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Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala Constitucional: A la Sala le delegan los problemas que debe resolver el Ejecutivo y el Legislativo

La magistrada se refirió a los temas polémicos, como el caso Crucitas, que salpican a la Sala Constitucional, a la necesidad de aplicar reformas, rechazó la existencia de influencias políticas y dijo que sin esta instancia el país podría ser atrapado por decisiones autoritarias. Sobre el caso Crucitas aseguró que los magistrados no logran acuerdo sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa Industrias Infinito. No obstante, dijo que desea que ese caso tenga un cierre, “para el lado que sea”, lo más pronto posible.

La magistrada se refirió a los temas polémicos, como el caso Crucitas, que salpican a la Sala Constitucional, a la necesidad de aplicar reformas, rechazó la existencia de influencias políticas y dijo que sin esta instancia el país podría ser atrapado por decisiones autoritarias. Sobre el caso Crucitas aseguró que los magistrados no logran acuerdo sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa Industrias Infinito. No obstante, dijo que desea que ese caso tenga un cierre, “para el lado que sea”, lo más pronto posible.
A continuación, un extracto de la entrevista:
La Sala se ha convertido en una especie de poder, o de sistema dentro del mismo sistema, querida por muchos, muy criticada por otros, es quizá una de las instituciones que genera más polémica. ¿Cómo hacen para actuar dentro de ese juego?
– Se ha querido poner a la Sala como si fuera un poder más dentro de los poderes del Estado. Sin  embargo, si usted se pone a revisar cada una de las consecuencias y de sus actuaciones, ninguna nos lleva a la conclusión de que funciona como un poder sino como un contralor.
Uno siente que hay un exceso (de protagonismo) de la Sala dentro de la dinámica del país. Hay quienes consideran que habría que limitar ese accionar y aplicar reformas. ¿Cómo ve usted esas inquietudes?
–  Hay que reconocer que después de 23 años de funcionamiento de la Sala Constitucional nos hemos percatado de que hay cosas que efectivamente hay que reformar. Sin embargo, ha pasado que algunas veces somos queridos y otras odiados. Y algunas veces somos queridos porque en el pasado nos odiaron y algunas veces somos odiados por los que nos querían. He venido insistiendo que nosotros deberíamos sacar el tema de la Ley de Jurisdicción Constitucional de un ambiente político y ponerlo en un ambiente académico. Entonces se pueden ver las falencias de la Sala y lo que efectivamente es bueno de manera más imparcial. Pero no se puede reformar la Sala si con esto restamos derechos a  los ciudadanos.
¿Hay sectores políticos que creen que el parlamento no debería estar sujeto a consultas a la Sala Cuarta en la tramitación de proyectos de ley. Otros opinan que debería dedicarse más a cuestiones de carácter constitucional?
– Efectivamente nosotros tenemos una legitimación muy abierta. Pero de una u otra manera, todos los tribunales constitucionales conocen amparos. Salta también un gran tema que tiene que ver con la judicialización de la política. Pero esto es un tema que tienen que definirlo los diputados,  si quieren o no consulta, si quieren agravarla o no. Debería haber una prohibición absoluta para que quien apruebe una ley no venga en consulta.
¿Fue lo que ocurrió con el plan fiscal?
–  Había hasta advertencias del presidente de la Asamblea Legislativa de que el procedimiento era equivocado. No se oyó al presidente y se aprobó.  El asunto viene aquí y tenemos que señalar que efectivamente se violentaba el procedimiento.
La Sala ha tenido que navegar en medio de cuestiones polémicas, el tema de la reelección, el tratado de libre comercio con Estados Unidos y el referendo, más reciente el caso de Crucitas. Hay algunos sectores que creen que hay cierta influencia política para inducir algunas decisiones de la Sala. ¿Qué dice usted?
– En lo personal me parece que es la utilización en términos políticos de la Sala. Por ejemplo, el TLC. Es un asunto que pienso nunca debió haber llegado a la Sala Constitucional. Sin embargo lo trajeron y la Sala tuvo que pronunciarse.
Esto está muy lejos de ser una cuestión de partidos políticos, quiero que quede bien claro.
¿Hay casos polémicos, como el tema de la fecundación in vitro,  la lucha por las uniones entre personas del mismo sexo, que obligan a los tribunales a dictar resoluciones que crean debate?
– Sobre este último  tema respeto profundamente la ideología de cada persona, y lo que cada persona quiera hacer con su vida, mientras no dañe a los demás. En el caso de las uniones homosexuales tuve que votar no en contra de ese respeto que les tengo a las personas sino decir que nosotros no podemos legislar, es un tema que le corresponde a la Asamblea Legislativa.
