Una coalición de organizaciones sociales aglutinadas en torno a la llamada propuesta de “Las diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” está articulando una alianza de fuerzas sociales para defender la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en momentos en que se avecinan situaciones difíciles en los próximos meses, por los recortes de gastos que se están implementando en la institución y que repercutirán en un mayor deterioro de la atención y los servicios en hospitales y clínicas en los próximos meses.
Los representantes consideran que no hay mayor avance en los cambios recomendados por una comisión de notables el año anterior, para resolver la crisis financiero-administrativa de la Caja, contrariamente a lo que afirman los jerarcas de la institución, de que ya habrían aplicado la mayoría de las 81 recomendaciones.
 
Tal como propusieron representantes en una reunión celebrada la semana pasada en la sede de la Iglesia Luterana de Costa Rica, solo con una reacción social se podrá lograr que las cosas mejoren en la Caja. Para esto es necesario también hacer alianza con la gente que quiere hacer las cosas bien en la institución, pero que están desarticuladas y sometidas a presiones por grandes intereses que se mueven dentro y fuera, para debilitarla y justificar la privatización de la seguridad social.
Mientras tanto, tras una serie de denuncias que se han venido presentando ante el Ministerio Público, la comisión legislativa sobre la Caja, y la Contraloría General de la República (CGR) -entre otras instancias-, el pasado 10 de julio vino un primer resultado con un informe del órgano contralor, que ordena a la junta directiva y la presidencia ejecutiva de la CCSS una serie de medidas de carácter obligatorio, para corregir deficiencias en la administración de los recursos del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a cargo de la Gerencia de Pensiones de la CCSS (con un fondo que alcanza alrededor de ¢1.4 billones, propiedad de la población asegurada del país).
La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la GGR encontró una serie de debilidades en la administración de los recursos financieros de IVM, que van en detrimento de un manejo sano y equilibrado de los recursos que conforman dicho régimen de la CCSS, y por ende repercuten negativamente en su solidez en el corto, mediano y largo plazo, dijo  la Contraloría (ver recuadro “Debilidades del IVM”).
La Superintendencia de Pensiones presentó desde setiembre pasado una denuncia penal ante la Fiscalía y otra denuncia ante la CGR, contra varios jerarcas de la CCSS, por no presentar en tiempo requerido estados financieros auditados de IVM, y la no  presentación de varias actas del comité de inversiones del IVM.
DEFENSA
De la iniciativa pro defensa de la seguridad social forman parte el Colegio de Enfermeras, el Sindicato Nacional de Enfermería, la Iglesia Luterana, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, el Consorcio de Gestión de la Economía Social y otros.
Según el obispo luterano Melvin Jiménez, el movimiento ha tomado como una bandera la defensa de la Caja de Seguro Social, un asunto que trasciende a gremios y sindicatos, y compete a todas las personas que cotizan para la seguridad social (ver recuadro “Defensa de la Caja es la bandera”).
En el encuentro se habló de la necesidad de aglutinar fuerzas sociales, no solo para exigir rendición de cuentas de lo que está pasando en la Caja y el fin de la impunidad, sino para respaldar a funcionarios que han tenido la valentía de denunciar anomalías que deben ser corregidas en la institución, a pesar de las presiones y represalias de jefaturas.
Al respecto se menciona el caso del funcionario Daniel Muñoz, jefe del Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial, a quien se le cesó el nombramiento y se le envió a un puesto inferior, tras denuncias que ha venido haciendo sobre el manejo de las inversiones del Comité de Inversiones con los fondos del IVM y actuaciones del director actuarial de la CCSS, Luis Guillermo López, entre otros.
El pasado 24 de mayo, Muñoz interpuso una denuncia ante la Fiscalía General contra López, por “presunto conflicto de interés lesivo para el interés público”. La denuncia fue enviada también a la Auditoría interna de la CCSS, la CGR, la Superintendencia de Pensiones, la Procuraduría de la Ética, la Defensoría de los Habitantes y el Colegio de Profesionales en Ciencias Médicas.
Muñoz –quien entregó gran cantidad de documentación a la Fiscalía para la investigación- dice poseer evidencia que apunta a que la decisión de cortarle abruptamente el nombramiento interino que ha desempeñado por siete años, no surge de la intención de ahorrar recursos a la Caja, como se argumentó, sino de detener los estudios del Área de Investigación Económica que él venía encabezando. Esto, por cuanto los hallazgos preliminares de tales investigaciones demostrarían la presunta corresponsabilidad de López en la debacle financiera del Seguro de Enfermedad y Maternidad de la CCSS, al haber presentado informes actuariales positivos sobre la presunta salud financiera de la institución, a pesar de que los propios estudios de la Dirección Actuarial y otros venían advirtiendo sobre los números en rojo que tenía la institución.
 

 
Debilidades del régimen de IVM
Existe una serie de errores en el registro contable de las principales cuentas, las cuales han sido señaladas por la Auditoría Interna de la CCSS, el Despacho de Auditores Externos, la Superintendencia de Pensiones y la CGR, sin que la administración haya tomado acciones correctivas.
Se observaron riesgos operacionales con respecto a las inversiones en títulos valores, específicamente, las operaciones de compra y venta de títulos entre IVM y el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM). Se observa un deterioro de la cartera crediticia en los créditos hipotecarios otorgados por IVM.
Entre otras cosas, se le pide a la Junta Directiva de la CCSS girar las instrucciones pertinentes a la Gerencia de Pensiones para que se formulen y sometan a aprobación de la junta directiva, en un plazo máximo de 45 días hábiles, las acciones que correspondan para corregir las deficiencias en el registro y presentación de las cuentas correspondientes a la cartera crediticia y sus ajustes, así como su estimación, de forma que se provea de razonabilidad a los saldos a la fecha de corte de los estados financieros.
Además, que proceda a establecer los mecanismos de control necesarios que garanticen el cumplimiento de los acuerdos de la junta directiva, de forma tal que se cuente con la información necesaria para garantizar la toma de decisiones oportunas, y que no se pongan en riesgo los recursos de las reservas del IVM.
Fuente: informe de la CGR.
 

 
Defensa de la Caja es la bandera
El obispo luterano Melvin Jiménez dijo que el movimiento de las diez medidas ha tomado como una bandera la defensa de la Caja del Seguro Social. “Es una bandera ciudadana que trasciende a gremios y sindicatos, porque todos los costarricenses cotizamos, y porque la mayoría de los sectores excluidos estamos afectados con lo que sigue pasando en la institución, y no se ven cambios importantes para beneficio de la población”.
Quienes sabemos lo que ha significado la seguridad social y la Caja en este país, hoy tenemos que ir a fondo a buscar verdad de lo que está pasando, para preservar esa institución incólume para el país.
Todos nosotros tenemos una madre, un hermano, un hijo que está esperando en la fila para ser tratado de cáncer, para una operación o para ser atendido simplemente porque no puede ir a otro lugar; esa es  una manera de matar a la gente, cuando todos hemos pagado para tener un sistema de seguridad.
A veces las autoridades que están al frente de la institución se aprovechan, y salen escándalos, pero la cosa continúa, y mientras tanto lo cierto es que hay 400.000 personas que están esperando cita en la Caja, y el problema continúa, expresó Jiménez.