Hace dos años, por una módica suma de $48.000, expertos de la OIT concluyeron que las valuaciones actuariales realizadas con el modelo de la CCSS “son lo bastante precisas”, pues “produce resultados bastante cercanos a los obtenidos usando el modelo de Proyección de la OIT”. (http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/agosto/01/_MMedia/0000010352.pdf )
Hasta el actuario Alejandro Bonilla metió las manos al fuego a través de este Semanario, argumentando que la OIT “cuenta con un equipo de actuarios de distintos lugares, como canadienses, japoneses, latinoamericanos, alemanes, árabes, rusos, entre otros” (véase edición No. 1901).
Cuando se hizo público el “estudio actuarial” de la OIT, preocupado por el dinero de todos los costarricenses, envié una serie de observaciones a la OIT y a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS. Incluí que se solicitara a la OIT el reintegro de esa millonada de fondos públicos (los $48.000), por considerar injusto que la Caja y los asegurados luego salieran perjudicados, pues el informe no está sustentado científicamente. La OIT aún no contesta, mientras que doña Ileana Balmaceda me aclaró que la Institución estaba conforme y no haría reclamo alguno. Una solicitud similar hice al Auditor de la CCSS como parte de sus obligaciones de vigilancia dadas por ley. Usted no lo cree: ¡sigo a la espera de un resultado!
Hoy me causa mucha pena que a 70 años de que actuarios como Mark Kormes (http://es.scribd.com/doc/74982041/Costa-Rican-Social-Security-1?in_collection=3378329 ) y Cecil Nesbitt (http://hpcs.bvs.sa.cr/textos/doc38.pdf) se esforzaron para poner en alto el nombre de la OIT, creando las bases técnicas para establecer el seguro social en Costa Rica, vengan a menos sus esfuerzos.
Lo aclaro facilito: Para el 2011 los expertos de la OIT proyectaron 46.217 pensionados por invalidez, 55.548 por vejez y 59.700 en caso de muerte (161.465 pensionados).  Los datos reales de junio de 2011 fueron 47.684, 71.361 y 60.726, respectivamente (179.771 pensionados). El error de 18.306 pensiones menos estimadas por estos mundialistas no sería tan significativo si no fuera porque 15.813 de ellas son de vejez (error de un 22% en dos años de proyección!), que son las más caras y las que vienen creciendo a un ritmo neto de 5.500 por año. Aun así  mercadean el supermodelo de la OIT, que proyecta que en el año 2017 el IVM tendrá 70.434 pensionados por vejez, cifra que se superó en el 2011, seis años antes. Las estadísticas recientes y las altas tasas de natalidad de la década de 1950  nos indican que a un ritmo de 5.500 pensiones por año, en el 2017 el IVM tendrá más de 100 mil pensiones de vejez, pero estos señores nos quieren sorprender diciéndonos que serán menos que las observadas en el 2011.
Obviamente este “error” –que la Auditoría de la CCSS pasó por alto, hasta donde conocemos, no sé los motivos– y por el que las autoridades de la Caja pagaron $48.000, no sería tan importante si no fuera porque reduce dramáticamente los costos proyectados de IVM, lo cual es una dulce melodía para los oídos de estos jerarcas, ante su cuestionamiento y desacreditación de los últimos años.
Así de claro: Las estadísticas de la CCSS dan cuenta que en 2011 el gasto de IVM fue de ¢501.774 millones, pero la OIT estimó ¢435.792 millones, un error de ¢65.982  millones, de los que ¢52.685 millones son error en la estimación del gasto en pensiones de vejez (un error del 22,5%, similar al cometido al estimar el número de pensiones). Como resultado, los actuarios de la OIT estimaron que el gasto de IVM sobre la masa salarial sería tan solo 6,4% en 2011, mientras que el gasto real resultó en 7,9%. Sin duda alguna, un flaco favor que el actuario canadiense Guilles Binet le hace a la OIT y a nuestro país, tan golpeado en los últimos tiempos por el flagelo de la corrupción.
Este éxito en el arte del maquillaje costó, como dijimos, millones de colones a los costarricenses. La Junta Directiva de la CCSS no ha hecho nada por recuperarlos y don Luis Guillermo López –director de la Dirección Actuarial cuya “valiosa cooperación y apertura” se destaca en el informe de la OIT– no tendrá que preocuparse por el requisito profesional y legal, pues el año pasado la misma Junta derogó el reglamento que obligaba a que ese puesto fuera ocupado por un Actuario. Este arreglo legal nos aclara aún más las dudas sobre el susodicho informe, así como las del maquillaje de los estudios actuariales para justificar beneficios laborales, que “fallaron con diferencias hasta de 100%”, como se informa en la edición No. 1948 de este Semanario, que si bien no es la causa de la bancarrota de la CCSS, sí es el chivo expiatorio.