Para el exdiputado oficialista y hoy banquero, Francisco Antonio Pacheco, el principal reto para resolver por la segunda gran Comisión de Notables a que recurre un gobierno costarricense,  es el  ¿por qué la Asamblea Legislativa no funciona? ¿Por qué a veces los proyectos del Gobierno no se votan en un plazo razonable? ¿Por qué los diputados consultan tanto a la Sala IV? ¿Por qué hay tanto control previo sobre el Estado y, a menudo, eso no impide la corrupción?
En recientes declaraciones atribuidas a Pacheco por el diario La Nación, más  que respuestas, el grupo deberá recomendar soluciones que hagan viable la gobernabilidad del Poder Ejecutivo que, según este, sufre una crisis que resta  su credibilidad.
Esta Comisión, integrada además de Pacheco, por el abogado y exministro de Justicia Fabián Volio; el exdiputado de oposición Constantino Urcuyo; el exdiputado de izquierda y exembajador Vladimir de la Cruz; el abogado constitucionalista Manrique Jiménez; y el expresidente de la CCSS y magistrado suplente Rodolfo Piza Rocafort, deberá dar sus recomendaciones en noviembre próximo.
Es menester recordar que ya en agosto  2005 -casi siete años antes-  el expresidente Abel Pacheco recurrió también a la integración de una comisión de notables, aduciendo entonces motivos similares. Desde entonces “la gobernabilidad” mueve los labios de los inquilinos de El Zapote.
Para la Presidenta Laura Chinchilla,  el excesivo intervencionismo de la Sala Constitucional en la aprobación e implementación de las leyes es uno de los grandes obstáculos que sufre el Gobierno. De hecho, la Comisión de Notables posiblemente  se referirá en su dictamen final a  las relaciones entre el Gobierno y los demás poderes, y especialmente con la Sala IV, así como con   la sociedad civil.
Al anterior escenario se antepone otro, a veces invisibilizado por agentes históricos, políticos, culturales y económicos, pero que sale a flote y puede divisarse con solo cambiar los lentes color de rosa con que a veces vemos a este territorio considerado entre los más felices del mundo.
Los miembros de la actual Comisión de Notables deberán divisar que la sociedad costarricense es, desde antes de la independencia de España, un conglomerado dirigido por líderes caudillistas. Dirigentes de los que carece la sociedad costarricense y la planetarización de la economía hizo a un lado, en caso que los hubiera. Explicado así, resulta mejor: para la clase que alega ingobernabilidad es un acto de gobernabilidad no tener que dar cuenta a nadie por ¢25 mil millones tirados en la trocha fronteriza con Nicaragua.
Dada la rapidez de la información dentro de la economía globalizada, la gente fuera del Gobierno no solo se enteró del asunto casi en tiempo real, sino que exige una explicación sobre el paradero de este dinero y las acusaciones penales contra los responsables. Para los ciudadanos resulta “ingobernabilidad” e “irresponsable” que un Gobierno, en este caso el de Chinchilla, acuda a la “gobernabilidad” de la ley de emergencia para construir dicha vía con dineros que nadie sabe dónde están. En este caso, la ley de emergencia sí funcionó dentro de la gobernabilidad que exige el gobierno, no así para la sociedad civil.
La “ingobernabilidad” por resolver por la Comisión de Notables se las trae. Otro caso: la Procuraduría de la Ética consideró un problema de índole moral  el hecho de que el Ministro de Educación, Leonardo Garnier, y el Vicepresidente, Luis Liberman, entregaran  cartas de recomendación a una empresa privada que contrató el Estado. Para la presidenta Chinchilla y su equipo esto no es un problema ético mayor.
En la contratación de la empresa privada por parte del Estado funcionó “la gobernabilidad”, pues se hizo con apego a la ley de contratación administrativa, según parece, mas no así el dictamen de la Procuraduría de la Ética, por cuanto el gobierno de Chinchilla obvió sanciones contra Garnier y Liberman.
Esta omisión a los principios éticos, pues hubo diputados que esperaban sanciones mínimas contra los dos altos funcionarios del Ejecutivo, condujo a que el Congreso paralizara la aprobación de fondos provenientes de venta de bonos que beneficiaría  a 700.000 costarricenses. Esta paralización en la Asamblea Legislativa es un ejemplo de “ingobernabilidad” para Chinchilla y de “gobernabilidad” para otros sectores, como los sindicatos,  que ven  justo y conforme el actuar de los diputados cuando hay de por medio fondos públicos.
Hay un tercer escenario que a veces asoma tenuemente a quienes ostentan vista perfecta de 20/20. Es el plano internacional. El gobierno costarricense no acusa hasta ahora a sus opositores de colocar obstáculos para  su gobernabilidad, frente a las naciones del orbe. Sin embargo, la suerte no ha estado al lado de Chinchilla ni de su equipo, pues surgen como maldición gitana cuando menos ella piensa.
Al amparo de la “gobernabilidad” de la ley de emergencia, que facilitó dineros para la trocha fronteriza, el Gobierno cortó a diestra y siniestra toda clase de árboles, muchas de cuyas tucas sirvieron como puentes transitorios, otras desaparecieron y una cuantas aparecieron luego enterradas. La gobernabilidad de la emergencia así lo exigía.
Cuando todo parecía que los costarricenses tendrían una carretera que se convertiría en una especie de “canal seco”, suceden dos noticias que dan al traste con la “gobernabilidad” costarricense: La Corte Centroamericana de Justicia, a la cual nuestro país niega competencia, condena a San José por la trocha y la destrucción ambiental. Como si fuera poco, en tiempo récord, el parlamento de Nicaragua aprueba la construcción en un plazo de diez años de un canal, utilizando las aguas del río San Juan.
La “competitividad” de estas dos vías de comunicación no debería preocuparnos en tiempos de globalización, sino deberíamos fijarnos en “la gobernabilidad”. ¿O será qué hay alguna consigna internacional para aumentar a doña Laura la “ingobernabilidad?