En las playas de Guanacaste y otras partes de la provincia se reactivan proyectos turísticos e inmobiliarios que habían quedado congelados tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2008. Es posible prever la agudización de conflictos por la disponibilidad de agua, cuya carestía soportan las comunidades locales día a día y que estos proyectos demandan por lo general en gran cantidad.
Uno de esos proyectos es el de Las Catalinas Properties Holding Ltda, que el empresario estadounidense Charles Brewer y varias decenas de inversionistas desarrollan en medio de las playas guanacastecas Danta y Dantita, en el límite entre los cantones de Santa Cruz y Carrillo.  La semana pasada la Sala Constitucional ordenó paralizar las obras, tras acoger un recurso de amparo presentado por un costarricense y un estadounidense residente en el país, que entre otros puntos denunciaron la explotación  ilegal de pozos de agua no autorizados (ver Nota “Detienen megaproyecto…”).
El proyecto pretende construir una ciudad de 2.500 casas, con hoteles cinco estrellas, restaurantes y villas de lujo, en una propiedad de 469 hectáreas, adquirida por el grupo en el 2006. Los lotes se venden desde los $250.000, ya hay varias casas construidas y negocios, incluido el restaurante Lolas del Norte.
Otro gran desarrollo que se anuncia es el de Guanacaste Country Club (GCC), que inversionistas estadounidenses pretenden empezar a construir el próximo año en una propiedad de 834 hectáreas localizada en Liberia, con un costo de $106 millones, sin contar dos hoteles que se busca levantar.
Paralelamente, en Liberia y el vecino cantón de Carrillo se anuncian planes de construir instalaciones para turismo médico (que ya incluyen los hospitales Cima y Católica)  aunque en el caso de Carrillo, la presidenta municipal, Isabel Quintero, dijo que ningún inversionista que ha llegado les ha presentado planes al respecto.
Una característica de esos desarrollos de hospitales y hoteles con piscinas y campos de golf para turistas es que para funcionar requieren de mucho agua, un recurso escaso en la provincia, y que es un elemento transversal en toda la problemática que se da en Guanacaste en relación con el desarrollo inmobiliario, la construcción de hoteles, casas, actividades comerciales y agrícolas, entre otras.
Así lo señaló Karina Valverde, socióloga que trabaja con el proyecto de Kioskos Ambientales de la Universidad de Costa Rica, que entre sus actividades está dar apoyo a comunidades del país en la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Como parte de esos objetivos, los universitarios estuvieron al lado de los pobladores de Sardinal de Carrillo, que se opusieron a que el agua del acuífero local fuera tomada para llevarla a abastecer hoteles y desarrollos inmobiliarios en las playas de El Coco y Ocotal, proyecto que está paralizado pero podría reactivarse en cualquier momento (ver nota “Allanado el camino…”).
A este proceso han estado sometidas estas comunidades costeras de Guanacaste desde que empezó el boom turístico, es un desarrollo de un mundo aparte al que no tiene acceso la gente local.
Valverde apuntó  que desde que empezó el “boon” turístico en las zonas costeras se está dando un desarrollo inmobiliario paralelo a comunidades locales. Ejemplos de eso son desarrollos como el de Las Catalinas, que es una ciudad en la playa, con inversionistas de afuera, y es un mundo aparte al que los pobladores de la zona nunca van a tener acceso, y de hecho se establece una separación con todas las implicaciones que eso puede tener.
Ahora se anuncian también nuevos proyectos en sectores como Liberia y Carrillo, en los que planean hacer hoteles y hospitales, entre otras actividades comerciales que requieren de mucha disponibilidad de agua, lo que representa nuevas amenazas para las comunidades, indicó.
Entre tanto, en playa Matapalo en el cantón de Carrillo, el hotel Riu estaría finalizando la construcción de la segunda etapa en noviembre de este año, pese a las críticas del grupo Confraternidad Guanacasteca, que denunció que la aprobación del nuevo plan regulador para la zona marítimo terrestre del cantón de Carrillo validaría las obras construidas por el consorcio hotelero. (Ver nota: “Denuncian presiones para aprobar nuevo plan regulador que favorecería a empresa hotelera Riu).
 

 
Detienen megaproyecto “Las Catalinas” por explotación de acuífero sin permiso
La Sala Constitucional (IV) ordenó la paralización del megaproyecto inmobiliario costero Las Catalinas, ubicado en la zona costera entre el Hotel Riu y Sugar Beach, al norte de Playa Potrero, en el límite de los cantones entre Santa Cruz y Carrillo.
