Mientras oficiales del gobierno de Laura Chinchilla niegan que exista una comisión de alto nivel que haya manejado la construcción de la polémica trocha fronteriza desde la Casa Presidencial, de fuentes allegadas a esa sede trascendió el funcionamiento allí de un grupo cuyos integrantes sí han estado vinculados al proyecto.
“No existe un comisión de la trocha”, aseguró el vicecanciller Carlos Roverssi, quien explicó que lo que se conformó fue una instancia entre varios ministerios y otras instituciones públicas, para atender a los requerimientos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación con la invasión de isla Calero por parte de Nicaragua en el 2010.
La construcción de la trocha vino después y era un tema que se trataba en esa comisión, pero ahí no se decidía el cómo ni con quién construir, pues el encargado de ejecutar la obra es el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), cuyos ingenieros acudían a informar sobre el desarrollo del proyecto, afirmó (ver recuadro “No había comisión de Trocha fronteriza, pero sí del proyecto”).
 

Por su parte, el Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, negó también que haya funcionado una comisión de la trocha en Casa Presidencial, o que haya habido una instancia ahí que se ocupe del tema, al menos en lo que él ha participado, aclaró.
En lo que sí participó –dijo- fue en un grupo de personas que se reunieron durante varios meses para ver temas puntuales como la colocación de la vigilancia en la región de la isla Portillos y Calero, y el establecimiento de las estaciones de control del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), aseguró.
“En un momento determinado, el canciller se quejó de que no estaban instaladas las torres de vigilancia y Casa Presidencial se encargó de convocar a ese grupo para que revisara ese aspecto puntual durante varias semanas, hasta que tuvimos la seguridad de que las torres se colocaban y que las estaciones del MINAET se construían; punto. Pero aquí nunca se discutió respecto del diseño, ni la colocación y tal; por lo menos -para hacer la aclaración- por lo menos en ese grupo en el que yo le estoy hablando, que era un grupo muy grande, y que nos reuníamos aquí” (en la Presidencia), puntualizó Benavides.
Al respecto valga señalar que si bien oficialmente el CONAVI es el ente ejecutor de la trocha, en la que se habrían gastado más de ¢20.000 millones, sin que se sepa la cifra cierta, por fuentes allegadas a la Presidencia se supo que allí ha venido funcionando un grupo en el que figuran personas que han tenido participación en el proyecto.
Dicho grupo se integró presuntamente para manejar los grandes proyectos de infraestructura que se van a financiar con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para lo que esa entidad paga consultores con sueldos de hasta $12.000 mensuales.
Entre los participantes en el grupo se menciona a Carlos Espinach, influyente empresario que aconseja a la presidenta; Adrián Chinchilla, excalde de Escazú y hermano de la mandataria, y Federico Baltodano, ingeniero que era el representante de la Unión de Cámaras de la Empresa Privada ante el Consejo Nacional de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El grupo funciona como una especie de MOPT a la sombra, y  “cuando puede” incluso da instrucciones al ministro del ramo, según las fuentes.
IRREGULARIDADES
Mientras tanto, no dejan de aparecer nuevas denuncias de irregularidades en relación con la construcción de la trocha.
Por ejemplo, Roberto Mora, bloguero que fiscaliza ad  honórem la morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), denunció la semana pasada que de 38 empresas contratadas para las obras de la trocha, nueve estaban morosas por concepto de cuotas obrero patronales y dos ni siquiera estaban inscritas, según los registros al 23 de mayo último, lo cual viola la normativa que prohíbe a la administración pública contratar con empresas que no estén al día con la CCSS.
Por su parte, Claudio Monge, diputado que fue uno de los primeros en denunciar los daños ambientales por el dragado que hacía el gobierno de Nicaragua en el río San Juan, luego por las obras en la trocha fronteriza en Costa Rica, aseguró que han sido peores los daños causados por la trocha en la zona de protección de dicho río.
La trocha ha destruido humedales, afectado ríos, se talaron 50 hectáreas de bosques, daños que han sido mayores que los causados por Edén Pastora con el dragado del río y el canal en la isla Portillos, afirmó el diputado del Partido Acción Ciudadana.
Dijo que de esta manera se cayó el argumento de Costa Rica ante la Corte de La Haya, en el litigio con Nicaragua, y que era la defensa de los humedales afectados y que están bajo la protección de la Convención Internacional RAMSAR que los declara de interés mundial.
Señaló que según la ley costarricense para construir en las riberas de un río hay que dejar un retiro de 15 metros del espejo de agua, si es terreno plano, y 50 metros si es pendiente. Pero resulta que a simple vista se ve que no se respetaron los 15 metros y la trocha ha pasado prácticamente por playones del río.
Además se metieron después del llamado Delta Costa Rica a destruir casi un kilómetro de vegetación, para ampliar la trocha en una parte que no está cubierta por el decreto de emergencia con que han justificado la construcción de las obras.
René Castro, ministro del MINAET, refiriéndose a denuncias de organizaciones ecologistas de Nicaragua sobre los daños ocasionados con la trocha, dijo que se va a investigar cualquier denuncia, aunque provenga de un lado “creativo” como el mencionado desde Nicaragua.
“Estamos investigando y documentando, es una acción permanente que tiene el MINAET y reforzado los fines de semana por grupos de voluntarios”, afirmó.
“Tuvimos una investigación acerca de que se había afectado un humedal, pero estamos investigando los detalles; por ahora lo que nos dijeron es que hubo una acción que no es de la construcción actual, sino de un sitio de extracción de material, y lo estamos investigando”, dijo Castro en rueda de prensa, donde se le preguntó sobre las denuncias emitidas en el vecino país.
