La Fiscalía General abrió un expediente a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ileana Balmaceda;  al anterior presidente ejecutivo, Eduardo Doryan; y a los anteriores gerentes, Manuel Ugarte (Financiero), Miguel Pacheco (Pensiones) y Dinorah Garro (Pensiones), denunciados por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
La denuncia (expediente 11-00157-0621-PE) fue presentada el 30 de marzo pasado por la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN), que amplió una primera denuncia enviada en setiembre pasado. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
La SUPEN acusó a los jerarcas de la Caja por no entregar a tiempo los estados financieros auditados de la institución, requeridos por la SUPEN, y por la entrega de estos con  omisiones de información relevante, lo que podría hacer que dichos informes no sean fiables para los actuarios y el público en general, señaló.
 
Por el mismo motivo, la entidad supervisora denunció a dos socios del Despacho Carvajal y Asociados, firma de contadores contratados como auditores externos de la CCSS.
La SUPEN denunció a los auditores ante el Colegio de Contadores Públicos, por faltas al código de ética profesional.
Consultada la opinión de uno de los contadores involucrados, Gerardo Montero, declinó referirse al tema. El auditor respondió la consulta por correo electrónico y alegó que apegados al principio de confidencialidad de la información, y para respetar y no inducir al error al lector, dado que el asunto se encuentra en una etapa preliminar, en este momento no pueden atender la solicitud.
La SUPEN amplió denuncias contra los jerarcas de la Caja en relación con 19 actas del comité de inversiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que fueron entregadas sin firmar, lo que podría configurar el delito de falsedad ideológica. Se trata de actas numeradas de la 120 a la 139, correspondientes al 2010 y 2011.
Asimismo, les atribuyó oposición a incorporar información relevante dentro del    Informe de Inversiones de IVM, correspondiente al cuarto trimestre del 2010, que hubiese permitido reflejar con mayor propiedad la verdadera situación de las inversiones de IVM.
La SUPEN pidió a las autoridades de la Caja hacer una investigación administrativa y establecer la responsabilidad de los hechos, por entender que hay debilidad del control interno que incrementa el riesgo operacional del IVM (el mayor fondo de pensiones que existe en el país y que pertenece a los asegurados y pensionados).
La Superintendencia denunció además a la Caja ante la Contraloría General de la República (CGR), por un posible conflicto de intereses, debido a un subsidio que estaría dando la administración del régimen de IVM al Seguro de Salud y Enfermedad (SEM), mediante el alquiler de instalaciones a precios simbólicos, según informó semanas atrás Edgar Robles, superintendente de Pensiones.
El faltante de las mencionadas actas que se entregaron sin estar debidamente firmadas, corresponden al período en que Dinorah Garro –recientemente nombrada Gerente de Logística- fungió como Gerente Interventora de Pensiones, mientras el Gerente Miguel Pacheco se hallaba suspendido por investigaciones administrativas que se le realizaban.
Durante ese periodo, en el comité de inversiones Garro tuvo enfrentamientos con dos miembros de dicho grupo, en torno a la decisión de autorizar la compra con fondos de  IVM al Seguro de Salud, bonos con los que el Gobierno le había pagado deudas a atrasadas a la CCSS. Esto, por cuanto argumentaban que no existían los debidos estudios técnicos que justificaran la inversión, y había conflicto de interés, porque el fin principal que se buscaba era dotar de liquidez al SEM –que atravesaba una crisis financiera-,  con perjuicio al rendimiento de IVM.
Ante la comisión legislativa que investiga la crisis financiera de la Caja, dichos exmiembros del comité de inversiones denunciaron que Garro había asumido la Gerencia de Pensiones sin tener conocimientos financieros y bursátiles para ese cargo,  en razón de que es ingeniera.
También cuestionaron que paralelamente se autonombró Directora Financiero-Administrativa de la Gerencia de Pensiones, ejerciendo en  forma impropia la profesión, y con lo cual participó con doble voto en los Comités de Inversiones y de Créditos del Seguro de IVM.
FALTAS
La denuncia de la SUPEN presentada a la Fiscalía está contenida en un legajo de más de 500 folios, incluidos documentos de prueba, donde se argumenta que la CCSS no cumplió con la entrega de los estados financieros auditados a diciembre del 2009 y diciembre del 2010, en las fechas dispuestas por la SUPEN según atribución otorgada por la Ley de régimen privado de pensiones complementarias. De acuerdo con esa normativa, la documentación debió haber sido entregada el 26 de febrero del 2010 y el 26 de febrero del 2011, respectivamente.
La entrega de los estados financieros correspondiente a diciembre del 2009, se realizó con casi nueve meses de atraso, tras reiteradas prevenciones de la SUPEN, y los auditados a diciembre del 2010 tampoco fueron entregados a tiempo, con lo que se configura eventualmente el delito de incumplimiento de deberes, señala la acusación.
Menciona que tampoco se cumplió con el plazo normado por las directrices de la CGR,  para contar con los estados financieros auditados a más tardar tres meses después del cierre de los estados.
Además, “la administración de IVM incorpora en dichos estados información que no es fiable, por lo que podría inducir a error a los usuarios de dichos informes financieros, entre ellos a los técnicos actuariales que evalúan la sostenibilidad del régimen y a la población en general”.
Entre las omisiones de información señala, por ejemplo, que no se realiza ninguna revelación respecto a la incertidumbre sobre la razonabilidad de los saldos de las cuentas por cobrar por cuotas obreras y patronales. Ese rubro alcanza los ¢71.495 millones y ¢104.289 millones a diciembre 2009 y 2010, respetivamente (cifras de saldos netos después de la estimación por incobrables).
Con esas omisiones se configuran eventualmente los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica, por parte de Manuel Ugarte y Miguel Pacheco, en su momento gerentes Financiero y de Pensiones, así como por parte de Ileana Balmaceda y Eduardo Doryan, indica la SUPEN, aunque la acusación presentada a la Fiscalía solo incluye el incumplimiento de deberes.
La SUPEN advierte una falta de correspondencia entre el contenido de los estados financieros auditados que fueron declarados por la administración, y las cartas de gerencia (con que los gerentes certifican la información incluida), dado que contienen relevaciones que deberían presentarse técnicamente de otra forma. De modo que “los eventos económicos se manifiestan de una forma menos conservadora, con lo que se transmite a los usuarios una realidad que sobreestima la utilidad neta del periodo,  y presuntamente lesiona el principio de fiabilidad”, apunta el análisis de la SUPEN.
Respecto a los auditores externos, dice que estos -con pleno conocimiento de estas situaciones- omitieron “calificar” su opinión sobre los estados financieros del  IVM a diciembre del 2009, en torno a los aspectos señalados en el informe.
Con las citadas omisiones del  Despacho Carvajal y Colegiados, se publica información de IVM que presuntamente no es fiable, debido a que no reproduce la realidad, y eventualmente la actuación de los socios del  Despacho va en contra del código de ética del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
Con ello, se podría inducir a error a los usuarios de dichos estados financieros, por lo que presuntamente se configura el delito de falsedad ideológica, se modifica la realidad al amparo del tecnicismo de la “materialidad” y la información financiera está distorsionada eventualmente, ya que la administración toma una posición más optimista, dado que se sobreestima la utilidad neta del periodo y el contador público independiente emite una “opinión limpia” (sin salvedad), critica la SUPEN.