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Este cuadro presenta sólo las figuras más emblemáticas de las más de 30 personalidades citadas por Randall Blanco en su investigación, la cual se puede bajar en http://www.latindex.ucr.ac.cr/rcs018-10.php (Fuente: Randall Blanco, elaborado por Katya Alvarado)
La injerencia de los sectores neoliberales en la toma de decisiones al más alto nivel de los últimos siete gobiernos quedó demostrada en la investigación “Partidos políticos, redes corporativas y formación de gabinetes en Costa Rica: 1986-2010”, del sociólogo Randall Blanco.
Ese trabajo fue publicado el primer semestre de este año en el número 130 de la Revista de Ciencias Sociales y destaca que una cantidad importante de personalidades ligadas a sectores neoliberales y del comercio exterior que han ejercido altos puestos en el Poder Ejecutivo, han provenido de tres organizaciones específicas: la Academia de Centroamérica, la empresa Consejeros Económicos y Financieros S.A. (CEFSA) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).
Se trata de un extracto de la tesis doctoral de Blanco y establece que de esas organizaciones provienen figuras como la actual ministra de Comercio Exterior Anabel González -quien además fue jefa negociadora del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC)-, el expresidente del Banco Central Eduardo Lizano, o Fernando Naranjo, quien en diferentes gobiernos del Partido Liberación Nacional (PLN) se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y de Hacienda (Ver cuadro informativo).
El sociólogo manifestó a UNIVERSIDAD que la mayoría de los integrantes de CEFSA han participado en gobiernos del PLN, mientras que de la Academia de Centroamérica han surgido personas con protagonismo en los del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Sin embargo, acotó que “sobre las últimas administraciones ya no se puede hablar de un problema de partidos políticos, pues se trata de la circulación irrestricta de una élite posicionada dentro de esos partidos”.
“Hay un monopolio en la toma de decisiones”, expresó el investigador y justificó esa aseveración en el hecho de que la Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) es “corporativa”, pues establece la participación en la toma de decisiones de representantes de las cámaras empresariales.
“En mi tesis doctoral abarco el periodo 1982 al 2010 y encuentro que entre quienes han dirigido el COMEX, el Banco Central, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) se encuentran socios de CINDE, se trata de un aparato estatal en manos del sector privado”, añadió.
FALTAN CONTROLES
Según lo expuesto por el sociólogo en su trabajo, la Academia de Centroamérica es un grupo de economistas y abogados fundado a inicios de los años 70, cuyos miembros presentan “posiciones neoliberales” y critican la intervención estatal en la economía.
CEFSA es una empresa de servicios de consultoría empresarial, formada por economistas y abogados, “la mayoría vinculados al PLN”. Fue fundada en 1978 y actualmente destaca entre sus miembros al expresidente del Banco Central Francisco de Paula y al exministro de Comercio Exterior de la administración Pacheco, Alberto Trejos.
Por otra parte, CINDE fue creada en 1983 “con generosos recursos de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de los Estados Unidos”, según el estudio de Blanco, quien además señala que desde su creación incluyó a representantes de las cámaras empresariales y a socios de la Academia de Centroamérica y CEFSA.
Según el estudio de Blanco, buena parte del diseño y orientación de las políticas de fomento a las exportaciones y la atracción de inversiones en el modelo económico de libre comercio se dio bajo la batuta de esas tres organizaciones.
Por ejemplo, sobre los socios de CEFSA, Blanco apunta que la mayoría se adscriben al PLN y ocuparon cargos relevantes en ambas administraciones de Óscar Arias, en la de José María Figueres y en la actual de Laura Chinchilla.
Blanco sostiene que esas tres organizaciones “han articulado un conjunto de redes imbricadas de agentes público-privados en el rediseño y control de las instituciones públicas relacionadas con el sector exportador en el período comprendido entre 1986 y 2010”.
“Lo más grave -manifestó a este medio- es la inexistencia del control ciudadano de los intereses privados en la función pública y en ese estilo de gestión en la elaboración de políticas corporativas”.
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