La paralización inmediata de las obras fue parte de las medidas cautelares ordenadas por la Sala IV, que el pasado 31 de julio aceptó para trámite el recurso de amparo 12-9946. El recurso había sido presentado el día anterior por Robert Campbell, pensionado estadounidense radicado en Costa Rica, y por Luis Carlos Sánchez, un ingeniero residente en Canoas de Alajuela, quien practica el buceo en las costas afectadas (ver recuadro “Algunos puntos de la denuncia”).
Los documentos aportados por los recurrentes fueron determinantes para que la Sala emitiera con celeridad la orden de paralización y protección, ante pruebas presentadas de que los edificios ya construidos y en funcionamiento no cuentan con una fuente de agua potable autorizada legalmente, sino que se están explotando pozos sin autorización y con peligro de afectar el acuífero costero.
La denuncia incluye que la viabilidad ambiental se tramitó en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) con información falsa, ya que se omitió consignar que el área del proyecto era boscosa, y los permisos de corte de árboles se dieron de manera irregular, con un cambio de uso de suelo que prohíbe la ley.
Sánchez y Campbell reclaman con base en el artículo 50 de la  Constitución Política, que da derecho a un ambiente equilibrado, y su queja se centra en la destrucción del bosque, la afectación al manto acuífero, y el otorgamiento de permisos de construcción sin tener fuente de agua disponible.
El amparo es contra la Municipalidad de Santa Cruz, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el Área de Conservación del Tempisque, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Dirección de Aguas del MINAET y el grupo empresarial Catalinas Properties Holding Ltda. La empresa es representada por el estadounidense James Alston Berry, vecino de 260 Seamarsh ct, Atlanta, Georgia 30328, EE.UU.
La Sala dio tres días a los representantes de las entidades recurridas para contestar y enviar la documentación de descargo sobre las denuncias.
El proyecto, iniciado en el 2008,  pretende construir hoteles cinco estrellas y 2500 villas de lujo para extranjeros, en un terreno de 469 hectáreas, en lo que será un pueblo exclusivo levantado junto a una playa aislada en una pequeña bahía rodeada por montaña. Ya se han construido varias casas y hay un restaurante funcionando.
Entre los documentos entregados como pruebas por los recurrentes llama la atención que la SETENA denegó inicialmente la viabilidad ambiental al proyecto, precisamente por encontrarse en zona boscosa, pero luego la empresa presentó una nueva solicitud, que se tramitó con nuevo expediente y en cuestión de días fue resuelta favorablemente consignándose que el terreno era sin bosque.
Un procedimiento semejante se utilizó con la solicitud de autorización para la explotación de pozos de agua, que no fue dada por el MINAET, y entonces se presentó un nuevo expediente, con el que se pretende que se les autorice la constitución de una Asociación de Administración de Acueducto Rural (ASADA) que tenga la concesión para prestar el servicio de agua.
Algunas de las cuestiones que se tendrán que dilucidar en este caso, según comentaron funcionarios del MINAET, es quién hizo la inspección de campo y quién firmó la autorización de tala de árboles. También si se valoró el impacto ambiental, si se tomó en cuenta la ley de biodiversidad, la ley forestal y su reglamento, entre otras normativas que los funcionarios involucrados están obligados a hacer cumplir.
Tanto el secretario técnico de la SETENA, Uriel Juárez, como el Alcalde de Santa Cruz, Jorge Enrique Chavarría, dijeron que no podían referirse al tema porque  no habían visto la notificación de la Sala IV, y darían declaraciones luego de estudiar el documento.
En mayo del 2008, la Dirección de Gestión Ambiental del AyA se opuso a la solicitud de concesión de agua de pozos para el mencionado proyecto, que había publicado el MINAET en La Gaceta. La razón alegada fue el peligro de intrusión salina en el acuífero por encontrarse los pozos a menos de mil metros de la línea de costa. Por ello AyA recomendó exigir al interesado presentar un estudio de intrusión  salina (invasión de agua del mar) y la profundidad del nivel freático.
En mayo pasado, Guillermo Arce, de la subgerencia de gestión de sistemas comunales del AyA, le comunicó a James Berry, representante de la empresa, que el proyecto está localizado en una zona donde no existe un operador legalmente constituido para la prestación del servicio de agua potable a través de un acueducto, por lo que no se puede emitir carta de disponibilidad de agua para el proyecto.
