Las críticas por la permanencia en sus cargos del segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman, y del ministro de Educación, Leonardo Garnier, por el caso de las cartas de recomendación a la empresa Procesos y el posterior informe de la Procuraduría de la Ética, han llevado a los partidos de oposición a tener de nuevo un frente común que les permite aliarse.
Así lo manifestaron diputados y diputadas de distintos partidos a UNIVERSIDAD, quienes concuerdan en que la presidenta Laura Chinchilla al no destituir, pedir renuncias o sancionar a estos funcionarios públicos, demuestra que su gobierno carece de consistencia.
De la misma forma, otros congresistas se unieron con el fin de presentar un proyecto que propone modificaciones a la “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito”, que traería varios cambios que castigarían con penas ciertos actos indebidos y protegerían a las personas denunciantes (ver nota aparte: “Ley anticorrupción pretende fortalecer transparencia”).
La presidenta Chinchilla emitió la semana pasada dos resoluciones, en las que absolvió a ambos funcionarios de haber cometido cualquier falta a la ética.
INCUMPLIMIENTO
Juan Carlos Mendoza, diputado del Partido Acción Ciudadana, aseguró que permitir que Liberman y Garnier se mantengan en sus cargos es un incumplimiento a la ley anticorrupción, que es muy clara en lo que al manejo de cartas de recomendación se refiere. Comentó que es inconcebible que declare que la legislación es confusa, porque ella misma la votó cuando fue diputada, durante el periodo 2002-2006.
En su opinión, este hecho está favoreciendo la alianza de los partidos de oposición. “Salen muy naturalmente, ante la testarudez y la forma obcecada en que el Poder Ejecutivo actúa;  deja muy claro el camino”.
Cuestionó que es lamentable que no se reconozca lo que la ley dictamina, y que estos integrantes del Gobierno generan normas éticas a su criterio.
La legisladora del Movimiento Libertario, Patricia Pérez, también refutó la postura del Gobierno, al afirmar que por factores menores ha pedido la renuncia o destituido a otros ministros, como el de Deportes, William Todd, o el de Obras Públicas y Transportes,  Francisco Jiménez.
Agregó que desde que la Alianza por Costa Rica perdió el control de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, no había surgido ninguna circunstancia que reuniera de nuevo a la oposición.
Citó que Garnier no ha entendido que ejerce una posición de poder, y que ante esa coyuntura, es que tiene una connotación el tema de recomendar o certificar, como lo hizo con la empresa de Flor Isabel González, exasesora de Chinchilla.
Mientras tanto, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Walter Céspedes, opinó que no sancionar significa irrespetar una investigación hecha por el abogado del Estado, que es la Procuraduría, así como a la institucionalidad del país.
A su parecer, existe una protección a cierta clase privilegiada, a la cual no “quiere golpear”, para no perjudicarla en la vida política.

 
Presidenta asumió posición poco crítica
La mandataria Laura Chinchilla pudo haber tenido una posición más fuerte en el caso Garnier-Liberman, pues era una oportunidad política para recuperar prestigio ante la ciudadanía, señalaron analistas.
El sociólogo José Carlos Chinchilla expuso que en otro momento, las faltas a la ética de Leonardo Garnier y Luis Liberman -que fueron detalladas por la Procuraduría- habrían pasado inadvertidas, pero que en la actualidad hay una tensión social muy grande acumulada por las actuaciones de varios funcionarios estatales que las evidenció.
Piensa que la gobernante pudo haber asumido una posición más crítica, pero que en su gabinete hay una sensación de “soledad”, que la lleva a no desprenderse de estas dos figuras. Por ende, ha preferido asumir el costo político, antes que perder a fichas cercanas.
Aún así, cree que a la oposición solo la va a unir una eventual candidatura de Rodrigo Arias en el Partido Liberación Nacional, aunque ahora los partidos aprovechan la situación para golpear indirectamente la imagen del Gobierno.
“Hay una coincidencia de que no está bien lo que pasa y los diputados tratan de exorcizarse ante la comunidad nacional para recuperar un poco el terreno perdido, y aprovechan la coyuntura para mejorar su imagen. Pero, muchos de los partidos que se oponen, también  tienen desórdenes internos”, comentó.
Según Chinchilla, en este tema la gran perdedora es la presidenta, porque ya tomó una decisión y difícilmente va cambiarla, lo que es un costo más contra su gestión, por no haberles dado ni una amonestación para demostrar que no comparte ese tipo de prácticas.
Por su parte, el abogado y politólogo Francisco Barahona explicó que la destitución habría sido la más fuerte de las reacciones, pero que también pudo haber sancionado a estos dos funcionarios.
Recordó que el tema no está totalmente resuelto, ya que está pendiente una investigación del Ministerio Público, y que si más adelante se encuentran pruebas de que hubo violación a la ley, a la mandataria no le quedará más remedio que actuar; por ahora parece que está ganando tiempo.
Para Barahona, este hecho no es un motivo fuerte para que la oposición se presente como alianza en las próximas elecciones, por lo que tiene que haber otros elementos más fuertes que los unan.
Incluso, criticó al Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), al que calificó como “casuístico” y de carecer de profundidad ideológica, dado que en ocasiones puede actuar como oposición, y en otras como apoyo del Gobierno, dependiendo de los intereses que maneje.

 
 
Ley anticorrupción pretende fortalecer transparencia
El proyecto para modificar la “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito” pretende proteger a las personas que denuncian actos indebidos en la función pública y equiparar las sanciones con las que establece el Código Penal.
Dicha propuesta se presentó en medio de la polémica del caso de las firmas de cartas de recomendación por parte de Leonardo Garnier y Luis Liberman. Aunque en este caso en particular la ley es muy clara, el contexto impulsó que congresistas de oposición presentaran dichos cambios.
Yolanda Acuña, del Partido Acción Ciudadana y una de las proponentes, explicó que se busca dar garantía a quienes denuncien, ya que muchas personas no lo hacen por miedo a perder el trabajo o a represalias.
Comentó que ligar esta ley con el Código Penal, es esencial porque hay muchos actos de corrupción que quedan en la impunidad y no terminan legalmente como debería ser.
La iniciativa fue elaborada en conjunto por la Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
Sobre el tema, el magistrado de la Sala Primera, Román Solís, cree que las reformas del proyecto son necesarias, ya que no solo se pretende ajustar la ley a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, sino también incorporar nuevas modalidades de conductas que pueden realizar los funcionarios públicos susceptibles de ser   investigadas y sancionadas, así como ampliar la cobertura de  funcionarios estatales  que quedan sometidos a esta ley, tanto en sus penas como en la presentación de la declaración jurada de bienes.
“En su conjunto, todas las reformas planteadas son importantes  para mejorar  las herramientas legales de lucha contra la corrupción. No debe confundirse estas regulaciones, que tienen un sustrato punitivo y disciplinario  con las  actuaciones de la Procuraduría de la Ética, cuyas actuaciones quedan en el ámbito del deber ser, y sus recomendaciones  no son vinculantes  para el jerarca  administrativo”, puntualizó.