El caso de Crucitas fue resuelto por los tribunales de justicia. (Foto: archivo)
La propuesta de un curso de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), titulado “El caso Crucitas en la historia de Costa Rica: recopilación de los hechos y lecciones aprendidas”, hizo que el abogado y gerente general de Industrias Infinito, Ciro Casas, pidiera en una carta que “no se efectúen manifestaciones en contra del proyecto Crucitas ni de ninguno de sus funcionarios o representantes” o  “la exclusión del Dr. Jorge A. Lobo” del curso.
La misiva fue enviada por Casas al vicerrector de Docencia, Bernal Herrera, quien la remitió a la Rectoría, la cual a su vez envió el asunto a la Oficina Jurídica de la UCR.
Aunque el documento curiosamente no tiene fecha, Jaime García —quien junto a Lobo impartirá el curso bajo la modalidad de seminario— confirmó que la fecha de recibido es el 27 de junio.
Gustavo Gutiérrez, director de la Escuela de Biología donde se impartirá el curso, manifestó que “estamos extremadamente preocupados porque una empresa privada quiera decidir qué cursos se deben impartir en una universidad pública; eso es inaceptable y nos amparamos en el principio de autonomía universitaria, que fue un tema expresado de manera muy clara en el último proceso electoral de la Universidad”.
Gutiérrez reafirmó que el curso será impartido por los profesores propuestos e incluso ha sugerido que se consideren más aspectos por cubrir, como la participación del abogado Edgardo Araya y de algún psicólogo que considere “toda la dinámica y comportamiento de Industrias Infinito de presión, amenaza e intimidación”.
Por su parte, el rector de la UCR, Henning Jensen, dijo que, a partir del anuncio de la apertura del seminario, “no es posible ni siquiera intuir que tenga como objetivo lesionar el nombre y la reputación de la empresa Infinito Gold, sino más bien analizar y discutir un asunto de interés público ampliamente conocido por la ciudadanía”.
Jensen calificó las solicitudes de Casas como “un intento de censura previa y de grave e inaceptable intromisión en la autonomía universitaria” y que “pretende atentar seria y groseramente contra derechos consagrados constitucionalmente”.
Desde Industrias Infinito, el propio Casas respondió consultas enviadas por UNIVERSIDAD y, en primer lugar, remitió el tema a Luis Baudrit, director de la Oficina Jurídica de  la UCR, quien estudia el caso. “Será don Luis a nuestro humilde entender, quien determine la procedencia o impertinencia de dicha nota”, acotó al respecto.
“Sepa que la nota enviada, base de su artículo, en ningún momento lleva como fin los verbos que usted utiliza de amenaza o intimidación; es el derecho de ciudadano conforme al artículo 27 de la Constitución Política, de tener la información de primera mano de los haberes y deberes de nuestras instituciones públicas”, añadió Casas en su concisa respuesta.
Cabe recordar que el abogado en mención es hermano del exvicepresidente de la República, Kevin Casas, y cobró notoriedad en el 2006, cuando la prensa reveló sus supuestos vínculos con Julio Nayor, un sujeto ligado al narcotráfico por autoridades estadounidenses.
Por su parte, la vocera de prensa de Industrias Infinito, Yokebec Soto, expresó que la empresa está a la espera de la respuesta de la UCR, por lo que no podían referirse con más detalle a las preguntas planteadas por UNIVERSIDAD. Al mismo tiempo, hizo un llamado para que el documento fuera citado de manera directa.
“INTIMIDACIÓN Y VENGANZA”
El seminario “El caso Crucitas en la historia de Costa Rica: recopilación de los hechos y lecciones aprendidas” fue propuesto por los profesores de la Escuela de Biología, Jaime García y Jorge Lobo; ya cuenta con 28 personas matriculadas, aunque García confirmó que está abierto para todo el público.
El programa preliminar anuncia la recopilación de las ponencias que formen parte del seminario para ser publicadas y menciona que el caso Crucitas “reveló debilidades generales de la normativa ambiental y mostró cómo se desarrolla el control del Estado por parte de los ejecutivos de las transnacionales, cuando se codician los recursos naturales”.
