Diversas instancias tratan de determinar responsabilidades por el desastroso manejo de la trocha fronteriza. (Foto: LANAMME)
Muchas preguntas de la oposición sobre el papel de una comisión de alto nivel  y jerarcas de la Casa Presidencial -como el vicepresidente de la República, Luis Liberman- en torno a la construcción de la maltrecha trocha fronteriza 1856 y críticas por el empeño del Gobierno de defender la  obra y enmarcarla bajo la responsabilidad exclusiva del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
Tal fue la tónica dominante en la comparecencia  del ministro de Seguridad Pública,  Mario Zamora, el viceministro Walter Navarro y el viceministro de la Presidencia,  Mauricio Boraschi, responsable de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el pasado martes 3 de julio ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
 
La comisión de la Asamblea Legislativa investiga denuncias de presuntos actos de corrupción y despilfarro de fondos públicos en la construcción de la vía fronteriza “Juan Rafael Mora Porras”,  también llamada Ruta 1856, el proyecto estrella de la administración de la presidenta Laura Chinchilla.
Este proyecto también es objeto de una investigación de la Fiscalía General, tras una denuncia penal, y otra del  Tribunal Ambiental Administrativo, que determina los daños al entorno natural (ver recuadro “Investigación de la trocha”).
Los máximos jerarcas de la seguridad pública llegaron a la comisión legislativa a exaltar la necesidad de la obra como parte de las acciones emprendidas para la defensa de la soberanía y la seguridad nacional para hacer frente a la invasión del ejército nicaragüense a isla Calero en octubre del 2010, y amenazas a los pobladores de la zona fronteriza por porte de los efectivos del  vecino país.
“No podemos perder de vista que somos un país invadido, donde la presencia de los nicaragüenses se mantiene y se consolida todos los días”, remarcó Navarro, tras una exposición de Boraschi, en la que mostró fotografías sobre un reforzamiento de la presencia militar de Nicaragua en la zona, la construcción de un aeropuerto controlado por el ejército de ese país y una trocha fronteriza que también estarían construyendo en la otra orilla del San Juan, entre otros detalles.
Ante la  pregunta del diputado Manrique Oviedo, acerca de si hay una comisión de alto nivel que toma decisiones sobre la trocha, Boraschi aseguró que lo que existe es una comisión integrada por viceministros y representantes de una serie de instituciones que da seguimiento a acciones para cumplir con el mandato de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en relación con el manejo de la situación en isla Calero.
La función de dicha comisión es ver el avance de las obras que corresponden a cada una de las instituciones involucradas, en el ámbito de la competencia de cada una. En ese marco se recibían informes de los representantes del Consejo Nacional de Vialidad  (CONAVI), entidad encargada de la trocha, pero ahí no se tomaban las decisiones, aseguró Boraschi, encargado de convocar a las reuniones.
En la comisión había representantes de la Presidencia, Ministerio de Seguridad, la Cancillería, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), CONAVI, Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y en algún momento del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), relató Boraschi.
Según el viceministro, el tema de la comisión de alto nivel  se ha “mitificado”, pues afirmó que en lo relativo a la trocha “lo que hacíamos era recibir información del CONAVI, que era el que desarrollaba esas obras. Lo  que hicimos en un inicio las autoridades de seguridad fue pedir que nos mejoraran los accesos a las diferentes poblaciones. Nosotros nos abocábamos a darle cumplimiento (a las obras),  me refiero a la construcción de las torres (de telecomunicación), agua, electrificación, todo lo que ocupábamos para la vigilancia de esa zona. Y paralelamente, el CONAVI  y cada institución encargada dentro de su ámbito de competencia funcional y dentro de su presupuesto, hacía las obras que le correspondía”, explicó.
Pero la Corte Internacional no ordenó que se construyera la carretera fronteriza. ¿Quién tomó la decisión de que se ampliaran las obras a la construcción de la trocha?, inquirió Oviedo, del Partido Acción Ciudadana.
“Cuando se inicia este proceso –respondió Boraschi sin mencionar nombres-  la primera solicitud que se hace es la reparación de las vías de aproximación” a la zona fronteriza.
