La trata de personas el segundo negocio ilícito más lucrativo y dañino a nivel mundial, la trata es la esclavitud de seres humanos para diferentes formas de explotación, como la sexual, la laboral, el tráfico de órganos, entre otras.
Costa Rica se encontraba catalogada como uno de los países ubicados en el nivel 2 (de tres niveles) en el grupo de los países en “Lista de Vigilancia”, de acuerdo con el penúltimo informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El hecho de salir de la Lista de Vigilancia (esto tiende a fluctuar bastante en el caso de nuestro país) no debe desviar la atención del tema ni mucho menos disminuir los esfuerzos existentes para la prevención y erradicación. La salida de Costa Rica de esta lista debe de provocar alerta en el Estado, aumentar y mejorar las acciones que se han realizado, con el fin de acabar con la trata y explotación de personas.
En especial, son necesarias las campañas de sensibilización y de información que se transmiten por los medios de comunicación. Asimismo, el desconocimiento del tema por parte de la ciudadanía aumenta las posibilidades de caer en este negocio inhumano. Por otro lado, el miedo y silencio de las víctimas, algunos vicios procedimentales y carencias en el sistema judicial  provocan que las redes no sean atrapadas ni enjuiciadas. Tenemos vacíos judiciales para la persecución y sanción del delito; estas limitaciones que existen en el sistema judicial son algunos de los mayores problemas en el combate contra la trata y la explotación.
En el país se han desarrollado campañas e iniciativas, algunas desde el OIJ y la OIM (la campaña “No todo es lo que parece”); otras desde la Dirección General de Migración y Extranjería y la Coalición Nacional contra la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, pero aún no le prestamos la atención que este tema merece. La trata de personas es más común en nuestro país de lo que se cree. Internamente, tenemos redes de trata de mujeres y de niñas en las cuales que son explotadas sexualmente y laboralmente. Igualmente, nuestro país es un destino para la trata de mujeres provenientes de Nicaragua, República Dominicana, Colombia, China, Rusia, entre otros países. Costa Rica también sirve como punto de tránsito de víctimas hacia Estados Unidos, México y Europa. Hombres, mujeres, personas adolescentes, niños y niñas son tratadas, con frecuencia dentro del país, para realizar trabajos forzados como empleadas domésticas, prostitución, peones agrícolas y en la industria pesquera.
¿Qué está haciendo el Estado por generar conciencia en estas poblaciones y reducir las vulnerabilidades? Pero más importante aún, ¿qué estamos haciendo todas y todos por erradicar y prevenir esto? Donde hay demanda hay oferta, donde la gente calla, reina la impunidad.
Un recurso importante es la gran cantidad de personas jóvenes que asisten a los centros de educación, muchas veces mujeres y hombres jóvenes que también buscan empleo o se ven obligados a abandonar el sistema educativo por las condiciones socio-económicas. Aprovechar estos espacios de concentración de juventudes para llevar campañas hasta las aulas, debería ser solo una parte de una estrategia integral de prevención. Políticas que generen cambios en los valores de una sociedad enmarcada por el patriarcado, empoderamiento de las personas sobre sí mismas, generación de empleo de calidad, disminución de las desigualdades sociales y de género, protección a la niñez son solo algunas de las tantas tareas que tenemos pendientes y son necesarias para luchar contra la trata y explotación de personas. Las condiciones de desigualdad, la violencia de género y la exclusión social son caldos de cultivo para la trata.
Recordemos que es un deber del Estado brindar protección, seguridad y bienestar social a todas las personas que habitan en su territorio; espero de verdad como mujer joven que el Gobierno vuelque su mirada a este problema con la seriedad que amerita, que desarrolle campañas de prevención y sobre todo que la sociedad civil no calle ante estas irregularidades.
No podemos tener una mentalidad simplista y pensar que por salir un año de una lista, ya no existe el problema, luchar contra la nueva esclavitud del siglo XXI, es una responsabilidad del Estado pero sobre todo de todas las personas.