Se cita, además, la participación de especialistas como el geólogo Allan Astorga, la ambientalista Grace García, la socióloga Ciska Raventós o la participación aún por confirmar del magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz.
García recordó que se trata de la misma situación que se dio en el contexto del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) “intentó que la Universidad dejara de organizar actividades para ofrecer información sobre el Tratado”. En ese momento, el Consejo Universitario tomó un acuerdo, en el que —entre otras cosas— reclamó “respeto a la libertad constitucional de cátedra, como principio fundamental de la enseñanza universitaria”.
Para el biólogo, el documento firmado por Casas le dejó “un sabor muy amargo y da la sensación de que no hay límites; no termino de asombrarme. Me parece que quieren amenazar. Es una estrategia de las grandes corporaciones, con el fin de que la persona a la que se dirigen se desconcentre de la labor que hace”, indicó.
Por su lado, Jorge Lobo afirmó que “evidentemente, se trata de amenazar con la interrupción del inicio del curso, con la imposición de demandas contra los profesores y contra la Universidad, acciones que Industrias Infinito y el Sr. Casas han mostrado usar como herramienta de intimidación y venganza”.
El biólogo calificó “risible” el hecho de que se solicita directamente que se le excluya del curso. “Pareciera que ya me condenaron por injurias y calumnias, cuando ni siquiera han tenido la decencia de presentarse ante los tribunales”, en relación con la demanda que contra él presentó la empresa. “Pareciera que los precios del oro han hecho delirar a los ejecutivos de Industrias Infinito”, añadió.
Mientras tanto, el director de la Escuela de Biología preguntó: “¿cómo se podría trabajar en una universidad pública según los principios de libertad de cátedra y de expresión, bajo este tipo de amenazas?”.
Gutiérrez confía en que la Oficina Jurídica responderá que no procede nada de lo que ha solicitado Industrias Infinito; por eso sostiene que “bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que amenacen a los dos profesores, al Director de la Escuela y al Rector, de que por cualquier cosa que se diga en el curso nos atengamos a las consecuencias judiciales”.
En este sentido, el rector Jensen calificó la pretensión de excluir al profesor Lobo del curso como “sencillamente descabellado, constituye un portentoso absurdo y manifiesta una arrogante prepotencia”; estima que se trata de un “autoritarismo” ajeno a la UCR y “adverso a los derechos humanos y los derechos de los pueblos”.
A su parecer, la solicitud del gerente general de Infinito “pondría un freno inadmisible a las labores sustantivas de la Institución” y enfatizó que el seminario “se referirá a hechos públicos, discutidos y resueltos en los tribunales de justicia”.
Jensen destacó de manera particular el punto 7 de la carta de Casas y lo consideró como “una de las más importantes amenazas que penden sobre la vida democrática, a saber la represión de la denuncia ciudadana, que en la literatura jurídica especializada recibe el nombre de criminalización de la protesta social”.
TRÁMITE
Acerca del trámite seguido por la referida carta, Gustavo Gutiérrez mostró preocupación ante el hecho de que la solicitud de Industrias Infinito no se rechazara ad portas y lamentó que la empresa “no tuvo el comportamiento ético” de enviarle una copia; cuando la Vicerrectoría de Docencia la remitió a la Rectoría tampoco lo hizo. Se enteró del asunto cuando el rector Jensen le envió copia del documento que envió a la Oficina Jurídica solicitando estudio de la carta, aunque  tampoco le copió la misiva. “Tuve que solicitarla a la Rectoría y me la remitieron sin problemas”, puntualizó.
En su criterio, ante el hecho de que el Rector remitiera el asunto a la Oficina Jurídica, “parece que de alguna manera da crédito a lo que Industrias Infinito manifiesta”, al apuntar que piden el cumplimiento de “una serie de condiciones que por sus implicaciones para la labor de la Universidad deben ser revisadas con detenimiento”, según expuso Jensen en esa nota a la Oficina Jurídica.
