El ingeniero Manuel Serrano señaló una y otra vez ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, la semana pasada, al vicepresidente de la República Luis Liberman como la figura de más alto nivel que dio órdenes en la construcción de la controversial ruta fronteriza 1856.
“Todo lo que nosotros hicimos está dirigido de arriba abajo, no de abajo hacia arriba”, fue la descarga de Serrano -ingeniero del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a cargo de la construcción de la Ruta 1856, conocida como Trocha fronteriza.  Serrano es investigado por el Ministerio Público tras denuncias de supuestas dádivas que habría recibido de empresas contratadas para los trabajos en la vía fronteriza.
Serrano negó al diputado Walter Céspedes (Partido Unidad Social Cristiana) que hubiera recibido dádivas, y luego ante preguntas de Víctor Hugo Víquez (Liberación Nacional) atribuyó a “rumores” esas acusaciones y el escándalo de corrupción surgido en torno al proyecto estrella de la Administración de Laura Chinchilla.
 
Sin embargo, más tarde evadió dar una respuesta directa cuando Víquez le preguntó si aceptaría carearse con un empresario de los que dicen que ha habido pagos. Según el diputado lo que cuentan finqueros y vecinos de la zona donde se realizaron los trabajos “sí preocupa”.
Víquez reconoció que él había recibido denuncias de empresarios que le decían que para poder ser contratados en las obras tenían que “echar”, y de vecinos de Sarapiquí, cantón que él representa, que le decían que las vagonetas iban con poca carga. Sobre esto preguntó en el CONAVI y le respondieron que Serrano decía que las vagonetas no podían ir muy cargadas porque los puentes no aguantaban. Pero después vio cómo los cobros eran por viajes completos.
“Ustedes conocían esa situación y no actuaron”, le reprochó a Serrano el diputado Víquez, quien dijo que él prefirió no actuar, pero sí hacer las observaciones a las autoridades del Gobierno, que era lo que le correspondía.
A diferencia de los anteriores comparecientes ante la comisión legislativa, Serrano no declaró bajo juramento, pues invocó el derecho a no hacerlo por estar siendo investigado penalmente.
Sostuvo que las situaciones en que lo pusieron a trabajar generaron mucho del “posible desorden” y descontrol de que se habla, porque no tuvo las condiciones para trabajar, como la contratación de inspectores, secretarias, equipos de oficina y otros elementos que solicitó y no se le dieron.
“Si tenía que, por seguridad nacional, trabajar de la forma que se hizo, habiendo yo presentado un plan general de la emergencia, en el que se incluye más de ¢100.000.000 para oficinas y catorce inspectores e ingenieros asistentes, y no se dan, pues todo el mundo sabía y todo el mundo quiso que así se hicieran las cosas y así se hicieron”, subrayó.
Como Serrano dijo que las autoridades superiores estaban enteradas de lo que se hacía en el proyecto, y que las órdenes de lo que había que hacer emanaban de la Presidencia, Céspedes le pidió puntualizar de quién concretamente eran las directrices. Respondió que de todo se informaba a Luis Liberman, “eran los que iban valorando los avances y ordenando qué hacíamos y con qué seguíamos”.
Junto con el vicepresidente mencionó también a Mauricio Boraschi (comisionado de drogas y viceministro de la Presidencia); Francisco Jiménez (Ministro de Obras Públicas y Transportes); Walter Navarro y Mario Zamora (viceministro y ministro respectivamente de Seguridad Pública).
Asimismo señaló a Carlos Acosta (director ejecutivo de CONAVI), como su superior jerárquico y quien visitaba el proyecto. Esas personas llegaban a las visitas de inspección y disponían cómo avanzar. Agregó que ministros y viceministros llegaban a reunirse con empresarios, que estaban muy comprometidos con el trabajo, pero negó que esas conversaciones versaran sobre algo “malsano”.
RELEVANTE
Tras las declaraciones de Serrano, el diputado Manrique Oviedo (Acción Ciudadana)  comentó que con el tiempo va trasluciéndose el papel relevante que en la toma de decisiones tuvo el vicepresidente Liberman, lo que coincide con lo que le  han dicho otras personas.
Respecto de si hubo dádivas, dijo que Serrano titubeó al contestar y queda la duda, porque en declaraciones que le han dado otras personas lo mencionan a él como el que supuestamente recibió pagos.
Oviedo recalcó que en esta investigación, aunque hay temas ambientales y administrativos de por medio, para él, el aspecto más relevante es la corrupción, “porque es la peor enfermedad  que tenemos como sociedad”. Reconoció, sin embargo, que es lo más difícil de probar.
En esa perspectiva, Oviedo preguntó a Serrano cómo justificaba que se hubiera pagado $7.500 (¢3.750.000) por cada contenedor de los que se usaron como puentes o alcantarillas en la vía,  si en el mercado el precio promedio de un contenedor  ronda los $1.800  (¢900.000), según había averiguado.
Serrano respondió que se pueden conseguir contenedores más baratos pero son robados o ya no tienen vida útil,  observación que Oviedo rechazó diciendo que los que le cotizaron no son robados y tienen aún vida útil.
Fueron 30 contenedores los usados y $180.000 (¢90.000.000) pagados de más, y el argumento que él da de que era para construir un paso provisional y justificar ese gasto “me parece irresponsable, aparte de que probablemente ahí se dio el pago de ciertas comisiones y eso lo vamos a investigar más a fondo”, dijo Oviedo.
Recordó que se habla de que el costo total de la carretera es de ¢40.000 millones, de los que se  han gastado alrededor de¢22.000 millones: ¢17.000 ya pagados y unos ¢5.000 aún por cobrar, según la información que posee.
PREGUNTAS PENDIENTES
Una coincidencia en las declaraciones de Serrano, del  exministro del MOPT Francisco Jiménez y otros comparecientes anteriores, es el funcionamiento de una comisión de alto nivel integrada por ministros, viceministros y otros jerarcas de instituciones públicas como la Comisión Nacional de Emergencia, que da seguimiento a las obras y actividades para responder a la invasión de la fronteriza isla Calero por parte del ejército de Nicaragua en octubre del 2010, y  entre las que se incluyó luego la construcción de la ruta fronteriza.
Según el diputado Luis Fishman (Unidad Social Cristiana) tras las comparecencias quedan muchas nebulosas y hay que sentarse a armar la hipótesis de lo que ha pasado con la trocha, pero particularmente con las declaraciones del exministro Francisco Jiménez queda claro que en el gobierno hay una estructura paralela que toma las decisiones de fondo y para abajo lo que hay son ejecutores (ver recuadro “Nebulosas por aclarar”).
Una pregunta pendiente de respuesta es donde está el nombramiento o el acto que faculte esa comisión para actuar en este caso. Esto porque tiene que  haber un acto de investidura que determine las competencias, funciones y responsabilidades de un órgano colegiado como es esa comisión, que debería dar informes de su labor.
La pregunta es si esa comisión se nombró de acuerdo con las atribuciones exclusivas que le da al o la presidente de la República la Ley general de administración pública (artículo 26, inciso g).
Dicho artículo dice que “el presidente de la República ejercerá de forma exclusiva las siguientes atribuciones”, entre las que señala “nombrar las comisiones auxiliares o de trabajo transitorias o permanentes que estime necesarias.”
Si la presidenta la nombró, como correspondía, tiene que decir qué funciones le designó, y si no hay nombramiento, la comisión está en el aire.
En el caso del vicepresidente también algunos se preguntan con qué competencia actuó en este caso, pues los vicepresidentes la única atribución constitucional que tienen es la de sustituir en su ausencia al presidente de la República (art. 135), y el artículo 143 constitucional refiere que los vicepresidentes pueden ser nombrados ministros. De donde se infiere que debe haber un acto formal que les permita asumir funciones específicas y poder saber cuáles son sus competencias y responsabilidades.
 

