Julian Assange, desató un conflicto diplomático entre Ecuador e Inglaterra.
El Gobierno de Ecuador decidió, el jueves pasado, asilar al ciudadano australiano Julian Assange, creador del sitio en Internet WikiLeaks y responsable de publicar miles de documentos con información política que diversos Gobiernos hubieran preferido mantener en privado.
Assange buscó asilo en la embajada de Ecuador en Londres (Inglaterra) el 19 de junio pasado, ante su posible extradición a Suecia, país donde dos mujeres —representantes de los sectores políticos más conservadores del país— lo acusan de acoso sexual.
Aunque la Fiscalía de Suecia solicita a Assange para interrogarlo, sus abogados temen que ese sea el primer paso para extraditarlo a Estados Unidos, donde podría ser acusado de crímenes de guerra y condenado incluso a muerte por la información revelada.
Según dijo Assange al conocer la decisión ecuatoriana, «mientras que hoy es un día histórico, nuestros problemas no han hecho nada más que empezar. La investigación sin precedentes contra WikiLeaks debe terminar».
Asimismo, recordó la difícil situación del soldado Bradley Manning, acusado por Estados Unidos de haber filtrado a WikiLeaks el vídeo Collateral Murder y otros documentos secretos sobre la guerra de Irak, por lo cual está preso, sin juicio hace más de dos años, y sometido a crueles condiciones de detención.
POSICIÓN DE ECUADOR
Para resolver la solicitud de asilo, el Gobierno ecuatoriano se tomó casi dos meses, durante los cuales consultó a los tres gobiernos involucrados: Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos.
Su decisión de dar asilo a Assange desató una verdadera batalla diplomática con Gran Bretaña, en la cual ni Suecia ni Estados Unidos quedaron ajenos a la polémica, como lo revela el documento del Gobierno ecuatoriano que expone las razones de su decisión.
De varias declaraciones públicas y comunicaciones diplomáticas realizadas por funcionarios de Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos, Ecuador infirió que “dichos gobiernos no respetarían las convenciones y tratados internacionales, y darían prioridad a leyes internas de jerarquía secundaria, contraviniendo normas expresas de aplicación universal”, en el tratamiento del caso de Assange.
Después de consultar al Gobierno norteamericano, Ecuador llegó a la conclusión de que “la evidencia jurídica muestra claramente que, de darse una extradición a los Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunales especiales o militares, y no es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante, y se le condene a cadena perpetua o a la pena capital”.
Ecuador no solo cuestionó al sistema judicial norteamericano. A pesar de las gestiones diplomáticas realizadas, el documento expone que “los países de los cuales se han requerido garantías suficientes para proteger la seguridad y la vida del señor Assange se han negado a facilitarlas”.
La Cancillería inglesa, que se permitió amenazar con invadir la embajada ecuatoriana en Londres en la víspera de la decisión del Gobierno de Quito, se desdijo después de conocida esa decisión. Sin embargo, el canciller William Hague afirmó que su Gobierno no otorgará un salvoconducto para que Assange pueda tomar un avión en el aeropuerto de Londres, con el fin de dirigirse a Ecuador. Empero, otorgar un salvoconducto es obligatorio, de acuerdo con normas internacionales, que otorgan al país de asilo la potestad de decidir a quién quiere dar protección y recibir en su territorio.
La fiscalía sueca, por su parte, “ha tenido una actitud contradictoria, que impidió al señor Assange el total ejercicio del legítimo derecho a la defensa; Ecuador está convencido de que se han menoscabado los derechos procesales del señor Assange durante dicha investigación”, agrega el documento ecuatoriano.
Esa afirmación provocó la ira del Gobierno sueco, cuyo canciller, Carl Bildt, rechazó la posición ecuatoriana y alegó que el sistema jurídico y constitucional de su país es “sólido”.
Ecuador pidió garantías al Gobierno sueco de que Assange no sería extraditado a Estados Unidos y ofreció a la fiscalía de ese país interrogarlo en la embajada ecuatoriana en Londres. Ambas propuestas fueron rechazadas.
