El sector bananero es de los principales morosos de la Caja. (Foto: archivo)
La desaparición de 97 empresas bananeras que mantenían una morosidad  de ¢5,196 millones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), así como la integración de la Junta Directiva de 20 sociedades de este sector que se mantienen activas, con una deuda de ¢2,193 millones, hacen prever que la recuperación del dinero para la institución representa un duro desafío.
La deuda asciende a un total de ¢7,790 millones al primero de agosto del 2012, según los datos de la CCSS; las principales empresas morosas en condición activa en su mayoría son presididas por extranjeros y no mantienen representación en el país, y algunas no registran bienes inmuebles.
El director de Cobros de la Caja, Luis Diego Calderón, señaló que muchas empresas podrían presentar atrasos con el pago, ya que el régimen de contribución es obligatorio.
“Esto es un régimen al que por ley deben contribuir los patronos y en el caso del sector empresarial cuando hay una morosidad nosotros salimos a recuperar la suma”, manifestó Calderón, quien agregó que en el caso de que la empresa no registre bienes a su nombre la recuperación del dinero se dificulta; “en este caso las opciones por la vía judicial son bastante complicadas”, agregó.
La lista de plantaciones bananeras que aún operan es encabezada por la Compañía Agrícola Frutas del Atlántico Sociedad Anónima, que a inicios de agosto mantiene una deuda de  ¢933.349.521. Agrícola Frutas del Atlántico fue inscrita ante el Registro Nacional en 1989, y es presidida por el empresario colombiano, Jorge Zuluaga Ruiz; y representada además por Nelly Tobón Lopera. En el país no registra bienes inmuebles a su nombre.
Pero al ser una empresa constituida por extranjeros se designó al notario Jorge Lobo Solera  como agente residente, tal y como lo establece el artículo 18 del Código de Comercio, que indica que cuando ningún representante de la sociedad  tenga domicilio en el país, se nombrará un agente residente, que tendrá facultades suficientes para atender notificaciones judiciales y administrativas en nombre de la empresa.
No obstante ante consulta de UNIVERSIDAD, Jorge Lobo Solera aseguró no mantener ninguna relación con dicha bananera ahora morosa, al tiempo que reconoció tan solo haber realizado los trámites de inscripción ante el Registro Nacional. Lobo Solera remitió con el abogado José Adolfo Borge Lobo, pero este último sostiene que desde hace ya varios años no tiene ningún vínculo con la empresa Compañía Agrícola Frutas del Atlántico S.A.
La segunda mayor deuda es de ¢490.342.215, pertenece a Sincelejo del Sur Sociedad Anónima, empresa inscrita en el año 2002 ante el registro y representada por los extranjeros  Jaime Viana Patiño y Ana Ricket Foster.  Sincelejo tampoco registra bienes inmuebles a su nombre, y la agente residente nombrada por la sociedad argumentó  no recordar el trámite realizado para dicha empresa, aunque sí alegó no tener ningún vínculo actualmente con Sincelejo.
Le sigue Compañía Agrícola Ganadera Cariari  S.A, y Compañía Bananera La Teresa S.A  que entre ambas deben ¢596.503.463; estas compañías son representadas por los colombianos Víctor Henríquez Velázquez y Juan Diego Trujillo Botero. Quienes además mantienen la representación sobre la multinacional BANACOL de Costa Rica, empresa de origen colombiano pero que desde la década de los ochentas tiene presencia en el país.
DEUDA CONTINÚA
Además de las citadas sociedades, Productora Tropical S.A., presidida por David Levy Sánchez,  actualmente debe ¢77.441.888, mientras que Bananera Venecia S.A, de Ernesto Rojas Koberg, adeuda ¢28.835.018. En la lista también resaltan Bananera Santa Marta S.A., Comercializadora Matina del Caribe S.A, ambas sociedades engrosan la lista que acumula una deuda de ¢2,193 millones por concepto de cuota obrero patronal con la CCSS.
Sobre la morosidad de este sector empresarial, el ciudadano Roberto Mora apuntó que “la Caja no se ha preocupado por cobrar estas deudas, porque hay ahí ciertos señorones políticos o hay ciertos compromisos que entonces se vuelven ahí vacas sagradas”.
