Los daños ambientales causados en la construcción de la polémica Ruta 1856 “Juan Mora Porras” se han sobredimensionado, pues son unos 30 km del trayecto los afectados, y no 160, de los que 9,5 km sí requieren medidas urgentes de mitigación o corrección.
Esa es una de las conclusiones del geólogo Allan Astorga, tras un estudio preliminar hecho para la cancillería costarricense, con la cual colabora en el análisis de impacto ambiental en la llamada trocha fronteriza junto al río San Juan y la recomendación de medidas para tomar.
Otro paso urgente que recomienda a las autoridades Astorga –consultor ambiental y exsecretario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)- es hacer un plan de manejo del corredor fronterizo, que dé  lineamientos a las instituciones públicas y así evitar una invasión desordenada de cultivos y urbanizaciones que atente contra la zona silvestre protegida. El corredor fronterizo consiste en una franja de dos km a lo largo de la frontera, de mar a mar, que es propiedad del Estado.
Astorga dijo que preocupa que, por falta de datos concretos, la opinión pública adquiera una visión que no está apegada a la realidad, “porque cuando le ponen una imagen donde se ve un desastre y después le dicen que son 160 km de carretera y que se han gastado más de ¢20.000 millones, pues la gente se enoja”. Esta bien protestar, pero son daños que se pueden reparar y lo que urge es actuar en la zona más crítica.
Dijo que los cálculos le dan 146,8 km de camino construido (no los 160 km que dice el Gobierno) de los que más o menos 117 km (73%) están en condiciones ambientales aceptables. Un 27% (30 km) requiere de acciones ambientales, de los que 20% demanda intervención intermedia y 7% (9,5 km) intervención urgente.
Esta zona más crítica está ubicada al norte de Crucitas, y urge meter a trabajar gente aunque sea gente con pico y pala, y alguna maquinaria, a fin de estabilizarla desde el punto de vista ambiental y que no se convierta en una fuente de problemas, señaló.
Se trata de una zona muy inestable, de terreno arcilloso, donde el tractor hizo cortes, muy cerca del río San Juan,  para bajar la rasante de la calle. Allí quedaron taludes muy altos, y mucho material removido que se dejó a la par de la calle. Con la lluvia se va a ir lavando y puede caer en el río,  con lo que Nicaragua podría argumentar que la carretera causa daño ambiental transfronterizo, daño que en opinión del especialista, no se ha dado.
Astorga elaboró un documento donde señala las medidas concretas que urge implementar, y que habría que empezar lo antes posible a hacer terrazas, trampas de sedimentación y colocar geotextiles para evitar el lavado.
Aclaró que son medidas desde el punto de vista ambiental, no de ingeniería, que es un campo donde el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica han señalado los errores técnicos que se deben corregir en la carretera.
Lo que preocupa es que el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) está contratando una empresa para continuar los trabajos, pero sería hasta el próximo año, comentó Astorga.
La semana pasada, el CONAVI informó que en unos tres meses estaría sacando un cartel de licitación para contratar una empresa que se encargue de continuar a partir del 2013 los trabajos de la ruta 1856.
Los trabajos se paralizaron a inicios de este año tras el escándalo surgido por el presunto pago de dádivas de las empresas contratadas y pagos por trabajos no realizados, lo cual investiga actualmente la Fiscalía.
En medio de las críticas que llueven sobre el CONAVI, por el descontrol en el uso de los fondos y la falta de planificación de la construcción, el director José Luis Salas envió una circular a los empleados,  advirtiéndoles que deben guardar confidencialidad y no dar informaciones sobre la trocha.
Mientras tanto, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) abrió de oficio una investigación sobre los posibles daños ambientales causados, y el pasado fin de semana finalizó una primera inspección, en la que comprobó que hay daño ambiental, dijo José Lino Chaves, presidente del Tribunal.
Falta determinar la responsabilidad por acción o por omisión, y en unos 15 días el TAA entregará un primer informe, dijo Chaves.
“En esta causa ambiental, el CONAVI figura como primer investigado, pero no se descarta que la imputación se extienda a otras entidades o empresas privadas una vez que el Tribunal avance en su investigación”, añadió.
Los jueces y técnicos del TAA buscan documentar la afectación a zonas de protección, la posible tala de bosque primario, la afectación a la biodiversidad, a ríos y quebradas, entre otros aspectos.
Un boletín de prensa del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) indicó que el ministro René Castro ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) presentar informes al TAA sobre los daños encontrados hasta ahora en la trocha. 
ACCIONES
Allan Astorga hizo un recorrido por la trocha a fines de mayo y con base en el trabajo de campo, y las fotografías tomadas desde un helicóptero el pasado 25 de mayo, por personal del Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad, estableció una categorización de tramos de la vía según su condición ambiental, para efectos de emprender acciones de mitigación o corrección (ver recuadro).
Respecto al bosque destruido aseguró que no son los cientos de hectáreas de que se ha hablado, sino que calcula que pueden ser unas 35 hectáreas. Sin embargo, su estudio se concentró en el trayecto de la trocha que marcan las fotografías, de Los Chiles hasta el Delta Costa Rica, y no incluye los caminos de acceso, que también fueron intervenidos por el CONAVI, advirtió. Tampoco incluye la tala de bosque que mostró a la prensa la semana antepasada el diputado Walter Céspedes al norte de Tambor de Sarapiquí, donde hay cientos de árboles enterrados a la orilla de una trocha de 10 km que el CONAVI abrió en medio de bosque y que luego dejó abandonada.
Para Astorga, una de las cosas más urgentes es empezar a trabajar en un plan de manejo que fije los lineamientos de uso de suelo en el corredor fronterizo por donde pasa la trocha.
“Eso me preocupa porque como se metió electricidad y telefonía ahorita empieza a aparecer gente vendiendo lotes  y urbanizando. Y la única manera de parar eso es generando un ordenamiento de ese territorio, y a la gente que ya vive ahí se le pone límites en las actividades que puede desarrollar”.
Se trata de un área silvestre protegida que le pertenece al Estado, donde ya hay mucha gente viviendo, y alguna está arraigada desde hace mucho tiempo. “El problema son los vivillos que se están metiendo y pronto empezaremos a ver construcciones nuevas al frente del río San Juan. Eso hay que controlarlo, igual el uso de la carretera y el tránsito de vehículos que debe haber”, señaló Astorga.
 

 

Recomendaciones

•La comparación sistemática de las fotos tomadas el 25 de mayo del 2012, complementada con trabajo de campo, permitió crear una categorización de tramos en la Ruta, según su condición ambiental.
•A partir de esta categorización ambiental se estableció una priorización de tramos en los que se deben implementar acciones ambientales mitigativas y correctivas, a fin de lograr su equilibrio ambiental y disminuir su susceptibilidad a eventos de erosión.
•Se recomienda la implementación, lo antes posible, de acciones ambientales concretas en los tramos 4.2 y 5.2, que corresponden a los sectores más críticos identificados. Estas acciones deberían realizarse incluso de previo a una intervención de ingeniería de la obra, independientemente de su trazo final.
Fuente: Estudio preliminar de Allan Astorga.