Mientras la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) acaparan la atención pública desmintiéndose acerca de quién hizo qué con la plata destinada a la trocha fronteriza paralela al río San Juan, ha quedado entre bambalinas la autoridad  política superior que ha manejado el proyecto desde la Casa Presidencial.
Sin embargo, el manejo del proyecto y las decisiones han estado en manos de una comisión de alto nivel que se ha reunido en la Casa Presidencial. Se trata de una comisión interinstitucional integrada por los Ministerios de Relaciones Exteriores; Seguridad Pública; Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; y Obras Púbicas y Transportes (MOPT); y en la cual participan también el Instituto Costarricense de Electricidad y la CNE.
Las reuniones las ha presidido ocasionalmente el Vicepresidente Luis Liberman o la propia Presidenta Laura Chinchilla, según fuentes allegadas a la sede gubernamental.
A esas reuniones asistían los ingenieros Manuel Serrano y Franco Ramírez directamente encargados de las obras y contrataciones del proyecto, y el director ejecutivo del CONAVI, Carlos Acosta. De momento, estos han sido los únicos funcionarios suspendidos para investigación, al señalarlos como presuntos responsables de irregularidades con las contrataciones y pagos de las obras de la trocha y caminos de acceso, mientras que por las decisiones tomadas  “arriba” no se ha señalado a nadie.
Según Francisco Chacón, Ministro de Comunicación,  a la comisión asisten los viceministros de las carteras mencionadas para coordinar el papel que le corresponde a cada una de las instituciones en el proyecto. Como este es un proyecto que implica una serie de decisiones de diferentes órganos, la comisión está conformada entonces por los viceministros, aseguró.
El Ministro negó que la comisión decida los gastos y sumas invertir, pues eso –dijo- corresponde a  cada institución o ente encargado de eso.
Respecto de si a las reuniones acudían los ingenieros del  CONAVI que ahora están suspendidos y bajo investigación por supuestos manejos indebidos, Chacón respondió que él no estuvo en las  reuniones,  pero  no sería de extrañar que asistieran representantes del CONAVI porque ellos son el ente ejecutor, y  necesariamente eran parte de la toma de decisiones en lo que a ellos les correspondía.
A la pregunta de si hay actas de las reuniones,  dijo no saber si las hay, pero no necesariamente debía haberlas, puesto que en este caso no se trata del órgano formal establecido, sino que es un mecanismo de coordinación de las funciones que le corresponde a cada de las instituciones de acuerdo con su competencia legal.
Consultada la exviceministra de infraestructura (MOPT), María Lorena López, dijo que ella no tuvo ninguna participación en la comisión interinstitucional. Ahí se llamó a la figura del Ministro, como ministro, y éste al director ejecutivo del CONAVI, institución encargada de la ejecución.
Comentó que era  una tema de seguridad nacional que se manejaba muy confidencialmente, y ella desconoce el detalle de quienes conformaron la comisión,  pero sí estaban todos los que tenían alguna injerencia en la parte de seguridad y todas las acciones que se debían llevar a cabo frente a la situación con la isla Calero.
Ricardo Benavides, Ministro de la Presidencia, negó que él presidiera la comisión y que esta se ocupara la trocha fronteriza, aspecto en que coincidió también el vicecanciller Carlos Roverssi, quien representa a Relaciones Exteriores en esa instancia. Según ambos funcionarios la instancia funcionó para dar respuesta al conflicto de isla Calero y a los requerimientos por el juicio en el tribunal de La Haya. La trocha es un asunto que vino después y lo manejó CONAVI, puntualizó Roverssi.
Distintas fuentes coinciden en que la vía fronteriza ha sido considerado como materia de seguridad nacional, y fue concebido inicialmente como una propuesta del Ministerio de Seguridad Pública para conectar los puestos de policía en localidades al borde de la frontera con Nicaragua, cuya única vía de comunicación terrestre era la navegación por el río San Juan, perteneciente a Nicaragua.
De ahí que el  proyecto ha sido manejado como algo más que la trocha, la cual surge como un subproducto de lo que se ha presentado como la obra estrella del gobierno de Laura Chinchilla.
