Aún está por definir si el proyecto de reforma a la “Ley de delitos informáticos” llegará directamente al plenario legislativo. (Foto: archivo)
Un gran signo de pregunta se yergue sobre las posibilidades de que la corrección propuesta por el Colegio de Periodistas (COLPER) y directores de medios de comunicación a la llamada “ley mordaza” sea aprobada con alguna celeridad.
Ello por cuanto en el acto celebrado el 14 de agosto para realizar la entrega simbólica de esa propuesta al presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados, quedó patente no sólo el hecho de que en algunas bancadas pueden tener reparos ante el proyecto, sino que por esa razón los mismos diputados hicieron ver que darle a la iniciativa la dispensa de no pasar por una comisión, más bien podría aletargar el proceso de aprobación.
Luego del encuentro, Granados expresó a UNIVERSIDAD que frente al hecho de que algunos diputados no estén de acuerdo, una dispensa de trámites podría ser un “problema grave”, pues ello supondría “la admisión ad perpétuam de mociones de fondo de diputados en el plenario”, lo cual evidentemente podría entrabar el proyecto.
“Espero este jueves 23 contar al menos con un mapeo de cuántos diputados están a favor, para decidir cuál es el mejor camino”, indicó.
Ante la pregunta de si falta voluntad política para sacar adelante la reforma, Granados dijo que “desdichadamente no sentí que todos mis compañeros y compañeras fueran todo lo claros que uno quisiera”.
El legislador calificó la reforma como “muy sencilla” y añadió que “estas son las decisiones que deberían tomarse más rápidamente en la Asamblea; pero, daremos el compás de espera para que estudien la propuesta”.
NADA ES SEGURO
El pasado mes de julio desde Casa Presidencial se anunció con bombos y platillos la sanción por parte de la presidenta Laura Chinchilla de la “Ley de delitos informáticos”. Las reacciones no se hicieron esperar, cuando trascendió que esa reforma penaliza la obtención y difusión de documentos o comunicaciones “dirigidos a otra persona”, según establece el artículo 196.
Ya el artículo 288 incluye una polémica referencia a castigar con cárcel a quien obtenga “indebidamente informaciones secretas políticas o de seguridad”, pero se aumentaron las penas e incluyeron los casos de lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado.
En la edición del pasado 18 de julio, UNIVERSIDAD analizó el tema con analistas desde la perspectiva de que esa ley haría imposible denuncias como la del conocido memorando del miedo.
Cabe recordar que el periodo de sesiones extraordinarias abarca el mes de agosto y se ha visto entrabado por la discusión de un proyecto de exoneración del impuesto de bienes inmuebles en el sector agrícola.
La reforma planteada por el COLPER y los directores de medios de comunicación, en lo esencial busca hacer la salvedad de que no sea un delito cuando se trate de información de interés público o que “guarde relación con asuntos de esa naturaleza” (ver recuadro).
A la presentación de esa nueva propuesta -en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa-  acudieron Sianny Villalobos, subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN); la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Yolanda Acuña, así como Juan Carlos Mendoza, de la misma bancada; los evangélicos Carlos Avendaño, de Restauración Nacional; y Justo Orozco, de Renovación Costarricense; José María Villalta, del Frente Amplio; el socialcristiano Luis Fishman;  y Manuel Hernández, del Movimiento Libertario.
Por parte de la prensa, además de José Rodolfo Ibarra -presidente del COLPER-, acudieron representantes de los medios de comunicación, como Mishelle Mitchell -directora de Radioperiódicos Reloj y Noticias Monumental-; Marcela Villalobos, Iary Gómez y el abogado Carlos Serrano -por parte del Grupo Extra-; y el exdiputado Belisario Solano, director del canal Red de las Américas.
Serrano, en calidad de asesor legal del Grupo Extra, manifestó durante ese encuentro que la propuesta busca “proteger los derechos de las personas a buscar y recibir información de interés público”, lo cual “debe ser considerado un principio fundamental”.
En ese sentido, citó el artículo 4 de la Declaración de Lima de noviembre del 2000, el cual apunta que “la información pertenece a los ciudadanos”, que “no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno; éste tiene la información sólo en cuanto representante de los ciudadanos”.
Por todo ello, Ibarra destacó que la solicitud no sólo se centra en la aprobación de la propuesta, sino en que se le dispense de trámite en comisión y se ponga en el primer lugar de la agenda del plenario legislativo, lo cual -según recordó- fue un compromiso del Poder Ejecutivo.
Los diputados Yolanda Acuña, Carlos Avendaño y José María Villalta, externaron un apoyo sin reparo a la propuesta.
Por su parte, el socialcristiano Luis Fishman enfatizó que “no se trata simplemente de la libertad de informar; desde el COLPER se debe promover la información correcta, equilibrada y balanceada, pues hay medios que se prestan para muchas cosas”. No obstante, se mostró en completo desacuerdo con las penas de prisión impuestas en la ley.
Mientras tanto, el libertario Manuel Hernández comentó que someterá el proyecto a conocimiento de su fracción, y en términos similares se pronunció la liberacionista Sianny Villalobos, quien asumió el compromiso de estudiar la propuesta, y anunció que “haremos consultas con ustedes;  debe haber un compromiso no sólo nuestro, sino de la prensa cuando divulga documentos”.
Luego del encuentro, Villalobos explicó a este medio que la premura por aprobar la nueva reforma podría incidir en “la imprudencia de no lograr un consenso y eso entraba totalmente el proyecto”.
Ibarra hizo ver la buena voluntad y apoyo recibido de los 13 diputados que de manera simbólica firmaron el proyecto presentado.
“Cada diputado debe actuar de acuerdo a su conciencia. Si creen que le pueden dar una oportunidad a la libertad de prensa, actuarán conforme a ello. Si son susceptibles a presiones, qué bueno que lo sean cuando se trata del bien de la patria y de la libertad de expresión”, puntualizó.
 

 
Propuesta de periodistas
La propuesta que presentaron el COLPER y directores de medios a la Asamblea Legislativa, busca reformar los artículos 167, 196, 196 BIS, 231, 236, y 288 del Código Penal, reformados por la Ley de delitos informáticos
En el primer caso, el 167 según sanciona “a quien promueva la corrupción de una persona menor de edad (o incapaz) con fines eróticos (pornográficos) u obscenos, en exhibiciones o espectáculos públicos”. La propuesta del COLPER sostiene que ello podría aplicarse a la transmisión de imágenes que impliquen desnudos parciales, por lo que solicitan que más bien establezca sanción para “quien mantenga o procure la corrupción de una persona menor de edad o incapaz (…)”.
Para los artículos 196, 196 bis, 231 y 236, la propuesta se orienta a que se les agregue a todos el siguiente párrafo final: “En ningún caso configura delito la búsqueda, acceso, copia, recopilación, o la difusión, transmisión o publicación de datos, documentos, informaciones, noticias, reportajes, imágenes o ideas que sean de interés público o que guarden relación con asuntos de esa naturaleza”.
Para el artículo 288 -que incluye el término “informaciones políticas secretas”- se propuso una redacción totalmente nueva, según la cual quedaría simplemente así: “Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años quien obtenga indebidamente información que, conforme a la Ley, el Presidente de la República decrete como Secreto de Estado”.
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Granados, advirtió que se trata de “una misma coletilla que se carga a varios artículos del Código Penal y de desaparecer la figura odiosa de secretos políticos; no veo en esto mayor complejidad”.