El proyecto de investigación biomédica no cuenta con el apoyo de todas las fracciones. (Foto: archivo)
El proyecto de ley que regularía la investigación biomédica que se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa, y que es una de las iniciativas prioritarias para la fracción oficialista, es cuestionado por diversos sectores, los cuales se oponen a la aprobación del texto actual, por lo que podría enfrentarse a una larga discusión.
Dicho plan -número 17.777- permitiría realizar investigaciones médicas con la participación de seres humanos, las cuales fueron frenadas por la Sala Constitucional (IV), con el fin de que se estableciera una legislación que regulara a científicos y casas farmacéuticas.
No obstante que la bancada oficialista del Partido Liberación Nacional (PLN) lo tiene como uno de los proyectos esenciales en la agenda legislativa -con el apoyo del Movimiento Libertario-, otras fracciones no están tan seguras de apoyarlo.
Otros que tampoco lo respaldan son los miembros de la Asociación de Salud y Fármacos de Costa Rica, quienes emitieron un comunicado, en el cual cuestionan la transparencia del proyecto.
De acuerdo con la diputada María Eugenia Venegas, del Partido Acción Ciudadana, han venido trabajando dicho texto desde hace meses, y al salir de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, comenzó a recibir mociones para reformar y mejorar algunos artículos.
Luego de ser publicada la propuesta sustitutiva, se tuvo que volver a presentar mociones, que a juicio de la diputada Venegas son necesarias para que el proyecto garantice la protección de los derechos y la dignidad de las personas.
“Tenemos tres temas esenciales, en los cuales no nos hemos puesto de acuerdo. Hay una serie de problemas conceptuales en la redacción; también está la conformación del Consejo Nacional de Investigaciones (CONIS) y, a como está la iniciativa, podría servir para comercializarse”, advirtió la legisladora del PAC.
En cuanto a los problemas conceptuales, indicó Venegas, el proyecto actual habla de investigación médica; en otros artículos lo denomina únicamente como investigación y también como investigación médica, situación que evidentemente se puede prestar para interpretaciones o confusión.
Sobre la creación del CONIS, la iniciativa lo plantea como un ente conformado por políticos y representantes de gremios, lo que no da garantía de que las decisiones se tomen con criterios técnicos.
El órgano estaría conformado por siete miembros: los ministros de Salud, y Ciencia y Tecnología; representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social y de varios colegios profesionales, incluyendo a médicos y abogados. La Defensoría de los Habitantes tendría que nombrar a un delegado de la comunidad.
Estos miembros serían los encargados de aprobar proyectos de investigación, crear un registro y acreditar a los comités éticos-científicos y podrán cancelar cualquier experimento que incumpla la norma.
Por su parte, la diputada Rita Chaves, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), coincidió con Venegas, al plantear que la conformación del Consejo debe estar integrada por técnicos, personal de áreas técnicas y no ministros o políticos.
“Insistimos que debe existir un consentimiento informado más amplio, dar a la población que se someta a investigación la información necesaria, sobre todo a los sectores de no videntes y poblaciones indígenas, que son las más vulnerables”, argumentó Chaves.
La diputada insistió en que la información debe estar en braille y en su lengua nativa, pues de lo contrario podrían participar en una investigación sin tener claras las reglas del juego.
Aunque resaltó que la ley actual tiene cosas positivas, denunció que su matriz es predominante para el negocio de las farmacéuticas y no para el interés de los asegurados y de la salud pública. “Está direccionado a los intereses de las farmacéuticas y de la industria en general”, criticó.
Chaves anunció que de no resolver estos temas, la fracción del PASE no apoyará el proyecto.
Por otro lado, la legisladora Venegas explicó que se ha comenzado a trabajar en un texto sustitutivo para arreglar todas las deficiencias del actual proyecto de ley, e incluso ya hay negociaciones avanzadas con el Ministerio de Salud.
“Por nuestra parte hay voluntad de alcanzar una buena ley y hemos hecho todo lo posible, pero ahora estamos esperando que el Poder Ejecutivo -que ha estado de acuerdo con nuestros cuestionamientos- presente su propuesta para resolver la situación”, argumentó la legisladora del PAC.
Mientras tanto, Chaves expuso que el proyecto en estos momentos está en el Plenario, ya pasó la etapa de mociones y le quedan pendientes las mociones de reiteración, de las cuales hay unas 137 pendientes de discusión.
“Este proyecto está en un lugar privilegiado en el Congreso, pero consideramos que, o se llega a una negociación, o entraríamos a discutir todas estas mociones, lo que nos llevaría muchísimo tiempo y no queremos seguir este camino”, aseveró.
En contraste, la diputada Patricia Pérez, del Movimiento Libertario,  confirmó que las legisladoras de su partido que participaron de la Comisión de Sociales y el resto de la fracción acordaron apoyar el proyecto, tal cual está. “Es un tema de investigación sumamente importante para nuestro país; entiendo que hay inquietudes, pero nosotros valoramos el tema de investigación médica como una prioridad”, agregó.
ESPECIALISTAS OPUESTOS
Para la Asociación de Salud y Fármacos de Costa Rica, el proyecto no garantiza la protección de los participantes en experimentos, ni define con claridad los términos que utiliza. Consideran que presenta una redacción ambigua y confusa, por lo que da lugar a interpretaciones.
“Es imprescindible que la Ley establezca un ente regulador con independencia política, comercial e institucional, encargado de la aprobación, rechazo, autorización y supervisión de los experimentos clínicos. Además, dicho órgano tendrá las funciones de acreditar, autorizar y supervisar patrocinadores, organizaciones de investigación por contrato, comités ético-científicos e investigadores”, advirtió el documento.
Asimismo, exige que la ley sea estricta, clara y precisa, sobre los posibles beneficios, riesgos y efectos secundarios que tendría este nuevo método.
“Los costarricenses deben saber que en muchas experimentaciones clínicas han prevalecido los intereses de las grandes compañías farmacéuticas o de sus colaboradores, en perjuicio de los derechos de los participantes en los estudios”.
Ante esto, la Asociación llama a los diputados a proteger a los sectores más vulnerables del país y pide que lo devuelvan a comisión, con el fin de garantizar el respeto a la vida y a los derechos de quienes participan en investigaciones con seres humanos.
La Universidad de Costa Rica presentó una serie de recomendaciones, de las cuales 15 fueron convertidas en mociones, algunas de ellas fueron aprobadas y otras rechazadas.