No obstante, según la denuncia presentada a la Sala IV, la empresa estaría explotando nueve pozos sin permiso.
En el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), entidad a la que le corresponde autorizar la perforación de pozos de agua y la certificación técnica de la disponibilidad de agua en los acuíferos, aparecen cuatro pozos registrados a nombre de Las  Catalinas, y otros a nombre de Desarrollos Las Catalinas. Habría que ver si hay más permisos tramitados con nombres distintos, porque es normal que se utilice otra figura jurídica, dijo Carlos Romero, director de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA.
Consultado sobre el tema, Romero dijo que en SENARA no se valoró el impacto de los pozos, ni el riesgo de intrusión salina de los pozos. Lo que se valoró fue la solicitud de perforación, y es que una cosa es la autorización para la perforación, y otra la autorización del uso del agua, señaló.
José Miguel Zeledón, director de Aguas del MINAET, explicó que la intrusión salina se debe valorar en los pozos que estén a menos de un kilómetro de la línea de costa, según establece un decreto vigente, y duda mucho que el SENARA no hubiera hecho esa valoración si ese fuera el caso, pues son muy meticulosos.
Por otro lado, explicó que la Dirección de Aguas otorga los permisos de perforación de pozos con el aval del SENARA y el AyA, y autoriza el aprovechamiento al propietario registral que obtenga la concesión del servicio de agua.
 

 
Algunos puntos de la denuncia
Los recurrentes alegan que la zona donde se levanta el proyecto estaba cubierta de bosque, según pruebas de fotos aéreas (Google Earth), hasta que la empresa comenzó a cortarlo, y los permisos de corta de árboles otorgados por el MINAET dicen falsamente que la zona es «sin bosque», y con ello ejecutan un indebido e ilegal cambio de uso del suelo.
El propio permiso de corta sirve de prueba en contra de los recurridos, pues otorga permiso de cortar “551 árboles distribuidos en 7,5 hectáreas (ha) de repasto». Según la ley forestal, se considera bosque las áreas con 60 árboles por ha, y en este caso, al haber 73 árboles por ha, es bosque.
En el inventario de árboles por cortar se aprecian árboles de 33 especies distintas, algunas de gran valor como cocobolo, cortez amarillo, cortez negro, laurel.
Esos datos se corroboran en una primera resolución de la SETENA, del 21 de agosto del 2008, cuando ordenó rechazar y archivar el primer trámite del Proyecto Las Catalinas, así como en los datos del permiso de “Aprovechamiento forestal en área sin bosque”.
No se entiende cómo luego la SETENA dio viabilidad a un proyecto de una urbanización de esta magnitud (2.500 villas) en áreas de bosque, señalan los denunciantes.
En la nueva resolución se menciona el informe DAP-1403-2008-SETENA, como avalando el proyecto. Sin embargo, al fotocopiar el expediente, los recurrentes encontraron que dicho documento no aparecía y había sido reemplazado por documentos varios que complementan los números de folios consecutivos.
A pesar de que en los expedientes está claro que el proyecto no cuenta con agua potable, la Municipalidad de Santa Cruz le otorgó los permisos para construir, consintiendo que se exploten ilegalmente los pozos perforados por la empresa.
Como pruebas presentaron, entre otros documentos, la foto Google Earth de 2003 que muestra la zona cubierta de bosque, foto de Google Earth de 2010 que muestra la zona “limpiada de bosque”, foto de las primeras casas en Las Catalinas dentro del bosque, resolución 2349-2008-SETENA, rechazando y ordenando archivo del expediente, resolución 210-2009-SETENA,  otorgando viabilidad a proyecto, oposición de AyA a que se otorgue concesión de agua a pozos perforados por la empresa, entre otros documentos.
Piden que en sentencia se declare nulas todas las viabilidades y permisos otorgados a este proyecto, debido a la afectación a las áreas de bosque y por su posible afectación al manto acuífero. Que se prohíba a la Dirección de Aguas y al AyA otorgar el estatus de ASADA a este grupo de empresas inversionistas.