Entre los participantes en las reuniones de la comisión se cita a Carlos Espinach, influyente empresario que forma parte del círculo de asesores de Chinchilla que no aparecen a la luz pública, y a los que la mandataria ha venido consultando importantes decisiones. Entre ellas, las relacionadas con la baja del ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y la destitución del ministro del MOPT, Francisco Jiménez, con el objetivo de desviar la atención de los escándalos de corrupción que presionaban al Gobierno y parar el que se venía en relación con la trocha (ver UNIVERSIDAD del 16 de mayo pasado).
Oficialmente el CONAVI figura como la unidad ejecutora del proyecto fronterizo, tras un acuerdo con la CNE, que proveyó fondos para las obras con base en el decreto de emergencia emitido por el Poder Ejecutivo el 21 de febrero del 2011, para hacer frente a lo que se asumió como una violación de la soberanía nacional por la invasión de tropas nicaragüenses a la fronteriza isla Calero, junto a la desembocadura del río San Juan.
Entre el CONAVI,  cuya junta directiva está integrada por ministros y otros altos jerarcas del Gobierno, lo mismo que la CNE (ver recuadros “Junta directiva…”) ha surgido un enfrentamiento por el uso de los fondos del proyecto.
En un comunicado, el CONAVI desmintió a Vanessa Rosales, presidenta de la CNE, quien afirmó que el CONAVI había gastado sin permiso ¢2.500 millones de dichos fondos, por lo que se le exigirían rigurosas explicaciones. En otra declaración aparte, sostuvo que esos recursos se habían utilizado para pagar cuentas atrasadas, a pesar de que la autorización era para hacer obra nueva.
La presidenta de la CNE quiso también descargar en la Contraloría General de República (CGR) responsabilidad  por la fiscalización sobre el uso de los recursos, dando a entender que le correspondería al ente contralor tras aprobar el presupuesto para las obras que debía ejecutar el CONAVI.
Ante sus afirmaciones, la CGR se apresuró a enviarle el mismo día una nota aclaratoria recordándole las disposiciones de la Ley general de control en materia de manejo y control de los recursos asignados (ver recuadro “Recordatorio de la Contraloría”).
DESMENTIDO
Según el CONAVI, dicho Consejo presentó a la junta directiva de la CNE un plan de inversión por la suma de ¢9.998.680.436,00, para el pago parcial de obligaciones derivadas de la atención propia de la emergencia decretada por el Poder Ejecutivo en el decreto No. 36440-MP, del 21 de febrero del 2011, ante la violación de la soberanía por parte de Nicaragua, con la invasión a la isla Calero.
El plan fue aprobado mediante acuerdo No. 034-02-2012 de la junta directiva de la CNE, y con base en el convenio firmado entre ambas entidades, dichos fondos serían girados contra la reserva de ¢10.000 millones aprobada para el plan de inversión, en una cuenta que sería abierta para el efecto en la caja única del Estado, argumentó CONAVI en un campo pagado publicado el pasado domingo 20 de mayo.
No es cierto –añade-  que se tomaron ¢2.500 millones sin permiso de la CNE, pues el CONAVI contaba a su favor con los ¢9.998.680.436,00, los cuales fueron efectivamente aprobados, liberados y trasladados por la CNE, y con vista en la cláusula cuarta del citado acuerdo no se requerían aprobaciones adicionales para disponer de los recursos. El CONAVI rechaza en “forma categórica” las manifestaciones de la señora Rosales, en el entendido que en ningún momento ha dispuesto recursos que no le corresponden para la atención de la emergencia suscitada en el sector fronterizo norte del país.
La polémica surge tras las denuncias por corrupción en el CONAVI, las cuales causaron la caída del Ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, en lo que posteriormente derivaría en nuevo escándalo por supuestos despilfarros, costos ficticios y dádivas a funcionarios encargados de dirigir las obras.
En esta primera etapa del proyecto se habrían gastado cerca de ¢30.000 millones, más del triple del costo real de los trabajos realizados.
Tres funcionarios del CONAVI fueron suspendidos y el Ministerio Público realiza una investigación.
