Dina Meza y Noemí Pérez (izquierda a derecha) vinieron a Costa Rica a denunciar las violaciones a los derechos humanos que se han dado en Honduras. (Foto: Katya Alvarado)
“Venimos a Costa Rica a denunciar la situación que impera en Honduras, de persecución a la disidencia, y a denunciar las amenazas que sufrimos los defensores de derechos humanos”. Así explicaron Dina Meza y Noemí Pérez las razones de su viaje a Costa Rica. Meza es periodista y miembro del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), madre de tres hijos. Noemí Pérez, también miembro de COFADEH, es hermana de Samuel Pérez —desaparecido en la década de los 80, cuando ingresó al país por la aduana de Guasaule—. Tiene dos hijos.
“En mi caso, he recibido amenazas por defender los derechos humanos en el país. Recibí textos, en el celular, donde señalaban amenazas de abuso sexual si no deteníamos las acciones que estábamos promoviendo. Veníamos llegando, en febrero pasado, del Bajo Aguan, donde se vive un largo conflicto de tierras”, dijo Meza.
 
“El primer mensaje cayó el 22 de febrero. Al día siguiente teníamos una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, acompañando a Gladys Lanza, una líder de derechos humanos que había sido amenazada. En ese contexto cayó la primera amenaza. Después, vinieron otras”.
“También, hemos denunciado leyes lesivas de los derechos humanos, aprobadas recientemente por el Congreso”, añadió. Entre esas leyes citó: la de escucha telefónica; la que autoriza a los militares a participar en actividades policiales; la ampliación del período de detención de 24 a 48 horas antes de pasar el detenido a los tribunales, y una ley contra el financiamiento del terrorismo que, en su opinión, lleva un mensaje directo a las organizaciones que hacen trabajo social.
“Pretenden controlar el accionar de las organizaciones. Esto lo hemos denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. De regreso iniciaron otro tipo de amenazas: tomaban fotografías, cuando salía de mi casa con mi familia; hombres armados llegaron a preguntar por mí en el vecindario”.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) documentó 131 asesinatos, por razones políticas, desde el golpe de Estado, aunque hay más casos.
Por otro lado, Noemí Pérez recibió amenazas durante movilizaciones hechas contra los intentos de privatizar los servicios públicos. “Nos amenazan en la calle. Una de las últimas fue una agresión física, en la puerta de mi oficina. Eran las 8 a.m. del 21 de abril. Yo estaba a unos metros del portón cuando un hombre, en un carro, lanzó amenazas: ‘¡deje de estar jodiendo!’, gritó, y lanzó un trozo de madera contra mi pierna”.
“Yo soy el enlace de COFADEH ante los movimientos sociales. Queremos que nos expliquen qué pasó con nuestros familiares desaparecidos. El primer viernes de cada mes hacemos plantones, de 10 a 12, en la Plaza de los Desaparecidos, a unos metros del Congreso. Somos unas 20 o 30 personas, más que todo familiares de Tegucigalpa. Nos plantamos con un pañuelo blanco, pero nunca hemos tenido respuestas”, aseguró. “Se trata de mantener viva memoria viva de nuestros seres queridos”.
IMPUNIDAD
Meza señaló que prevalece la impunidad. “Nada ha cambiado en Honduras. Los criminales andan libres. Se ha profundizado la pobreza, desde el golpe militar contra el presidente Manuel Zelaya. La gente tiene menos acceso a la comida. Se han venido privatizando la educación y hospitales públicos, la gente no tiene acceso a la atención médica. También hay más desempleo. Se aprobó una ley que disminuye los derechos de las personas, se aprobó el empleo por hora y se quitaron los derechos a las prestaciones. El salario mínimo, que aprobó Zelaya, anda por 7.100 lempiras (unos $360), pero no es pagado por las empresas. Alegan que no tienen recursos, ponen a los trabajadores en una disyuntiva: si quieren seguir trabajando, es con menos del salario mínimo”.