 
Nebulosas por aclarar
El diputado Luis Fishman  manifestó que tras la comparecencia del exministro del MOPT, Francisco Jiménez, quedaron varias nebulosas en las que hay que profundizar, entre ellas por qué si había una gran complacencia por el trabajo que estaba haciendo al frente del Ministerio, en mayo, cuando llega a decirle a la presidenta de los actos de corrupción y que había presentado una denuncia, lo que hacen es cortarle la cabeza, como si estuviéramos en la Edad Media y lo que hay que hacer es cortarle la cabeza al mensajero que trae malas noticias.
Jiménez claramente establece que hay una estructura paralela donde realmente se tomaban las decisiones de fondo, y que para abajo están los ejecutores, los viceministros Walter Navarro y Mauricio Boraschi. Sin embargo, estos eran “mantequilla”, a ellos les decían lo que había que hacer.
“Entonces,  a partir de esta situación hay que empezar a armar de nuevo el muñeco, porque si uno liga esto con la declaratoria de emergencia, es decir, lo que se hace inicialmente cuando pasa lo de Calero, que se lo piden al CONAVI y lo hacen bien: vías de acceso a los puestos donde está la policía costarricense, y como lo dijo don Carlos Acosta, no tanto para llevarles armas ni mucho menos, sino para que pudieran correr en caso de una invasión, según palabras de él. Y en esa misma declaratoria le dan miles de millones de colones al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), pero solo se utilizan ¢60 millones. Y no solo eso, sino que con los recursos que tenían para mejorar las condiciones de la policía y los equipamientos en lanchas, armas, radios y  todo, lo giran para que construyan la trocha para comunicar entre los puestos, que era el pretexto, porque ni  puentes había, ni vehículos, y sin embargo hoy los policías siguen en condiciones infrahumanas, ni agua potable tienen”.
Entonces si el tema era de seguridad, ¿por qué se abandonó al MSP y se construye una trocha y el tema de fondo se abandonó?  El mismo ministro Mario Zamora manda a decir que no utilicen nada, solo los ¢60 millones que estaban por adjudicarse, y que desestimen el resto que había para apertrechar y mejorar las condiciones de los policías. ¿Por qué lo hace? Obviamente porque le dan una orden superior, señaló Fishman.
Cree que la decisión de hacer la trocha responde realmente a una razón de seguridad nacional como se ha dicho o hay otros fines?

-Una carretera en la frontera puede tener sentido y puede tener justificación, pero aquí lo que se hizo fue eliminar todas las barreras que existían para haber construido esa trocha hace muchos años, porque muchos han pensado en este país en la necesidad de un canal seco y el tema (problemático) era siempre el medio ambiente. Y aquí para obviar todo lo de medio ambiente, en virtud de la declaratoria de emergencia, se volaron todo. Vamos a ver cuál es el futuro de la trocha, si la trocha es simplemente para intercomunicar los puestos de policía de nuestra pobre guardia civil que está en condiciones infrahumanas, o qué sorpresa nos vamos a llevar en poco tiempo. A lo mejor con lo que estamos hablando ahora tal vez no nos llevemos sorpresas, porque pueden tener miedo, pero hay que ver si simplemente era una situación de seguridad y vamos a estar atentos.