El control político en un país en donde poca gente elige mantenerse informada por medio de la prensa escrita y la agenda pública cotidiana parece estar interesada en otros temas que no son el gobierno: ¿Quién ejerce el control real de los políticos? ¿Quién tiene la potestad de sacudir el piso del Poder Ejecutivo y de los aspirantes a la presidencia del Poder Legislativo? ¿Por qué sacar a unos y no a otros?  ¿Qué hechos son castigados con el destierro político y cuáles no?
Recientemente tres hechos de muy diversa índole muestran el poder de veto que ejerce un medio de comunicación nacional. Primero, la renuncia del Ministro Herrero por su irregular forma de pago de los impuestos; la segunda, la tensión creada alrededor del Ministro Garnier por las relaciones entre la empresa PROCESOS (íntimamente vinculada al primer hecho) con el Ministerio de Educación; y el tercero, el retiro de la candidatura de Cubero para la presidencia del Directorio legislativo por su afición a la pelea de gallos.
Parece que en cuestión de relevancia los tres representan muy diferentes formas de agravio y que por el rol que sus responsables juegan, unas parecen moralmente más cuestionables que otras. Pero la noticia ha llegado en el momento indicado para ocasionar una reacción o consecuencia política que les veta o puede vetar para seguir adelante en sus aspiraciones o cargos políticos.
Las noticias publicadas en torno a estas figuras, por citar ejemplos recientes, y sus consecuencias son clave para establecer quiénes y cómo están determinando el curso de la gestión del gobierno. Ciertamente me refiero a la élite representada por los medios de comunicación privados y sus intereses que en gran medida están condicionando las acciones de los funcionarios cuya misión es administrar lo público.
En tanto los establecedores de la agenda pública sigan siendo una corporación privada, la democracia nacional seguirá siendo la fachada de una élite empresarial cuya expresión de poder cada día se fortalece más.