La junta directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) está desconociendo la Convención Colectiva de Trabajo y cometiendo fraude de ley mediante la compra de servicios y contratación de personal a través Insurance Servicios S.A., una empresa de su propiedad, según denuncias de la Unión de Empleados del INS (UPINS).
Esta agrupación aseguró que los directivos del INS, encabezados por Guillermo Constenla, presidente ejecutivo, están socavando la estructura institucional al estar sustituyendo el personal con una planilla paralela contratada por Insurance, conocida como INS Servicios.
Ya hay más de 800 empleados contratados mediante esa modalidad, lo que representa el 37% del personal del INS, y cumplen iguales funciones junto a los empleados regulares del INS, pero con menores salarios y diferentes condiciones laborales, inclusive por debajo de las condiciones mínimas del Código de Trabajo, y no se diga de la Convención Colectiva firmada por la institución,  afirma el sindicato.
INS Servicios fue constituida en agosto del 2008 como una sociedad anónima de propiedad exclusiva del INS, con la finalidad de vender servicios al Instituto -en opinión de la UPINS- mediante una interpretación abusiva del artículo 18 de la Ley reguladora del mercado de seguros, que restringe la contratación de servicios auxiliares y con lo que además se estaría violando la Ley de contratación administrativa, entre otras normas, según el sindicato.
La UPINS tiene presentadas denuncias por estos hechos ante el Ministerio de Trabajo, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José y ante la Contraloría General de la República (CGR), informó el secretario general del sindicato, Freddy Sandí.
Esta organización -que agrupa aproximadamente el 60% de los 2.280 empleados del INS- denunció desde el 28 de febrero del año pasado -ante la CGR- la contratación “irregular” que ha venido realizando el INS, “apoyándose de manera indebida y claramente abusiva en el artículo 18 de la Ley Reguladora de Mercado de Seguros No. 8657”.
La denuncia se apoya en el artículo 18 de dicha ley y en un dictamen de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), sobre la definición de lo que son los servicios auxiliares de seguros que puede contratar la entidad aseguradora, con el fin de demostrar que esta no tiene vía libre para contratar dichos servicios a  terceros, contrario a lo que según el sindicato estaría haciendo el INS con la subsidiaria.
De acuerdo con el citado artículo, “se entenderá por servicios auxiliares, los que, sin constituir actividades de aseguramiento, reaseguro, retrocesión e intermediación, resulten indispensables para el desarrollo de dichas actividades. Estos servicios incluyen, entre otros, los servicios actuariales, inspección, evaluación y consultoría en gestión de riesgos, el procesamiento de reclamos, la indemnización de siniestros, la reparación de daños incluidos los servicios médicos, los que prestan talleres y otros que se brindan directamente como prestaciones a los beneficiarios del seguro, el peritaje, los servicios de asistencia que no califiquen como actividad aseguradora o reaseguradora, la inspección y valoración de siniestros y el ajuste de pérdidas (…)”.
UPINS sostiene que el INS le ha dado una interpretación amplia e irrestricta a la posibilidad de contratación establecida en el mencionado artículo de ley, de tal manera que ha violentado no solo los límites dispuestos por esa norma, sino también el Código de Trabajo y los derechos de los trabajadores, aparte de otras leyes de orden público,  como la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos.
ENTE PARALELO
El INS constituyó la empresa INS Servicios con el objeto de desarrollar servicios auxiliares de seguros, pero esta ha servido para que el INS contrate toda clase de servicios y personal, siendo que el INS es el que paga a través de dicha sociedad al personal contratado, pues esta se nutre de manera total de los recursos que le traslada el INS, no genera sus propias ganancias y tampoco brinda servicios a ningún tercero, ni  hay prestación recíproca de servicios entre ambas entidades, describe la UPINS.
La mencionada sociedad fue creada exclusivamente para contratar personal y obviar no solo las relaciones laborales, sino la Convención Colectiva de Trabajo, aparte de extralimitarse en la prestación de los servicios de seguros autorizados por la Ley reguladora citada, alega el sindicato.