“Soy bien pensado y creo que han actuado a partir de que el asunto les preocupó en extremo y que a algún asesor le preocupó la mención de artículos de la Constitución Política. A nuestro entender se tuvo que haber rechazado ad portas”, insistió.
Jensen recordó al respecto que el año pasado ASOCRUCITAS solicitó información sobre los recursos utilizados por el programa de la UCR “Kioscos Ambientales” y que en esa oportunidad la Oficina Jurídica indicó que no hay inconveniente alguno en presentar los datos correspondientes,  como parte de la rendición de cuentas de la Universidad.
Sobre este caso, dijo no concordar con la opinión de que se le dio trámite interno al oficio de Casas, pues la remisión de la consulta a la Oficina Jurídica “no es equivalente a conceder un trámite interno; manifiesta más bien mi preocupación como Rector por el intento de violación de la autonomía universitaria”.
Alegó que el rechazo ad portas no sería lo más adecuado ni oportuno, ante la necesidad de dar una respuesta sólida y fundamentada a “cualquier intento de violentar la autonomía universitaria”.
Igualmente, se comprometió a que como como Rector “jamás permitiré que ninguna fuerza interna, externa o filibustera debilite los derechos constitucionales que nos asisten. Así hemos procedido también con el empréstito del Banco Mundial, cuyo texto ha sido modificado sustancialmente”.
Debido a que estaba de vacaciones, el director de la Oficina Jurídica —Luis Baudrit— se enteró hasta el pasado lunes de la carta, por lo que aseveró que en los próximos días ofrecerá su dictamen a la Rectoría.
Sin embargo, a título personal y preliminar expresó que es “improcedente y hasta irrespetuoso” que se pretenda callar a un profesor, Baudrit indicó que el alegato de Industrias Infinito no es procedente, de ampararse en el principio de rendición de cuentas establecido en la Constitución Política, ya que se trata de un informe a posteriori, en este caso una vez que termine el año presupuestario y no a priori.
Asimismo, le parece “de mal gusto” el hecho de que la empresa “se reserva el derecho” de demandar por cualquier ofensa a su imagen. “Uno se reserva un derecho cuando corre peligro de perderlo; nadie le coarta a la empresa la posibilidad de demandar a quien quiera”.
 

 
Los siete puntos de Crucitas
El abogado Ciro Casas fundamentó el acto de solicitar información en los artículos 11, 27 y 30 de la Constitución Política, que tienen que ver con las responsabilidades de los funcionarios públicos y la rendición de cuentas, la libertad de petición y el libre acceso a la información pública.
Cabe recordar que la autonomía universitaria y la libertad de cátedra están consagradas por la misma Constitución en los artículos 84 y 87. A continuación, se transcriben las solicitudes hechas por Casas:
1. La cuantía de recursos dispuestos por la Universidad de Costa Rica para este seminario, incluido el pago de los profesores asignados.
2. La lista de temas y metodología que se impartirá en este curso y el tipo de evaluación que se hará a los estudiantes.
3. La exclusión del Dr. Jorge A. Lobo, en virtud de que él ha sido parte en diversos procesos legales en contra de Industrias Infinito en relación con el tema Crucitas y fue querellado por la compañía por el delito de injurias y calumnias.
4. Exigir el uso debido de la libertad de cátedra, con el fin de que no se efectúen manifestaciones en contra del proyecto Crucitas ni de ninguno de sus funcionarios o   representantes, lo que incluye la no exposición de argumentos carentes de verdad científica, hechos no probados, entre otros que sirvan de plataforma para que los estudiantes repitan conceptos erróneos en el ámbito de la opinión pública.
5. Respeto de la UCR y de todos los representantes en el caso Crucitas, que aún se discute en los tribunales y donde los estudiantes universitarios deberían de demostrar su interés por el conocimiento y no apoyar el beneficio de ningún particular u organización.
6. Que se prohíba a los profesores universitarios durante sus lecciones hacer cualquier recolección de fondos para las organizaciones que representan.