Entre ellos se incluye Carlos Acosta, que era director ejecutivo de CONAVI, y asistía a la comisión en representación del ministro Jiménez.
Para el diputado Walter Céspedes, está claro que en esta construcción ha habido despilfarro y desprotección de los bienes públicos. Lo que le está diciendo la CGR a la CNE es que no podía mediante un convenio trasladarle al CONAVI, como unidad ejecutora, competencias y responsabilidades de fiscalización que le asigna la ley para el cuido de los fondos.
Como ejemplo del mal manejo de los recursos y del proyecto, citó que la CNE ha cambiado tres veces el reglamento para las contrataciones de estas obras. En setiembre pasado emitió el primer reglamento, en noviembre lo modificó y en marzo pasado sacó el tercero  en sustitución de los otros dos, denominado “Reglamento específico para los procesos de compra y contratación al amparo de los mecanismos de excepción por declaratoria de emergencia bajo el decreto Nº 33440.”
A raíz de las denuncias por los malos manejos de proyecto, la directiva del CONAVI acordó en marzo pasado paralizar las obras, a propuesta de la entonces viceministra del MOPT María Lorena López. Luego se acordó reanudarlas y el ministro interino Luis Llach anunció que se movilizará maquinaria del MOPT para darles mantenimiento a los trabajos realizados y evitar que se deterioren con las lluvias.
La declaratoria de emergencia que dio pie a la construcción de la carretera, emitida el 21 de febrero del 2011, autoriza al Poder Ejecutivo, las instituciones públicas, entidades autónomas y semiautónomas, empresas del Estado, municipalidades, así como cualquier otro ente u órgano público a dar aportes, donaciones, transferencias y prestar la ayuda y colaboración necesaria a la CNE para estas obras.
CHIVO ESPIATORIO
En relación con las denuncias de malos manejos del proyecto y la destitución del ministro Jiménez, fuentes próximas a los aludidos relataron que el jueves por la noche, en la víspera de que se anunciara el despido del Ministro, hubo una cena en la que participaron la presidenta, los ministros Carlos Ricardo Benavides (Presidencia), Francisco Chacón, Francisco Antonio Pacheco (expresidente de la Asamblea Legislativa y del Partido Liberación Nacional), y un conocido editorialista y columnista, quien sembró la idea de un “chivo expiatorio” para desviar la atención del nuevo escándalo que se veía venir.
Allí se habría decidido la estocada a Jiménez, quien ya arrastraba fricciones por diversos conflictos en el Gobierno.
A Jiménez se le pidió la renuncia y él aceptó presentarla, pero antes de que lo hiciera la presidenta adelantó el anuncio de su destitución en Casa Presidencial.
“Es totalmente falso”, dijo Chacón cuando se le preguntó si así había ocurrido.
“La decisión la tomó la señora Presidenta el mismo viernes, después de revisar todos los antecedentes del caso”, aseguró.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recordatorio de la Contraloría
Allan Ugalde, Gerente de la División Evaluativa y Operativa, área de fiscalización de servicios de infraestructura, de la CGR, en nota dirigida el 16 de mayo a la presidenta de la CNE, Vanessa Rosales, le indica que con respecto a su declaración citada por el diario Extra de esa fecha, en la cual señaló que la CGR autorizó a usar la plata, y dijo que “¿diay,  qué vamos a decir, que la Contraloría no cumplió con su función fiscalizadora?”, era importante recordar que la Ley General de Control Interno contiene una serie de obligaciones para la administración activa, a saber:
Artículo 7º—Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente Ley.
Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.
Ugalde recordó, además, que para el caso particular fue al amparo de un convenio suscrito entre la CNE y el CONAVI, firmado el 28 de febrero del 2012, que se materializó la transferencia de recursos en administración de esta Comisión al CONAVI,  conservando la CNE la función específica de fiscalización de dicho convenio.
 

Junta directiva Comisión Nacional de Emergencias (CNE)
Está integrada por los ministros de la Presidencia, de Obras Públicas y Transportes, de Hacienda, de Seguridad Pública, de Salud, de Vivienda y Asentamientos Humanos, de Ambiente y Energía, los presidentes ejecutivos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) y un representante de la Cruz Roja.