Hay cartas firmadas por Constenla, donde ordena que no se le cobre nada a esta empresa y  en otra se retracta -dos años después-, diciendo que hay que facturarle los cargos; esto, después de que la CGR llegó a hacer una inspección que puso nerviosas a las autoridades del INS, aseguró Sandí.
Para el sindicalista, Guillermo Constenla halla muy fácil decir que el artículo 18 da para contratar cualquier actividad, pero lo de “otros” que menciona dicho artículo no es lo que a él se le ocurra, sino que significa que sea algo similar a lo que taxativamente se expresa en esa norma. Es decir, una actividad que no califica como actividad aseguradora o reaseguradora. No obstante, en las sedes del INS hay personal contratado por INS servicios atendiendo público y haciendo las mismas funciones junto al personal del INS,  utilizando toda la plataforma de este, su papelería y signos distintivos, por lo que el cliente no puede distinguir que lo atiende un funcionario de otra empresa que no es el INS.
“Nosotros lo que decimos en relación con el artículo 18, es que las actividades están muy bien enmarcadas, y que no califican como servicio auxiliar  muchas de las cosas que están haciendo por INS Servicios”, insistió Sandí.
Por ejemplo, están contratando cajeros que realizan labores propias de la actividad aseguradora, cobran marchamos, realizan depósitos y hasta asesoran directamente a los clientes sobre los diferentes productos que vende el  INS.
De esta forma están sustituyendo todo tipo de personal, y llenan las plazas que van quedando vacantes por cualquier motivo, incluso mediante despidos, como pretenden hacer ahora con el despedido de 40 cajeros para sustituirlos por cajeros que han estado reclutando en supermercados y ventas de comida rápida.
“Se le está causando un daño estructural al INS, porque INS Servicios está carcomiendo toda la estructura institucional, no está ayudando a los procesos laborales para que sean eficientes, el servicio al cliente no ha mejorado, y más bien se complica con la reciente decisión de Constenla (al llegar una inspección de la CGR) de sacar de manera apresurada de las oficinas del INS a los empleados de INS Servicios. También con la intención de despedir a 40 cajeros porque ganan ¢400.000, para contratar a otros en ¢300.000 y economizar ¢100.000. No se merece una empresa tan importante como el INS tener esa clase de mentalidad administrativa”, reprochó.
“Si permitimos que esta empresa siga creciendo dentro de la institución, pronto nos quedaremos sin el INS”, advirtió Sandí.
Por su parte, Constenla rechazó que exista alguna planilla paralela en el INS. “Insurance Servicios S.A. contrata su personal ajustado a derecho, conforme con el Código de Trabajo. Esto es absolutamente legal. Insurance Servicios S.A. le vende servicios varios al INS. Los salarios que paga Insurance Servicios S.A. son los normales del mercado laboral. No contemplan las prebendas que tiene  la Convención del INS, como 20 años de cesantía, pluses por antigüedad, vacaciones de 42 días para el 62% del personal y de 30 días para el 13% siguiente, etc. Los empleados de Insurance Servicios S.A. tienen las mismas garantías laborales y salariales que tienen más del 95% de los trabajadores de Costa Rica. No creo que se deba defender privilegios especiales a grupos de trabajadores que- como en el caso del INS- representan si acaso el 0.1% de la fuerza laboral del país”, adujo.
Esas prebendas que recaen sobre los hombros de todos los trabajadores, y que hacen más difícil la vida de los que menos ganan, son odiosas, pues no son socialmente justas de cara a la mayoría de los trabajadores. Como dice el pueblo: “o hay pa todos, o hay patadas”, añadió Constenla -entre otras consideraciones- a preguntas de este Semanario, en relación con las denuncias del sindicato, las cuales se incluirán en próxima edición.