La ruta –comentó el Ministro- fue diseñada por una razón de seguridad nacional y de soberanía, y se va a continuar haciéndola y mejorándola. El MINAET había hecho un estudio donde se había establecido los puntos de más alto riesgo, y ya el MOPT y CONAVI están trabajando en las zonas de mitigación para evitar cualquier daño colateral que se dé.
INJUSTIFICABLE
Entre nuevas denuncias sobre presunta corrupción en relación con la construcción de la ruta fronteriza, el diputado Monge incluyó que vendieron la madera de los árboles talados y estos fueron a parar a aserraderos privados, aunque seguramente ahora van a decir en el CONAVI que tienen unos troncos y les van a dar el destino previsto por ley,  aseguró.
Mencionó también que se aprobó la instalación de cámaras para vigilar los humedales, lo que es un “negociazo” que se concedió a la misma empresa que había instalado cámaras en las calles de San José (donde cesaron por una resolución de la Sala Constitucional). Habría que ver con qué estudio justificaron esa millonaria inversión, señaló Monge.
Dijo que por más patriota que uno sea y se quiera justificar, estas son cosas injustificables. Se ha usado una declaración de emergencia para ir más allá de lo que tipifica como emergencia, y es muy grave que se esté usando la figura de secreto de Estado para encubrir una red de mafiosos que están enquistados en las instituciones del Estado, prostituyendo esa institucionalidad y poniéndola a su servicio para saquear al Estado.
En su criterio, hay que llamar a cuentas a los responsables, que son los ministros, viceministros, presidentes de entidades autónomas que han participado, y la misma presidenta, quien es la máxima responsable, igual que en un barco el capitán es el responsable.
 

No había comisión de trocha fronteriza, pero sí del proyecto
El vicecanciller Carlos Roverssi afirmó que no existe una comisión de la trocha fronteriza, como tal, aunque del tema se hablaba en la comisión interinstitucional integrada para atender la emergencia por la invasión de la isla Calero, pero aseguró que no se decidía sobre cómo o con quién construir.
El siguiente es un extracto de sus declaraciones dadas al Semanario el pasado martes 22 de mayo.
¿Hay una comisión de alto nivel que maneja el asunto de la trocha fronteriza?
De la trocha no existe ninguna comisión. De todo el proyecto, digamos, de seguridad, de defensa del país, de lo de poner las torres, de la isla Calero, de toda esa cosa, sí existe.
¿Quiénes integran esa comisión y para qué?
-En la comisión están Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, el MINAET, Seguridad Nacional, el ICE, CONAVI, AyA, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Presidencia, el viceministro Mauricio Boraschi representa a los dos.
Es una comisión que se hizo para revisar el cumplimiento de las normas establecidas por La Haya. Por ejemplo, la gente de CONAVI en un par de ocasiones llegó y dijo ya estamos desarrollando la trocha, y daban una explicación. Pero nunca se discutió el tema como tal. Lo que se discutió era si ya se montaron las torres, cuándo se ponen las cámaras, si había una nueva invasión y se tomaron las fotos, digamos, todos los elementos de cumplimiento de la disposición de La Haya; pero es que ahora están hablando de la comisión de la trocha, no sé de dónde sacaron eso.
Pero los ingenieros de CONAVI también llegaban…
-Sí, sí, claro.
Entonces la trocha sí era parte de lo que se veía…
-Sí, no estoy diciendo que no, lo que nunca se discutía era cómo se hacía la trocha, cuál era el avance de la trocha o cuántas empresas había y quiénes eran…
¿Y cuántos recursos se invertían?
-Digamos que sí, se estuvo hablando en general del manejo de los fondos, porque ahí se le decía a la CNE, mire, se requiere más recursos para las torres, más recursos para el camino, entonces sí, esas cosas se discutían. Por ejemplo, hubo un momento en que la viceministra de Ambiente, Lorena Guevara, que era la que más asistía, denunció al principio que la maquinaria se había metido en un lado que no era parte de la trocha. O sea, que se afectaba directamente un humedal.  Incluso llegó a una reunión y dijo que eso hay que pararlo y entonces se acordó que hubiera un acompañamiento.
Pero es que se ha querido hablar de una comisión que revisaba la trocha y decía dónde se hacía y con quién se hacía, eso no. Cada institución daba un informe.
¿El CONAVI no dependía de la aprobación de las platas que se estaban autorizando ahí?
-No, no, esa era una reunión para que cada institución diera una información; por dónde iba lo de seguridad pública y seguridad nacional, por dónde iba lo del ICE, lo de electricidad o telefonía. Porque la idea de la trocha siempre fue para que la gente de seguridad pública pudiera transitar por ahí, y por supuesto se beneficiaba a los habitantes de la zona, pero eran informes de los avances nada más por parte de cada institución.
Sin embargo, la trocha era el proyecto grande, la estrella de ese proyecto…
-Bueno yo puedo tener un criterio diferente; me parece que la trocha va unida a la entrada de la electricidad, de la telefonía, a la seguridad. Para efectos de cancillería lo más importante era el respeto a la soberanía nacional; ese era nuestro interés y cumplir con las disposiciones de la Corte.
Por supuesto que desde el punto de vista de percepción lo de la Corte se convirtió en algo más, porque ya beneficiaba a poblaciones y si me preguntan, para mí lo más importante era la llegada de la telefonía y la electricidad.