 

 
Allanado el camino para reanudar acueducto Sardinal-El Coco
Otro proyecto que ha sido motivo de conflicto en Guanacaste por la disputa del agua es el acueducto Sardinal-El Coco, Ocotal, en el cantón de Carrillo, que se encuentra paralizado desde tres años tras protestas de pobladores de Sardinal. Estos se oponían a que el agua del acueducto que abastece a la comunidad fuera llevada para hoteles, piscinas y otros proyectos turísticos, y no se diera prioridad a las necesidades de la población local.
Las autoridades del MINAET consideran que ya están cumplidos los requisitos técnicos y administrativos que ordenó satisfacer un fallo de la Sala Constitucional en enero del 2009, cuando acogió varios recursos de amparo y mandó a corregir varias ilegalidades en los permisos para el proyecto. Se trata de un proyecto impulsado por un grupo de empresarios privados, con un fideicomiso de $8 millones (¢4.000 millones). La obra ha sido apoyada por la Municipalidad de Carrillo, el MINAET y el AyA, que se haría cargo de la administración una vez que esté concluida.
Un voto de la Sala IV, emitido el 13 de octubre del 2010, dice que las autoridades ya cumplieron con los estudios técnicos sobre disponibilidad del recurso hídrico, pero otras resoluciones posteriores de la misma Sala refieren a asuntos pendientes del primer voto del 2009, y a que el proyecto todavía riñe con los artículos 50 y 9 de la Constitución Política.
El primero garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mientras que el segundo se refiere a la participación ciudadana en el plan.
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) tiene pendiente de resolver la viabilidad ambiental para el proyecto, luego de que había anulado el permiso concedido anteriormente, tras los cuestionamientos de la Sala IV.
Entre las irregularidades que dio por demostradas la Sala Constitucional está que AyA, encabezada por el entonces presidente Ricardo Sancho, inició firmando un convenio con los empresarios del proyecto, y entregó cartas (autorizaciones) de disponibilidad de agua, pese a reiterados informes de las instancias técnicas de AyA, que advertían sobre la falta de estudios técnicos de la capacidad del acuífero.
También señaló que la SETENA aprobó la viabilidad ambiental al proyecto, sin exigir el estudio de impacto ambiental que requería un proyecto de esa magnitud y a pesar de que conocían las mencionadas advertencias sobre la falta de estudios técnicos.
Al parecer, por estos cuestionamientos y las investigaciones que se podrían derivar sobre sus actuaciones, en la SETENA hay preocupación de algunos funcionarios que participaron en estas decisiones.
Por su parte, José Miguel Zeledón, Director de Aguas del MINAET, aseguró que desde el punto de vista técnico y administrativo ya están atendidos los requerimientos de la Sala IV. El  estudio sobre la seguridad científica de la disponibilidad de agua ya se concluyó desde octubre del 2011, e igualmente está concluido lo de la viabilidad técnica del proyecto, lo que significa que se puede llevar el agua del acuífero sin problemas, dijo.
Añadió que hasta ahora no se ha utilizado ni una gota del proyecto, pues este está paralizado por un problema de fondos.
Por ahora está funcionando la primera parte del proyecto para abastecer al  Coco y Ocotal, con pozos del acuífero del Coco. El funcionario descartó que ese acuífero esté siendo sobreexplotado, como temen algunos, pues dijo que el monitoreo que han hecho en los últimos dos años indica que tiene suficiente capacidad.
Gadi Amit, dirigente de la organización Confraternidad Guanacasteca, dijo que parece mentira, pero a pesar de todas las irregularidades comprobadas, ninguno de los funcionarios corruptos ha sido llevado a la justicia. Los únicos que fueron acusados penalmente son los compañeros de Sardinal que fueron detenidos por la policía en las manifestaciones contra el acueducto.
Cuatro miembros del comité de defensa del agua de Sardinal fueron sobreseídos, pero otros cuatro, por inadecuada asesoría legal, se declararon culpables y fueron condenados a una multa, añadió.
En cambio, en el caso de siete ingenieros de AyA, que una investigación administrativa encontró culpables por las irregularidades cometidas, aunque el órgano investigador recomendó castigarlos con tres a cinco días de suspensión sin goce de salario, el gerente del AyA archivó el caso sin aplicar la sanción.
Amit reiteró que se habrían dado permisos irregulares, se insistió en que el acueducto era público cuando en realidad era privado y se dijeron un montón de mentiras a la hora de tramitar los permisos y nadie fue castigado. “Esto es una muestra de cómo está la justicia en Costa Rica”, añadió.