Marta Acosta: “Yo no acepto presiones políticas; soy una persona independiente y voy a trabajar de acuerdo con el marco jurídico y técnico”. (Fotos: Katya Alvarado)
“Costa Rica no se merece que se festinen los fondos públicos”, declaró en una entrevista con UNIVERSIDAD, la nueva jerarca de la Contraloría General de la República, Marta Acosta.
Ella dijo que buscará imprimir un “sello” propio a su gestión, anunció que la Contraloría investigará el “festín” que se ha destapado con los fondos canalizados por el Gobierno para la construcción de la trocha fronteriza con  Nicaragua, y advirtió que jamás aceptará presiones políticas. Se ofrece a continuación un extracto de la conversación.
 
El tema de la corrupción es bastante complicado. La fiscalía está saturada de casos, según se ha publicado en la prensa. ¿Cómo va a atacar usted esos frentes desde la Contraloría, en lo que se refiere al manejo de los fondos públicos?
-El tema de la corrupción es un problema sumamente preocupante, al que le voy a dedicar muchas de mis capacidades. La Contraloría como un todo, es consciente de que es un problema importante a nivel nacional, y aunque no es la única prioridad -porque tiene muchísimas otras competencias y funciones que desarrollar-, sí le voy a dar la importancia que se merece; seremos rigurosos y de mano dura con el tema de la corrupción.
 
 
¿Será implacable?
-Voy a ser implacable, porque no se vale que recursos que deben estar canalizados al bienestar de los costarricenses, se vayan a un canasto con hueco, a fondos de terceros;  eso no corresponde, Costa Rica no se merece eso. Haremos desde la Contraloría lo que esté en nuestras manos. Tenemos un área de investigación de denuncias que no representa el 4% de la cantidad de profesionales de la Contraloría. Somos más de 650 funcionarios y tenemos en ese sector alrededor de 30.
 
¿Va a revisar y fortalecer ese departamento?
-Lo vamos a fortalecer con tecnología. Hoy (viernes 25 de mayo) ya tuve mi primera  reunión; esto para mí es muy importante, para establecer dónde estamos, para dónde vamos y cómo podemos solucionar algunas limitaciones que tenemos. Vamos, con más tecnología, a revisar los procedimientos y por lo pronto hemos pedido personal de otras áreas de la institución para reforzar el sector. Pero no se vale desvestir un santo para vestir otro. En el presupuesto del 2013 vamos a pedir plazas, las ocupamos, y espero el apoyo para que me den esas plazas, porque la Contraloría está agobiada de denuncias.
 
¿Cómo va a diferenciar la gestión suya de su antecesora, Rocío Aguilar?  ¿Cuál será su sello?
-Quiero marcar una diferencia; es una nueva gestión. Todos tenemos un estilo propio de liderar, de conducir las instituciones y quiero hacer esa diferencia. Me gustaría tener una relación distinta con la Asamblea Legislativa, más cercana. Quisiera que los productos que genera la Contraloría sean utilizados de manera importante por los señores legisladores para la realización del control político.
 
Hay una serie de temas polémicos en materia de concesiones, como lo son los casos de Alterra,  la carretera a Caldera. En estas polémicas la Contraloría siempre ha estado en el ojo de la tormenta, y tanto es así que doña Rocío tuvo que estar varias veces en la Asamblea Legislativa.
-Yo no quiero estar sentada en una silla como acusada, sino como el órgano auxiliar que es la Contraloría. Quiero generar confianza, que la institución se siente en esa silla como le corresponde. Las resoluciones de la Contraloría y sus informes siempre se sostienen por sí mismos, porque están elaborados al amparo del marco jurídico y técnico. Cuando tenga que ir a explicar, lo haré.
 
En muchas de las críticas que se hacían se hablaba, en algunos casos, de que (la Contraloría) había puesto “sellos de hule” en algunos controles. ¿Usted está dispuesta a revisar algunos de esos casos?
-Esos casos ya han sido suficientemente analizados. Creo que se ha asistido a todas las audiencias a las que se ha solicitado, ya hay informes de las respectivas comisiones, y debemos  mirar de cara al futuro y hacer las cosas de la mejor manera.
 