TIERRAS ACAPARADAS
Del 17 al 19 de febrero se realizó un encuentro de Derechos Humanos en el Bajo Aguán donde, desde hace años, existe un grave conflicto agrario, con participación internacional. “Estuvimos compartiendo testimonios con las víctimas, hay más de 60 campesinos asesinados”, afirmó Dinia Meza.
“Hay desplazamiento de centenares de militares, en una operación desde agosto del año pasado. Supuestamente para disminuir la violencia en la zona, pero promueven el desalojo de los campesinos, hacen detenciones ilegales y torturan a la gente de los diferentes asentamientos. Lo mismo ha sucedido en Trujillo, donde está otro movimiento campesino. Ahí también mataron a campesinos”, dijo Dinia.
Recientemente, se firmó un acuerdo con el Gobierno para resolver el conflicto del Bajo Aguán. “El Estado va a pagar $39 millones por las tierras que reclama Miguel Facussé. Se había firmado un convenio en abril del 2010, para proporcionar unas 11 mil hectáreas de tierra a los campesinos, pero no se había cumplido. Hay mucha represión, capturas y asesinatos de dirigentes. En ese contexto, hay constantes desalojos de campesinos de los asentamientos. Antes del golpe de Estado, se iba a  terminar una concesión que el Estado había otorgado a Facussé sobre estas tierras y las tenía que devolver. Pero vino el golpe y se aprovecharon de esta situación para quedarse con la tierra nacional”, explicó Meza.
Hay unas tres mil familias en la margen derecha del río Aguan. Los campesinos tienen que pagar la tierra con un interés de 6% anual, pero no se les da asistencia técnica.
Se montaron una campaña mediática para favorecer a los terratenientes, especialmente a Facussé, pero también al nicaragüense René Morales y el salvadoreño Reynaldo Canales.
“Afirman que ahí hay un campamento armado, de que hay venezolanos y nicaragüenses promoviendo un movimiento armado en la zona. Pero todo es falso”, aseguró.
PARAMILITARISMO
Hay toda una situación de paramilitarismo en la zona. “Utilizan gente con pasamontañas, carros sin placas en labores de vigilancia y persecución de la gente. Se meten a los asentamientos a masacrar a toda una familia, a veces porque la encabeza el dirigente del asentamiento.”, explicó Meza.
“Cuando sucede un crimen de esta naturaleza la fiscalía dice que no va donde están esos dirigentes, no se investiga. Hay una situación de impunidad, generada por el propio Estado”.
“En Honduras no se averigua nada. Los campesinos han querido aportar las pruebas, pero ni siquiera les aceptan las denuncias. Los casos quedan ahí”.
En el caso de dos estudiantes asesinados el año pasado, “se identificó a quienes participaron en ese crimen. Hay filmaciones de la persecución de esos jóvenes (uno de ellos era hijo de la rectora de la universidad), pero la policía trata de evitar que se investigue. Se dice que los responsables materiales huyeron y no se atiende las denuncias de participación policial en casos de violaciones de derechos humanos. Hay fiscales y jueces que alimentan toda una situación de impunidad. Lo cierto es que no se desestructuró la política represiva de los años 80. Repiten la historia en el marco del golpe de Estado, al participar en labores de contrainsurgencia”.
ESCENARIO POLÍTICO
En noviembre del 2013 se celebrarán nuevas elecciones presidenciales en Honduras. “Se inscribió el partido Libertad y Refundación, que va a participar en el proceso electoral pese a que no se ha tocado el sistema político corrupto del país, que utiliza todos los mecanismo del Poder Judicial para evitar avanzar en reformas del sistema político”, dijo Meza.
“Se está asesinado a la disidencia. Asesinaron a alrededor de 9 personas, solo en el mes de mayo. Ayer se asesinó a un activista de Libertad y Refundación. Se está aplicando, en Honduras, lo mismo que se aplicó a la Unión Patriótica, en Colombia cuando, prácticamente se exterminó ese partido”.
“Hay más de 200 exiliados por razones políticas desde el golpe; 131 asesinatos por razones políticas. Algunos decidieron enterrar a sus familiares clandestinamente porque tienen miedo”, concluyó la dirigente hondureña.