cumplida”.
UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del ministro de Ambiente, pero al cierre de esta edición no fue posible ubicarlo.