El proyecto de ley biomédica, para regular la investigación con seres humanos, tendría los votos necesarios para ser aprobado. (Foto: archivo, con fines ilustrativos)
La urgencia para aprobar el proyecto de ley que regularía la investigación con seres humanos persiste, a pesar de que las mismas fracciones que están a favor de la propuesta reconocen que quedan ciertos vacíos en el texto.
A pesar de las fuertes críticas que ha recibido (ver edición del 20 de junio: “Ley biomédica rebajará responsabilidad de patrocinadores de ensayos humanos”), el proyecto contaría con el respaldo de 42 diputados y diputadas para su eventual aprobación. El texto, que se empezó a discutir hace más de un año, actualmente se encuentra en los primeros lugares de discusión en el Plenario.
Tanto impulsores como detractores concuerdan en que no han sentido la presión directa de entidades interesadas en que se apruebe el proyecto, pero sí hay empresas farmacéuticas e investigadores privados que pretenden que se convierta en ley prontamente.
 
PREMURA
María Eugenia Venegas, diputada del Partido Acción Ciudadana, aseguró que personas vinculadas a farmacéuticas sí se han acercado para manifestar que les urge la aprobación del proyecto, pues su actividad se está viendo afectada.
Comentó que lo que se percibe es una “campaña desesperada” de los sectores empresariales en este campo, para que exista una ley que les permita continuar con sus actividades, por lo que promueven el texto tal y como está en la actualidad.
“Los que promueven este proyecto son médicos privados dedicados a esta actividad; este no es un tema que lo haya pedido el Ministerio de Salud, ni la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), porque esto no es un asunto de salud pública, sino de intereses privados. No es la Ministra de Salud ni la Presidencia Ejecutiva de la CCSS las que presionan por este proyecto, sino un grupito de médicos privados que se dedican a importar protocolos de investigación de farmacéuticas internacionales y reclutar pacientes; esos son los que están desesperados”, manifestó.
Venegas recalcó que la mejor opción es devolver este proyecto a comisión (antes estaba en la de Asuntos Sociales), y que hay otras fracciones que apoyan esta idea.
“Si existiera un cambio de posición podríamos devolver el proyecto y hacerle los cambios que le urgen, para que de verdad sea un proyecto que proteja al ser humano. Desde hace casi un año se pudo hacer esto, y no han querido”, destacó.
En su opinión, es lamentable que las campañas para promover el tema se basen en que por la falta de una ley, hay personas que mueren, como si las sustancias que apenas se experimentan ya fueran la cura para las enfermedades.
Por su parte, la legisladora del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) Rita Chaves  comentó que a pesar de que este es un proyecto importante en el manejo de la salud pública, su versión final no ha logrado conseguir el consenso para que se tramite cuanto antes, y hay mociones expuestas como último recurso para hacer modificaciones.
Sin embargo, mencionó que llegó el momento de aceptar que hay una inmensa mayoría que sí está de acuerdo con el proyecto tal y como quedó, y al encontrar ese panorama político, no hay opciones para negociar. Desde su bancada se está optando por permitirle votación para que se abra a debate, pero tomando en consideración que luego le darán un voto negativo, al no estar de acuerdo con el fondo.
A su parecer, la parte del consentimiento informado no quedó verdaderamente accesible para todas las poblaciones vulnerables, como la comunidad indígena o personas no videntes, por ejemplo en braille o en cualquier formato audible.
Otro punto por el que se oponen es que las personas que se someten a investigación no quedan como sujetas de derecho, para optar luego por las medicinas de manera gratuita si salen a venta comercial.
Además, cuestionó la manera en que se pretende conformar al Consejo Nacional de Investigaciones (CONIS), el cual -según Chaves- quedaría muy politizado, y más bien debería quedar en manos de técnicos y científicos, y no en nombramientos hechos “a dedo” por el Ministerio de Salud.
Piensa que hay un buen ánimo para que el tema no se entrabe en la agenda legislativa, y que de cambiarse los tres puntos que critican, estarían dispuestos a darle el voto positivo.
Sobre los intereses para que se apruebe, afirmó que está claro que hay compañías transnacionales y organizaciones interesadas en lucrar con la investigación con seres humanos. “Las casas transnacionales están deseosas de venir a investigar en este país”, acotó.
BUEN AMBIENTE LEGISLATIVO
Congresistas del oficialismo ven fundamental la aprobación del proyecto de ley biomédica. Alicia Fournier, una de sus impulsoras, manifestó que el texto ha tenido una evolución muy grande, pues se llevaron a cabo 32 audiencias para enriquecerlo, por lo que se siente tranquila del trabajo que se realizó, ya que se efectuó sin la influencia de ningún sector, y buscando a personas conocedoras del tema.
Comentó que la naturaleza del texto ha sido modificada por parte de quienes se oponen a este, lo que lo ha limitado, al no regular las investigaciones observacionales.
Una de las críticas hacia el proyecto es que pretende regular las investigaciones científicas en general, pero lo que detuvo la Sala Constitucional en el 2010 fue la parte clínica, es decir, las investigaciones experimentales o intervencionales (como probar la reacción a posibles nuevos medicamentos).
Fournier citó que hay universidades que han detenido investigaciones porque la discusión no avanza, al tiempo que negó tajantemente que las farmacéuticas hayan ejercido presión para que el proyecto se apruebe.
“Nunca he sentido un solo representante de farmacéuticas a la par de nosotros; esta ley nos la trajo el CENDEISS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social) y el Ministerio de Salud”.
Empero, reconoció que sí se puede mejorar,  por ejemplo en la integración del CONIS. Dicha instancia debería estar integrada por dos miembros de la comunidad, con  presencia en todas las sesiones; pero, el proyecto contempla que solo sea una, cuya presencia no sería necesaria.
A su vez, el también verdiblanco Luis Antonio Aiza indicó que esta sería una ley “importantísima” para el país, porque representa la última oportunidad de muchos pacientes de poder aferrarse a la vida y que están dispuestos, por medio de su consentimiento informado, a someterse a un estudio de esta categoría.
“Como médico y persona responsable que conoce lo que es una enfermedad y las consecuencias que tiene, los consentimientos informados están claramente delimitados, y la persona que va a un estudio de esos sabe a lo que se va a enfrentar, las consecuencias que van a tener los medicamentos que se van a dar, y ellos firman o no firman si quieren entrar al estudio”, subrayó.
Este médico oftalmólogo aseguró que nunca ha sido influenciado por alguna farmacéutica o investigador, pero que sí tiene amistades y personas conocidas que estuvieron en las diferentes audiencias externando su posición a favor del proyecto.
Consideró que se cerraron los portillos para evitar abusos, pero que están dispuestos a aprobar las mociones que mejoren el proyecto.
Estima que la gran polémica se da respecto a la conformación del CONIS y de la potestad del ministro o ministra de Salud de nombrar a sus integrantes, a lo que argumentó que sí es vital que esté a cargo dicho jerarca. Señaló que una vez aprobada la propuesta, se pueden mejorar algunos errores, porque ahora está bien estructurada.