La CGR lleva avanzada la investigación relativa a la construcción de la polémica Ruta 1856, junto al fronterizo Río San Juan de Nicaragua. (Foto: archivo)
Los recursos públicos empleados por el Gobierno en la polémica ruta fronteriza 1856 suman a la fecha ¢24 045 millones, según datos presentados por la Contraloría General de la República (CGR) la semana pasada a la comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
La cifra incluye ¢21 628 millones de “recursos propios” que el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) destinó a la Ruta 1856 —conocida como la Trocha fronteriza—, de un total de ¢42 151, 5 millones presupuestados para la obra.
También, incluye ¢2523 millones de un total de ¢18 993 millones que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) le depositó al CONAVI a inicios de este año para invertir en la carretera. El resto de esa suma permanece a cuenta del CONAVI en la caja única del Estado, dijo la Contralora Marta Acosta.
SIN DIENTES
La investigación, que la CGR realiza sobre el uso de los fondos públicos en la Ruta 1856, está importantemente avanzada, aseguraron los representantes de la entidad contralora, sin precisar cuándo podría estar concluida.
Al concluir la investigación, la CGR podría remitir, eventualmente, el caso a la división jurídica para iniciar un procedimiento administrativo a los involucrados, explicó Acosta.
Ante una pregunta del diputado Walter Céspedes, de si un reciente fallo de la Sala Constitucional le restó músculo a la CGR, Acosta reconoció que a la entidad “se le quitaron dientes”.
El fallo de la Sala IV se produjo el mes pasado a raíz de una impugnación presentada contra el artículo 72 de la ley orgánica de la CGR, relativo a las inhabilitaciones.
Sobre el caso de la Trocha fronteriza, el Ministerio Público (Fiscalía) actualmente lleva a cabo una investigación paralela con motivo de denuncias presentadas sobre supuestas dádivas o comisiones de las empresas, proporcionadas a funcionarios del CONAVI que las contrataban.
Aunque no estaba en el plan inicial de la emergencia, la Ruta 1856 fue iniciada en setiembre del 2011, y una de las interrogantes por despejar aún es cuál autoridad de alto nivel dio la orden de hacer la vía. El Gobierno sostiene que la carretera responde a la necesidad de defender la soberanía ante las amenazas de invasión por parte de Nicaragua.
El diputado Walter Céspedes cuestionó cómo es que el CONAVI —entidad ejecutora de la obra— sigue pagando facturas a las empresas contratistas, sin que haya terminado la investigación del Ministerio Público sobre el uso de los recursos (ver recuadro “Contra la normativa”).
RECORTES
La presidenta de la comisión legislativa, Patricia Vega, preguntó de dónde obtuvo el Gobierno los recursos para la Ruta 1856 y qué se dejó de hacer.
Acosta recordó que en marzo del 2011 el Gobierno declaró estado de emergencia y en octubre de ese año trasladó ¢5000 millones a la CNE, mediante decreto ejecutivo. En diciembre, el Gobierno trasladó a la CNE otros ¢18 102 millones.
En marzo del 2012, la CNE le depositó al CONAVI ¢18 993 millones y en mayo del 2012, el CONAVI había ejecutado ¢2523 millones.
Los primeros ¢5000 millones se obtuvieron del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), ¢4560 millones eran de plazas de seguridad ciudadana, ¢251 millones de la Policía de Control de Drogas y ¢189 millones del Servicio Nacional de Guardacostas.
Los otros ¢18 102 que se trasladaron a la CNE se obtuvieron de la subejecución presupuestaria (metas o proyectos que se dejaron de hacer) a diciembre del 2011, y eran ¢5000 millones del Ministerio de Hacienda, ¢4000 de Educación, ¢4000 de Seguridad, ¢950 del Tribunal Supremo de Elecciones, entre otras instituciones.
En total, la CNE recibió ¢23 102 millones, de los que trasladó al CONAVI ¢18 993. Asimismo, se gastaron ¢360 millones en el plan de inversiones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, ¢5 millones en sobrevuelos en la Isla Calero; ¢693 correspondientes al artículo 44 del Fondo Nacional de Emergencias; ¢32 millones en compra de equipo para la vigilancia fronteriza; ¢128 millones para la Cruz Roja, todo por un total de ¢1218 millones. De tal manera que quedó un saldo disponible en la CNE de ¢2891 millones, puntualizó Acosta.
