En Costa Rica existen poco más de 50 000 mil hectáreas de piña, cercano al 1% del territorio nacional. Esa extensión es repartida en distintas zonas, iniciando en la Zona Sur, siguiendo con el Norte y el Caribe, además ya se expande parte de este monocultivo en Guanacaste. Esta cifra supera a productos que en el pasado fueron llamados “estrella”, como el banano y el café. Para tener una idea general, la expansión que el banano ganó en un siglo, la piña la logró en menos de 20 años, creciendo casi un 700% en esas dos décadas,  desde 1990 al 2010.
Precisamente, hace unos 50 años, desde que la Compañía Piñera del Sur asociada a la Compañía Bananera de Costa Rica  -CHIQUITA-  empezó a exportar piña, se inició una competencia internacional por colocarse en los mercados más apetecidos por los empresarios agrarios, como lo son el europeo y estadounidense. Costa Rica compitió a tal punto que actualmente merecemos el primer lugar en exportación piñera y también el primer lugar en importación de agroquímicos.
Pero, ¿a qué precio se cultiva piña en Costa Rica? No hablo de los ¢116 millones de millones en ganancias que genera esta fruta a las empresas, tampoco de la jalea que se compra en el súper o la piña colada del hotel costero; hablo de las comunidades en las cuales se instalan estos modelos prefabricados de producción.
Investigaciones de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica demuestran contaminación  en pozos artesanales, ríos, suelos, polvo en casas de habitación, animales (perezosos) y acueductos, entre otras; todas a causa de la producción piñera.
Algunos defienden que las piñeras traen empleo a las zonas, lo cual es cierto, pero ¿qué clase de empleo traen consigo y para quiénes? ¿Con cuáles garantías laborales y sociales se trabaja? La Defensoría de los Habitantes hace poco se pronunció denunciando y comprobando la explotación que se da en algunas plantaciones, más que todo en la Zona Norte y el Caribe, con salarios paupérrimos y más de ocho horas de trabajo al día.
A raíz de todos estos conflictos es que las comunidades se organizan, y para un ejemplo claro, se encuentran las comunidades de Guácimo y Pococí en el Caribe costarricense, que  ejerciendo presión y organización desde los barrios se lograron instaurar moratorias a la expansión piñera. Esta medida es un período de suspensión en el cual se frena cualquier actividad, incluso las de producción agrícola que puedan generar conflictos ambientales y daños a la salud, entre otras cosas. En el caso específico de Guácimo esta cubre hasta el 2014.
Entre tantas cosas interesantes, está la de los medios de comunicación, que en los últimos días han privilegiado a las Municipalidades de ambos cantones para mostrar esa noticia y vislumbrar así la declaratoria; pero los mismos medios han invisibilizado a las organizaciones comunales (algo ya natural entre la comunicación de masas) que tienen décadas de estar luchando y militando en contra de esta expansión descarnada. No se escuchan los nombres de los y las vecinas que iniciaron procesos de movilización social y acompañamientos sociales participativos desde sus barrios. Se muestra la cereza, pero no el pastel.
La cereza es la moratoria, lo que muchos aplauden y otros ven con odio, como es  el caso del Presidente de la Cámara de Productores y Exportadores de Piña, pero ¿cuál es el pastel? Tal vez la pregunta sea redundante, pero ¿sabía usted que si sumamos todas las hectáreas de piña sembradas en Costa Rica, esta concentración de tierra sería más grande que el Parque Nacional Braulio Carrillo? Este parque alberga poco más de 6000 especies de plantas y exuberantes animales, algunos endémicos de la zona; y por el contrario las 50 000 hectáreas del otro Parque Nacional solo albergan una planta, y es la piña.
Creo que el MINAET debería  declarar dentro de su portafolio de Parques Nacionales uno nuevo, Parque Nacional doña Piña. Y bueno…“después de todo – meditó el principito– si uno se descuida, las piñas pueden ser tan peligrosas como los baobabs.” Rose M. Menacho.