José María  Tijerino, ministro de Seguridad de entonces, le solicitó al ministro Francisco Jiménez y a la gente del MOPT y el CONAVI,  que ampliaran las vías del cantón de Sarapiquí, en lo referente al Delta Costa Rica, boca del río Sarapiquí, Puerto Lindo en el cantón de Pococí y en el cantón de Los Chiles las ubicaciones del lugar llamado puesto policial La trocha.
“A partir de ahí el CONAVI, con recursos propios y decisiones internas, inicia los trabajos a solicitud y por interés de defensa en materia de seguridad. Es dentro del propio CONAVI que se toman las decisiones, que luego permiten ampliar lo que ya ellos venían trabajando, de manera que el objetivo estratégico que se buscaba era poder unir los diferentes puntos a través de las vías de aproximación”, dijo Boraschi.
Negó que a las reuniones de la comisión llegaran asesores de la Casa Presidencial que no necesariamente trabajan para las mencionadas instituciones, como el empresario Carlos Espinach o Adrián Chinchilla, hermano de la presidenta. “No, por lo menos en las reuniones que yo estuve no llegaron”, sostuvo Boraschi ante una pregunta de Oviedo relacionada con informes de la presencia de esas personas en asuntos de la trocha.
Asimismo, rechazó que participara el vicepresidente Luis Liberman, a lo que el diputado le repuso: “Es muy serio lo que está diciendo, porque don Luis  me dijo que él participaba”.
Cabe mencionar que fuentes allegadas a la sede presidencial han afirmado que el Vicepresidente ha presidido allí sesiones de alto nivel relacionadas con la construcción de la trocha. También personas vinculadas a los trabajos le atribuyen haber intervenido en decisiones como la de meter la maquinaria a un humedal protegido, entre otras.
El pasado 15 de abril, Liberman encabezó junto con el entonces director ejecutivo del  CONAVI, Carlos Acosta, y los ingenieros encargados del proyecto, una caravana ciclista con la que se inauguraba el uso de la vía.
El vicepresidente manifestó –ante una consulta del Semanario acerca de cuál fue su participación en la trocha- que su intervención ha sido una de carácter político, cuando se tomó la decisión de ir adelante con el proyecto de la Ruta 1856 y asegurarse que el aparato estatal se moviera en la dirección acordada. “Las decisiones técnicas de dónde y cómo hacer la trocha correspondía a ministerios y órganos competentes y yo no participé de ellas”, afirmó.
También se le preguntó sobre el uso dado a una millonaria contribución solicitada a las empresas contratadas en la trocha, para realizar la menciona carrera ciclista, la que en su momento provocó disgusto entre los empresarios al enterarse de que en la actividad solo había sido empleada una mínima parte de los fondos solicitados.
“Desconozco de si se solicitó ese dinero, ni cuanto fue, ni cómo se invirtió. Yo me limité a dar la idea de esa actividad en la que participaron más de 4.000 ciclistas. En la organización de esta actividad participaron muchas personas e instituciones como el ICODER, CONAVI, la Cruz Roja, la CCSS, el Ministerio de Seguridad y algunos representantes de los constructores”, respondió Liberman.
INACEPTABLE
En la comparecencia ante la comisión legislativa, Boraschi aseguró que no hay actas o minutas de las sesiones de la mencionada comisión de viceministros, lo que para el diputado Oviedo es “inaceptable desde todo punto de vista”.
“No puedo aceptar como diputado su respuesta. Bajo ninguna circunstancia, como representante de los ciudadanos costarricenses, puedo aceptar que ante un problema de tal magnitud se actuara con tanta ligereza. No puede ser  que se conforme una comisión de altísimo nivel para enfrentar esta situación y usted me venga a decir ahora que cada quien tomaba sus apuntes. ¿Y el seguimiento de los acuerdos cómo se hacía?, recriminó Oviedo.
Se preguntó cómo se puede gobernar el país con personas actuando con esa ligereza, habida cuenta de que se estaba hablando de un tema de seguridad nacional, y de una las obras de infraestructura más relevantes para el país, si no la más relevante, “y ellos con gran tranquilidad dicen que no hay actas”.