¿Entonces en su gestión habrá seguimiento casi constante en  muchas contrataciones, como el caso de los aeropuertos, casos como la carretera a Caldera?
-De acuerdo. A través del control posterior, de las auditorías, la Contraloría podría dar  seguimiento a los contratos. Pero quiero ser muy clara: me parece que la administración, las instituciones, tienen un rol primordial y son las primeras responsables de velar porque a esos contratos se les dé el seguimiento, que reciban  la fiscalización apropiada. La Contraloría no puede dar seguimiento de todo.
 
¿No es la responsable de fiscalizar todo?
– La Contraloría es la responsable primordial, primero. Pero son los jerarcas de las instituciones correspondientes (quienes tienen la obligación).
Nosotros tenemos una programación que elaboramos con base en distintos criterios,  como el riesgo o el servicio estratégico que presta una institución, o los montos económicos que están involucrados. De esa manera seleccionamos lo que vamos a auditar. La Contraloría estará alerta.
 
Hay casos como lo que pasó con Caldera, y que todavía siguen las consecuencias, Alterra, etc. ¿Ahora vendrán otras nuevas concesiones?
-La Contraloría va a seguir fiscalizando esos proyectos, son muy importantes. De hecho, la Contraloría ha seguido haciendo fiscalizaciones en el tema de Caldera, en el CNC (Consejo Nacional de Concesiones). Eso no ha parado y va continuar mientras sean áreas que la Contraloría estima que son de alto riesgo.
 
Hay otros temas y rubros, afectados por nebulosas, como los fondos del BCIE, donde quedó la duda de si en realidad son o no públicos. Se acaban de presentar otros casos, como el de doña María Isabel Rodríguez, fondos del PNUD en el Ministerio de Educación. ¿Son fondos que a pesar de que sean privados, son utilizados por instituciones públicas?
-Al final los servicios y los productos son de interés público.
 
¿Pero entonces eso podría estar sujeto a una revisión? Se han utilizado para programas públicos y los manejan funcionarios del Estado.
-¿Usted me pregunta si los vamos a auditar nuevamente?
 
Sí, o por lo menos ¿qué pasará con los últimos casos, como RECOPE, etc?
-La Contraloría está trabajando en esos temas. Se están investigando. Por lo menos en torno a los servicios que se dieron de bien público.
 
Es que se viene creando polémica, desconfianza, y restando credibilidad de la población en las instituciones públicas.
-Durante mi gestión sí quisiera restablecer, o por lo menos coadyuvar, o poner de lo que esté de nuestra parte, para restablecer esa confianza. Vivimos una crisis de valores importante y lo que uno menos quisiera es que se encasille a todos los funcionarios públicos en la misma olla de corruptos.
 
¿Pero también abarcará todos los estamentos? Porque a veces se señala  a mandos medios, pero  hay responsables más arriba. ¿Van a actuar ahí?
-Siempre que el marco jurídico lo permita, así será.
 
¿Cómo actuará la Contraloría con  el caso de la trocha en la frontera norte?
-La Contraloría ya está trabajando en ese caso. Es más, está coordinando con el Ministerio Público y con las auditorías internas del CONAVI y de la Comisión Nacional de Emergencias. Es un caso que no se puede dejar pasar y aplicaremos mano dura si se tiene que hacer.
 
¿Ustedes van a estar indagando en toda la pirámide?
-Yo no le puedo adelantar todavía, pero se llegará hasta las últimas consecuencias.
 
¿Realmente ameritaba realizar ese proyecto bajo una situación de emergencia? Da la impresión de que esto (limitar controles) fue lo que dio pie a que ocurriera lo que pasó.
-Sí, un festín de fondos públicos y eso no lo puede permitir el país.
 
Dentro de todas las controversias que han ocurrido, sobre todo con casos de irregularidades, algunos sectores señalaban a doña Rocío como una especie de “ficha” de los Arias. ¿Usted cómo va a reaccionar ante las presiones políticas?
-Yo no acepto presiones políticas; soy una persona independiente y voy a trabajar de acuerdo con el marco jurídico y técnico. Aquí no se aceptarán presiones políticas de ningún tipo.