En Chile, el joven Daniel Zamudio fue asesinado por grupos neonazis debido a su orientación sexual. En Afganistán un grupo de militares norteamericanos orinaron sobre cadáveres de afganos y posaron con banderas Nazis de la SS (unidades de “protección y choque” del Partido Nacional Socialista Alemán). Hace poco comenzó el juicio al extremista de derecha Anders Behring Breivik en Noruega, quien se declaró inocente del asesinato de 77 jovencitos de las juventudes del socialdemócrata Partido Laborista de Noruega, alegando que los asesinó en defensa propia. Declaró que lo volvería a hacer y que lamentaba no haber liquidado más.
La posibilidad de una o varias organizaciones extremistas de derecha, neonazis o fascistas, ramificadas en las instituciones costarricenses, es algo que no debemos tomar a la ligera. No solo por la naturaleza de sus ideas, sino porque la condición de policías les confiere autoridad, entrenamiento militar y armamento.
Hace mucho la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) ha denunciado la militarización de la Fuerza Pública: policías entrenados para la guerra. El entrenamiento militar es una seria amenaza para la estabilidad nacional. Son claros los vínculos de nuestros gobernantes con el Ejército de Estados Unidos, los Carabineros de Chile, la Policía Militar Colombiana y otros cuerpos represivos, todos cuestionados por crímenes y violaciones a los Derechos Humanos.
El día lunes 16 de abril del 2012, en el blog “El infierno en Costa Rica” se reveló la existencia de lo que parece ser una organización de carácter neonazi en la Fuerza Pública costarricense. Si bien la denuncia tiene como protagonista a un policía, es bueno profundizar para, tal vez, detectar indicios de algo más grave y peligroso. La existencia de estos grupos en nuestro país no es novedosa, el principal antecedente es el “Movimiento Costa Rica Libre”, organización paramilitar de corte fascista fundada en 1961. ¿Qué se hizo?
Dos cosas destacan de la noticia: 1. que el entrenamiento de la policía es militar, con todas sus implicaciones, 2. la existencia de grupos radicales de extrema derecha que de manera silenciosa se han vinculado a la Fuerza Pública y probablemente a otros aparatos policiales de nuestro país. Hasta dónde se extienden sus ramificaciones es una incógnita. Por eso resulta inadmisible el tono con que se le ha dado cobertura a una situación tan delicada. Lejos de una condena decisiva el tratamiento ha sido blandengue y marcado por la chota nacional. No ha habido rigor ni voluntad investigativa, como si se hablase de “una creencia más” y no de seguidores del Nazismo y del Fascismo con uniformes, armas y entrenamiento militar. El tema principal en la cobertura de los medios debería ser la existencia de militares con tendencias extremistas, en un país que dice haber abolido el ejército hace ya más de 50 años.
Los formadores de opinión pública tienen una gran responsabilidad en ese sentido. Y por supuesto nuestros gobernantes, especialmente los jerarcas de la Fuerza Pública. Ciertamente Costa Rica necesita una policía profesional, pero civil. Un debate nacional sobre ello se impone. Así se podrían evitar situaciones como las de Chile o Noruega, o cobardes y despreciables como la de los marines estadounidenses.