Como conclusión, el documento señala que “existe la certeza de las autoridades ecuatorianas de que es factible la extradición del señor Assange a un tercer país fuera de la Unión Europea, sin las debidas garantías para su seguridad e integridad personal”.
En conferencia de prensa realizada en Quito después del anuncio, el canciller Ricardo Patiño advirtió que si Assange fuera extraditado a Estados Unidos, donde no hay de momento ninguna petición formal de extradición ni se han presentado cargos en su contra, el australiano «no tendría un juicio justo» y podría ser juzgado por tribunales especiales o militares. «No es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante», añadió.
Ante esta realidad, “el Gobierno ecuatoriano, tras realizar una justa y objetiva valoración de la situación expuesta por el señor Assange, atendiendo a sus propios dichos y argumentaciones, hace suyos los temores del recurrente, y asume que existen indicios que permiten presumir que puede haber persecución política, o podría producirse tal persecución si no se toman las medidas oportunas y necesarias para evitarla”.
INVASIÓN DE EMBAJADA
¿Qué opciones tiene Assange ante la situación creada? En opinión de expertos citados por medios de prensa, “mientras permanezca en la embajada estará fuera del alcance de los británicos, porque la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 establece la inviolabilidad de las misiones diplomáticas”.
Un asalto a la embajada parece impensable y el Gobierno de Rafael Correa afirmó que consideraría esa decisión británica como un «acto hostil e intolerable”.
Ante esta posibilidad, Ecuador convocó a diferentes organismos regionales, como Unión de Naciones Suramericanas  (Unasur) y Alianza Bolivariana para América (ALBA), para estudiar lo que calificó de amenaza por parte de las autoridades británicas, de entrar en la embajada en Londres. “En ningún caso se puede aceptar este chantaje ni estas amenazas”, manifestó el canciller.
Ecuador expresó que confía en que el “Reino Unido ofrecerá lo antes posible las garantías o el salvoconducto necesarios y pertinentes a la situación del asilado”, situación que el ministro de relaciones exteriores británico ya adelantó que no harán.
«El Reino Unido no reconoce el principio de asilo diplomático», dijo Hague, quien consideró que no hay base legal para permitir la salida de Assange rumbo a Ecuador.
Esa no es la posición del abogado de Assange, el español Baltazar Garzón, para quien el Reino Unido está obligado a dejar salir del país a su cliente, una vez que Ecuador decidió concederle asilo diplomático. De lo contrario, afirmó, “acudiremos a la Corte Internacional de Justicia».
“DIPLOMÁTICO” O “POLÍTICO”
La naturaleza del asilo otorgado a Assangue despertó otro debate. Ecuador habló de “asilo diplomático”, dando pie a que la cancillería inglesa dijera que no reconoce esa figura.
“Asilo político y asilo diplomático son cosas distintas”, dijo el diplomático y profesor universitario español Carles Pérez-Desoy i Fages, en el diario catalán La Vanguardia.
El asilo político —si se estima la persecución que invoca Assange— le permitiría vivir en Ecuador, explicó.
En su opinión, “cuando alguien se refugia en una embajada para sustraerse a la jurisdicción de las autoridades locales hablamos de asilo diplomático. Pero para que sea reconocido debe existir un tratado internacional que lo avale. Y eso solo sucede en algunos países de América Latina. Aun así, el asilo diplomático es más frecuente de lo que pueda parecer”.
Ecuador, que citó la Convención sobre Asilo Diplomático y la Convención sobre Asilo Territorial —entre muchos otros tratados internacionales— para justificar su decisión, adujo que “sin importar en cuál de sus modalidades o formas se presente, el asilo tiene siempre la misma causa y el mismo objeto lícitos, es decir, la persecución política, que es su causa lícita; y salvaguardar la vida, seguridad personal y libertad de la persona protegida, que es el objeto lícito”.