En los últimos meses del gobierno de Rodrigo Carazo (1978-1982), Costa Rica enfrentaba una de las crisis económicas más profundas de su historia. Al mismo tiempo, el resto de Centroamérica parecía a punto de abismarse en un conflicto militar generalizado: ofensivas guerrilleras en El Salvador y Guatemala, guerra civil en Nicaragua e intervención creciente de Estados Unidos en el área. En este contexto, fueron realizados dos importantes seminarios académicos, con participación predominante de economistas y sociólogos, para analizar, entre otros temas, las tendencias de cambio que se manifestaban en la sociedad costarricense.
Los eventos mencionados fueron “Deterioro y Crisis de las Formas de Dominación en Centroamérica”, efectuado en mayo de 1981, y “La situación actual de Costa Rica: la crisis y sus perspectivas”, que se llevó a cabo en octubre de 1982, bajo la coordinación del sociólogo Jorge Rovira. En ambas actividades, los principales asuntos analizados fueron de carácter económico y, con pocas excepciones, se discutió la situación de Costa Rica sin considerar lo que sucedía en el resto del istmo. Pese a este énfasis, algunos de los expositores también se refirieron al impacto social, político e institucional que podría tener la crisis de la economía.
El escenario social más imaginado fue el deterioro de las condiciones de vida y laborales de la población. El economista Juan Manuel Villasuso, tras considerar el impacto de la crisis en la distribución del ingreso, señaló que las políticas anunciadas (que en ese momento apenas empezaban a ser denominadas neoliberales) tenían “…como objetivo fundamental reducir el gasto público, eliminar los subsidios, ajustar los precios internos, y hacer frente a los compromisos internacionales. Esto significa que los trabajadores asalariados tendrán que pagar una buena parte del costo del ajuste, ya sea a causa del desempleo o debido a la reducción de sus salarios reales”.
Pocos académicos, sin embargo, asociaron el deterioro con una creciente conflictividad social. El también economista, Saúl Weisleder, afirmó que necesariamente tales confrontaciones se incrementarían, pero consideró que el Estado podría evitar el recurso a la violencia mediante una distribución adecuada del costo de la crisis entre los distintos sectores de la población. Con respecto a esto último, el sociólogo Manuel Rojas imaginó la puesta en práctica de una política de compensación, en parte financiada con recursos externos: “es posible que se busque frenar el deterioro de las condiciones de vida de las clases subalternas y evitar su manifestación política autónoma, mediante el uso de mecanismos que aparentemente las condiciones actuales del país no permiten (política moderada de concesiones, estímulo limitado a las empresas de autogestión, etc.), pero que podrían ser puestos en funcionamiento con la ayuda externa…”.
A su vez, el economista Jorge Corrales advirtió que las políticas económicas impopulares podían ser variadas por la “acometida” de poderosos grupos de presión. Si bien no especificó si se refería específicamente a organizaciones sindicales, su punto de vista es muy interesante, ya que contrasta con las perspectivas de otros investigadores que eran miembros o simpatizantes de organizaciones de izquierda, quienes acentuaron la debilidad e impotencia de los sectores populares. El sociólogo Manuel Solís fue el que mejor sintetizó este aspecto: “la magnitud de la crisis –hasta la fecha– no guarda proporción con la pequeña presencia (a [sic: o] la gran ausencia) en el plano político-reivindicativo de las clases subalternas. Desde este punto de vista la situación es dura y hasta desesperanzadora. Al parecer estamos pagando el pecado político de  no haber sabido comprender la unicidad de nuestra historia. Esperemos que no haya nadie que sueñe con que el problema de fondo es que la crisis no es lo suficientemente profunda”.