¿Cómo operan las Salas Constitucionales a nivel de Centroamérica en relación con la de Costa Rica?
–  En algunos países funcionan como aquí, como una sala de la Corte. En otros lados funcionan como tribunales independientes. La independencia no está donde físicamente uno esté ubicado, sino en la independencia de cada uno de sus integrantes. Hay muchísimos casos donde se ha dicho que hay alguna intromisión política y no es cierto.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
– El tema de la reelección para citar uno. Es un tema que ha sido muy polémico. Sin embargo, nosotros en esa sentencia señalamos que cuando se otorgan derechos a los ciudadanos no se les pueden quitar por medio de un procedimiento legislativo.
Eso quedó sentado en la sentencia.
¿Se argumentaba que había una gran influencia del entonces expresidente Óscar Arias sobre la Sala?
–  Eso se dice pero no es así. Nosotros vimos el peligro de que la Constitución se reformara no siguiendo uno de los procedimientos que tenían que hacerse.
Hay un tema pendiente, que es la acción de inconstitucionalidad presentada en el caso de Crucitas contra la sentencia de la Sala Primera. ¿En qué situación se encuentra esto?
– Ese asunto vengo presentándolo a la Sala desde el mes de diciembre, que ya tenía un planteamiento específico y no se ha podido resolver. No nos hemos puesto de acuerdo.
¿Es un asunto complicado para ustedes, es un tema nuevo para la Sala?
– Es un tema nuevo.
¿En el caso de Crucitas ustedes determinaron que no tenía impedimento para operar?
– Creo que en este asunto ha habido una mala información del tema. Si usted se pone a ver este caso, no es de hace cuatro años, es de hace muchos años. El tema viene de muy lejos, donde se da una concesión bajo ciertas circunstancias y el código de minería, que es viejísimo y me parece que hubo un atraso del Poder Legislativo de actualizar todo el asunto de la minería en este país, porque el código no sólo regula lo que tiene que ver con explotación a cielo abierto, tiene que ver con los quebradores, y una serie de cosas. Igual lesiona el ambiente un quebrador. Hay una serie de cosas que se han dejado y no se han actualizado. Me parece que deben analizarse técnicas. Yo no quiero defender Crucitas porque no es mi interés hacerlo. Pero de lo que yo vi en el expediente no es el tipo de minería que estamos acostumbrados a ver, era otro tipo de minería. Sin embargo, se  declaró con lugar un punto específico (presentación tardía de la modificación del permiso).
¿Qué va pasar si le dan el trámite de admisibilidad, se producirá un choque entre salas?
– Este punto no se lo puedo contestar, porque me llevaría a explicar una serie de temas que pueden coincidir con la solicitud que tenemos. Pero estamos estudiándola para ver jurídicamente y constitucionalmente qué es lo correcto.
Nosotros hemos conocido muchos asuntos en los cuales la sala tercera, la primera o la segunda tienen cierta jurisprudencia y normalmente la Sala conoce del asunto y dice si esta jurisprudencia aplicada es o no constitucional. En este tema, se lo puedo decir porque está en el escrito de presentación, lo que se viene pidiendo es la declaratoria de inconstitucionalidad de una jurisprudencia de la Sala Primera en la cual dice que los asuntos que la Sala Constitucional resuelve y declara sin lugar no produce cosa juzgada versus la norma de la ley de jurisdicción constitucional donde dice que la Sala Constitucional es la que se rige por su propia competencia. Ese es el tema que está en juego.
En algunas resoluciones de la Sala, creo que puestas por usted, se habla de la cosa juzgada. ¿Qué implica que eso aparezca de un momento a otro?
–  No es que yo lo estoy poniendo de un momento a otro. Es que primero que nada la Sala lo ha dicho en innumerables sentencias.  La Sala ha dicho en innumerables ocasiones que lo que resuelve tiene carácter vinculante.
¿Pero ahora no es lo mismo del 2009, está planteada la acción sobre lo que hace un tribunal, el tema es Crucitas pero no es lo mismo?
–          Sí, no es lo mismo.
¿Antes se planteó si Crucitas podía operar o no?
– Por ejemplo, hay una discusión que se da extra acción de constitucionalidad, no está planteada en la acción, pero se ha discutido en otros foros donde la gente del tribunal dice: Nosotros no tocamos ningún punto que la Sala hubiera resuelto. ¿Cuál es el problema de que yo ponga una nota diciendo que lo que conoce la Sala y conoce por el fondo produce cosa juzgada, si lo que el contencioso resolvió no tiene nada que ver con lo que la Sala resolvió?

  • Ernesto Ramírez 
  • País
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