Acosta detalló que los recursos del MSP se trasladaron por plazas vacantes que no habían sido ocupadas durante el año 2011; del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se traspasaron porque no se dio el traslado de la Central de Transbordadores de Puntarenas, entre otros proyectos infructuosos.
En Hacienda, se canceló el proyecto de tributación digital y no se realizaron algunas de las contrataciones que se tenían previstas para el año 2011. En el Ministerio de Educación, no se concluyó con algunos proyectos para dotar de recursos audiovisuales, la conformación de recursos educativos y del sitio web, y tampoco se realizó una conexión entre edificios centrales y sedes regionales.
Con respecto al CONAVI, lo que se iba a invertir en la Ruta 1856 estaba presupuestado dentro del programa “Obras varias y ajustes, atención de emergencias y otros”. Para darle contenido al proyecto, en el 2011, se hicieron modificaciones presupuestarias. Los recursos los tomaron de la conservación de la red vial de asfalto,  la conservación de la red lastre y tierra, y de la demarcación vial.
En el 2012, igualmente, se le da contenido al proyecto, por ¢24 151.5 millones, de los cuales se ejecutaron solamente ¢7154 millones, incluidos los ¢2522 millones que se utilizaron de los fondos trasladados por la CNE.
Nuevamente se reasignaron recursos de la conservación de la red lastre y tierra, de la construcción de puentes menores, mejoramiento de la ruta nacional Coralito-Las Mellizas, el diseño y construcción el puente sobre la Quebrada Seca, entre otros proyectos.
Acosta agregó que en junio del 2012, en el proyecto de la Ruta, también hay aportes de ¢1055 millones del Instituto Costarricense de Electricidad (cámaras, acceso a Internet y otros), ¢45 millones del MSP, ¢118 millones del MINAE, ¢2,1 millones de la Caja Costarricense de Seguro Social y ¢142 millones del MOPT (dineros de las cuadrillas, combustibles, transportes y personas que se fueron a laborar en la Ruta una vez que CONAVI dejó de financiar las obras).
El diputado Manrique Oviedo solicitó a la Contralora darle especial seguimiento al tema de la compra de puentes Bailey para la Trocha. Dijo que él se ha encontrado con que se cotizaron puentes de 6,67 de ancho y llegaron puentes de 6,15; se cotizaron y tasaron puentes de un grado de acero 1.60 y llegaron puentes 1.50. Además, la semana antepasada se encontró un puente ubicado dentro de una finca privada, relató el diputado, del Partido Acción Ciudadana.
Acosta respondió que “la situación con los puentes a nosotros también nos preocupa, y ya estamos haciendo una investigación sobre el tema; son muchas las contrataciones que estamos investigando en este momento”.
 

 
Contra la normativa
El diputado Walter Céspedes recordó que en la trocha no se hicieron contrataciones para realizar las obras, sino que lo que se hizo fue alquilar maquinaria, mediante un procedimiento que violenta la normativa e incumplió tres decretos que dicen cómo se debía contratar.
La pregunta que surge es cómo el nuevo ministro del MOPT y el nuevo director del CONAVI, que no estaban al tanto de la mecánica y el seguimiento de los trabajos en la trocha, toman la decisión de meter en la lista de pagos a un montón de empresas que aparecen ahora cobrando trabajos. ¿Bajo qué supervisión o bajo qué ejecución los hicieron? ¿Cómo es que toman la decisión de decirles a unos empresarios que les pagan y a otros que tienen que esperar, si los nuevos encargados no estaban al tanto de cómo se ejecutaban las obras?, cuestionó.
“Yo quisiera oír una explicación, porque a mi criterio no debió el ministro ni el CONAVI pagar a unas empresas hasta que el Ministerio Público no haya dado una resolución y no adelantar como se hizo hace poco el pago de ¢7 000 millones a ciertas empresas y a otras les dijo que esperaran. ¿Cómo piensa la Contraloría desenredar este enredo?”, inquirió el diputado socialcristiano a la Contralora Marta Acosta.
La respuesta fue: “No le voy a decir cómo lo vamos a desenredar, porque esa es parte de la investigación que estamos haciendo. Ese tema la CGR lo está analizando.”