Afirmaciones rechazadas por Luis Diego Calderón de la Dirección de Cobros de la CCSS,  quien indicó que la institución aplica las medidas necesarias con el fin de recuperar el dinero adeudado por este sector; sin embargo, la responsabilidad de pago es de los empresarios. (Véase: “No es por inacción de la Caja”)
Al ser consultado sobre este tema Luis Diego Calderón, de la dirección de Cobros de la Caja, aceptó lo difícil de recuperar el dinero: “la gran parte de estas empresas ya no existen,  por lo tanto la deuda es de difícil recuperación, y que en su gran mayoría corresponden a plantaciones de la zona sur, que ya no hay muchas”.
Ante la acumulación de la deuda de este sector, la diputada del Partido Acción Ciudadana  Carmen Granados la calificó de compadrazgo entre la Caja y las empresas, para así evitar el cobro. “Hay una organización de las empresas para no pagar, y desorganización de la Caja por no cobrar”, aseveró Granados.
No obstante, dijo, hay optimismo para la cancelación de la deuda que mantienen al menos estas 20 sociedades que se mantienen activas, producto de las acciones que realiza Jorge Sauma, gerente general de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA).
“CORBANA como tal está presionando a estos morosos, ya que le están haciendo mucho daño al sector. CORBANA presta el dinero para que se cancele la deuda con la Caja, al menos se ve la buena intención del nicho de mercado bananero”, argumentó Roberto Mora.
UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio de Sauma, pese a que se envío un correo electrónico, este no fue respondido antes del cierre de edición.
Entre las empresas que ya no están activas pero deben a la Caja se encuentran Agrícola La Nueva Esperanza S.A, morosa con ¢503.939.903, así como Agrícola Industrial San Antonio S.A, que debe ¢488.046.337.

Luis Diego Calderón
“No es por inacción de la Caja”
Dirección de Cobro de la CCSS
¿Qué ha propiciado que empresas bananeras adeuden más de  ¢7.000 millones a la Caja?
-El banano es muy susceptible a aspectos exógenos, como el precio internacional y factores climáticos, eso podría ser causas, pero desde el punto de vista de la institución lo que nos corresponde es recuperar las deudas.
Pero la deuda se ha inflado bastante, sin que la Caja recupere el dinero.
-Esto tampoco se puede ver en términos absolutos, eso sería un error. Porque todo hay que relativizarlo de acuerdo con el tamaño de la Caja, la institución factura más de dos billones  de colones al año, y el problema de la morosidad dentro del tamaño financiero o ingresos que percibe la institución hay que ponerlo en su correcta magnitud.
Muchas de las empresas bananeras que desaparecieron han cambiado de razón social para mantenerse dentro de la actividad agrícola evadiendo el pago que acumulan con la institución. ¿Se podría aplicar alguna medida para evitar esto?
-Creo que el tema de la responsabilidad solidaria es algo que la institución ha tomado medidas y así ha recuperado sumas importantes y se han hecho muchos estudios de responsabilidades de empresas por traspasos.
Sin embargo, siempre se encuentran los portillos.
-Recientemente la Asamblea Legislativa puso en consulta un proyecto que había sido iniciativa de la Caja, y dentro de las modificaciones planteadas existen mejoras para extender posibilidades para que se constituyan o concreten las responsabilidades solidarias con penas más fuertes para esta evasión. A veces los mecanismos para que hagan estos movimientos tendientes a evadir el pago son mucho más rápidos que todos los procedimientos que la ley establece, porque hay que respetar el debido proceso y el derecho de defensa que tienen todas las personas en el país.
La acumulación de esta morosidad podría dejar en dudas las acciones que la Caja ha adoptado para evitar que se acumulen cuentas pendientes de las empresas.
-La decisión de pago no es de la Caja sino de la empresa, nosotros recurrimos a los mecanismos legales que tenemos y eso lo hacemos, planteamos cobros y cierres de negocios. Conocemos de muchas de estas empresas que enfrentan situaciones difíciles por aspectos climáticos y otros factores internacionales, entonces algunas se han acercado procurando hacer arreglos de pago con la institución, principalmente en empresas del Caribe. Pero esto no se debe a una situación de la Caja; la responsabilidad de pago es de las empresas, por lo tanto no es inacción de la institución sino que el infractor es el que no paga, y del 100% de lo que la Caja factura más del 99.55 lo recupera en el mismo periodo.