FRAUDE

El sindicato denuncia fraude de ley, porque la Convención Colectiva establece ciertos derechos y obligaciones de los trabajadores; pero, ahora se está creando una planilla paralela fuera de la Convención, contratando a trabajadores y trabajadoras en condiciones absolutamente diferentes, con salarios menores aunque cumplen las mismas  funciones, por plazos fijos y se les vuelve a contratar incluso en condiciones aún peores. En algunos casos incluso inferiores a las del Código de Trabajo, y de esa forma se ha despedido a trabajadoras estando embarazadas o en periodo de lactancia.
Además, el fraude de ley se da también porque en ese tipo de condiciones laborales y de salarios, se deja de pagar impuestos a Hacienda y se paga menos a instituciones de seguridad social como la Caja Costarricense de Seguro Social, Banco Popular, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y otros, argumenta la UPINS.
Rafael Mora, asesor legal de esta agrupación, señaló que el fraude de ley tiene que ver además con una violación flagrante a la Ley de contratación administrativa, que debe empezar a funcionar cuando se requiere compra de servicios a terceros.
Pero aquí el INS ya no contrata servicios auxiliares a terceros, sino que se los compra a sí mismo, lo que va en contra de la promoción de la competencia que las autoridades deberían promover en un mercado de competencia, por lo que Mora se preguntó cómo es que la CGR avala esa figura.
Sandí dijo que la UPINS sigue con las denuncias ante la CGR y los tribunales de trabajo, pero está abierto al diálogo con las autoridades del INS si es sincero, a fin de remediar el problema del pretendido despido de los 40 cajeros, y para que la salida de los funcionarios de INS Servicios ordenada por Constenla no se dé, y los trabajadores regresen a sus funciones “dentro de la familia del Instituto”.
En aras del interés institucional y de facilitar la eficiencia del INS, UPINS estaría de acuerdo con negociar que parte de esos funcionarios que están haciendo labores consustanciales al negocio del seguro, puedan pasar a la planilla del INS, aunque sea en condiciones laborales diferenciadas, para que no se asuman todos los costos señalados en la Convención Colectiva, tema sobre el que se está hablando con los subgerentes,  para ver si se puede llegar a algún arreglo, aseguró.
Para el diputado Claudio Monge, los hechos denunciados son parte del “proyecto de Constenla y su junta directiva  para desmantelar el INS y que los seguros se privaticen totalmente”.
Recordó que él presentó el año pasado una denuncia por la compra del edifico de INS Servicios, porque parecía que hubo “compadre hablado” en esa compra.
La denuncia consistió en que el INS pagó ¢1.078 millones por el edificio para poner ahí las oficinas de INS Servicios, pero la construcción no era apta y algunos pisos no tenían ni ventanas, por lo que hubo que gastar ¢853 millones más para acondicionarlo.
Monge dijo que no hubo respuesta a la denuncia por parte del INS y más bien Constenla se ha envalentonado, porque ha tomado otras decisiones perjudiciales para la institución.
Baste recordar “solo el hecho que le mintiera a la Presidenta de la República, cuando yo denuncié que se había aumentado el salario en varios millones, igual que algunos gerentes y subgerentes, y él le mandó una nota a la Presidenta desmintiéndome, y después yo le demostré con documentos oficiales de la CCSS que sí se aplicó el aumento”, añadió Monge, diputado del Partido Acción Ciudadana.
La referencia es en relación con el sueldo que devenga el presidente ejecutivo del INS, de ¢4.8 millones, y al intento de subírselo a ¢8 millones.
El diputado Monge también mencionó el caso del Hospital del Trauma, que tiene varios años de  haber sido aprobado por el INS y nombró un gerente que recibe un salario millonario, pero el hospital no existe.
Por eso dijo que va a seguir insistiendo para que se apruebe en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, una moción presentada por él para que Constenla sea llamado a cuentas, porque los costarricenses nos vamos a quedar sin ese gran aporte a la seguridad social que significa el INS.