En un sentido similar, el socialcristiano Walter Céspedes cuestionó que en una situación de emergencia y de seguridad nacional tan grave -como la llegó a describir Boraschi-, ninguno de los ministros ni presidentes ejecutivos de instituciones de entidades públicas que forman parte de la junta directiva de la CNE como miembros propietarios, hubiera participado en las sesiones donde se aprobaron el plan general de emergencia y los planes de inversión.
En ninguna de las 61 sesiones de la junta directiva de la CNE -realizadas desde que empezó la administración Chinchilla- han participado dichos jerarcas, ni siquiera cuando se aprobó el plan de inversión de la trocha, ni cuando se aprobó delegar en el CONAVI la unidad ejecutora para que se encargara de la obra, apuntó Céspedes.
“Es grave tener una CNE donde se declara un estado de emergencia por una situación con un conflicto con Nicaragua, y a ningún ministro le interesó -ni le dio la gana-  cumplir con lo que dice  la ley (general de emergencias), que es asistir a las reuniones de la CNE. ¿Si era tan grave el caso, por qué  no estar ahí y dejar que sean otros los que resuelvan?”, cuestionó Céspedes.
Ahí se discutió el plan de esta emergencia, la designación de las unidades ejecutoras de este plan, la definición de la estrategia y acciones para enfrentar la emergencia, los planes de inversión y la designación de los recursos necesarios para el desarrollo de esas acciones, señaló.
Dirigiéndose a Zamora le recriminó que “usted no asiste a las sesiones de la junta directiva conociendo que es director propietario y solo en casos de ausencia justificada puede ser sustituido por su viceministro, según dispone el artículo 17 de la ley de emergencias, y usted nunca mandó un respaldo para ser sustituido; o sea, usted es uno de los que hay llevar a la Procuraduría de la Ética, aunque en este Gobierno ya eso no los asusta”, dijo el diputado.
Zamora contestó que el diputado hace “una interpretación jurídica que no comparto; yo me siento excelentemente representado en la CNE por don Walter Navarro”. Dijo que la ley general de policía y la ley general de administración pública establecen las facultades de delegación, en virtud de lo cual tiene como representante al viceministro.
Por otro lado, Céspedes leyó citas de actas de la directiva de la CNE, donde participantes se refieren a la necesidad de consultar a la comisión de alto nivel decisiones relacionadas con la atención de esta emergencia.
La conclusión del legislador es que “todo lo que tiene que ver con las decisiones de la trocha lo conocía y fue comentado en la comisión de alto nivel”.
“Eso está probado; lo que pasa es que no quieren reconocerlo; imagínense que (Boraschi) dijo que Liberman no tuvo nada que ver con la trocha, y (el vicepresidente) estuvo inaugurando una carrera ciclista” en la trocha, argumentó Céspedes.
 

 
Investigación de la trocha
A la comisión de Ingreso y Gasto Público debe ser llamado próximamente el exministro del MOPT, Francisco Jiménez, quien fue destituido por la presidenta Chichilla en mayo pasado, en un aparente intento de acallar el escándalo que se veía venir en ese momento por las denuncias de corrupción alrededor del proyecto fronterizo.
La remoción del ministro se produjo inmediatamente después que este denunció ante el  Ministerio Público la supuesta recepción de dádivas de los contratistas, por parte de dos ingenieros del CONAVI encargados de la obra, en la que se habrían gastado unos ¢30.000 millones.
La Fiscalía investiga el caso y espera informes técnicos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras allanamientos y secuestro de documentos realizados en las oficinas del CONAVI, la Comisión Nacional de Emergencia y unas 35 empresas contratadas.
A su vez, el Tribunal Ambiental Administrativo realiza una investigación de oficio sobre el daño ambiental causado, y está próximo a emitir un primer informe sobre la cuantía y las responsabilidades del perjuicio medioambiental.
La obra se hizo sin planificación ni diseños y con errores técnicos elementales, como falta de cunetas y drenajes en algunos tramos, por lo que gran parte de la inversión podría perderse con los aguaceros de la actual estación lluviosa, advirtieron sendos informes técnicos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, y del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, que recomendaron urgentes medidas de mitigación y mantenimiento para evitar el desastre. Por lo menos cinco puentes ya quedaron inservibles y sectores de la vía intransitables, según reportes de vecinos de la zona.