7. La empresa recuerda tanto a las autoridades universitarias como a los profesores que impartan el curso, que nos reservamos el derecho a reclamar por la vía judicial cualquier tipo de ofensa a la imagen de la compañía o de cualquiera de sus representantes, que se efectúe durante el desarrollo de este seminario o durante cualquier actividad organizada por la UCR.

 
“Ensañamiento”
Desde la Asamblea Legislativa, los diputados Claudio Monge —del Partido Acción Ciudadana (PAC)— y José María Villalta —del Frente Amplio— se refirieron al tema.
Monge —quien a su vez ha sido demandado por la empresa—, tras recordar que fue profesor de la UCR por más de 35 años en la Facultad de Educación y ocupó varios cargos, afirmó que no es nada nuevo que se ejerza presión sobre profesores, facultades o la Universidad.
Sin embargo, destacó que este caso se trata de “un descaro desmesurado, una desvergüenza absoluta y total” y afirmó que Casas “cree que está en la Cuba de los años 40 y 50 y que puede hacer lo que le da la gana”.
Monge calificó el documento como “intimidatorio”, pues busca “presionar a las entidades públicas, en este caso la UCR,  que ha asumido sus funciones apegada a lo que establece su Estatuto Orgánico, como participar en la vida social y económica del país y ¿por qué no?, en la política”.
Citó un caso similar que se dio con un profesor de la Universidad Nacional, quien a principios de año recibió presiones por parte de funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), según dijo.
Por su parte, Villalta calificó la carta como “un irrespeto absoluto y una violación flagrante a la libertad de cátedra, a la autonomía de la Universidad y a la libertad de expresión y de pensamiento”.
Para el legislador, la misiva de Casas es “un llamado a que muera la inteligencia”, pues aplica “tácticas represivas contra académicos de la Universidad, para impedir que se lleve a cabo una actividad académica”.
Tras apuntar que el profesor Jorge Lobo “tiene todo el derecho a exponer sus tesis sobre el desastre minero”, destacó la importancia de que a partir del principio de libertad de cátedra, él o cualquier otro académico podrían sostener ideas que no hayan sido demostradas en un juicio, “aunque hay un ensañamiento en su contra”.
 

Auto ardió en Crucitas
El pasado martes 24 de julio trascendió la noticia de que de manera inexplicable se incendió el vehículo de Alfredo Arias en Crucitas de Cutris, San Carlos. Arias había transportado en ese vehículo a los peritos que asumieron la tarea de evaluar el daño ambiental ocasionado por la empresa Infinito.
UNIVERSIDAD no logró comunicación con el propio Arias, pues además de lo alejado de su residencia, no cuenta con teléfono; pero, según explicó Heidy Murillo, de la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), las organizaciones que habían luchado y llevado adelante el juicio contra la empresa Industrias Infinito en reiteradas ocasiones habían contratado sus servicios para alojar y transportar a los peritos.
Murillo relató que Arias había guardado el vehículo en un galpón en su casa y que alrededor de las 8 p.m., “de alguna forma sospechosa el carro se salió del galpón, se movió una distancia de alrededor 20 metros y se incendió”.
Indicó que Arias se encuentra “muy asustado” y que tardó varios días en avisar lo sucedido. Además, indicó que UNOVIDA presentará una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Murillo relató también que Arias ha estado en el “ojo del huracán”, ya que “siempre ha habido actitud hostil de parte de algunos vecinos y funcionarios de la empresa, pero no se puede decir que fueron ellos”.
Por su parte, el diputado Claudio Monge se refirió al hecho y apuntó que el mismo día que se enteró del incidente “lo mencioné en el plenario y responsabilicé a la gente del proyecto por ello”.
Murillo subrayó la importancia de que el caso no quede impune, “como el incendio en el que hace 15 años murieron tres activistas de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO)”.
Cabe recordar que el pasado 20 de junio, UNIVERSIDAD denunció la quema del vehículo de José Menéndez y Sonia Bermúdez, quienes han denunciado serios problemas de tala y extracción de materiales de ríos en la zona del Caribe.