La aparente doble cara de fiscalizador y de autoridad con capacidad de mando que habría tenido la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S.A. (CACISA) en los trabajos de la Ruta 1856, paralela a la frontera norte, fue la última novedad que surgió en las comparecencias ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
La comisión investiga presuntos actos de corrupción en esa obra, que los funcionarios del Gobierno justifican como una necesidad para la defensa de la seguridad y la soberanía nacional, tras la invasión a la fronteriza isla Calero por parte del ejército de Nicaragua en octubre del 2010.
El Gobierno ha dicho hasta ahora que a CACISA se le encargó la fiscalización de la obra, y el informe que la empresa  presentó en febrero pasado sobre el avance y el costo del proyecto ha sido utilizado por las autoridades como una prueba técnica de la obra realizada y de que su costo es razonable.
Pero tras la comparecencia de uno de los empresarios contratados, la semana pasada,  el diputado socialcristiano Walter Céspedes dijo que van a tener que llamar a los representantes de CACISA, porque surgió un elemento que no estaba incorporado en la investigación.
“CACISA tiene dos caras, es juez y parte”, porque supervisa y a la vez da órdenes de ejecutar, y no se puede calificar algo de lo que se es parte también, consideró Céspedes.
En las audiencias de la comisión otro punto novedoso han sido las contradicciones entre los comparecientes en torno al papel que tuvo en la trocha Manuel Abarca, un ingeniero de confianza del entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Francisco Jiménez,  y quien es el gerente de la concesión de la carretera San José-Caldera a cargo de Autopistas del Sol.
Según versiones bajo investigación de los diputados, la llegada de Abarca a la trocha desató rencillas por el control del proyecto y la disposición sobre el reparto de los trabajos, entre Manuel Serrano y Miguel Ramírez, director y supervisor de la obra respectivamente por parte del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), y el ministro del MOPT. Esto habría desembocado en la denuncia que Jiménez presentó en mayo pasado ante la Fiscalía, acusando a Serrano y Ramírez de supuesta recepción de dádivas de los empresarios. Horas después de que Jiménez presentara la denuncia, la presidenta Laura Chinchilla anunció la destitución del ministro por razones de “responsabilidad política” en los hechos, y acusó de traición a la patria la actuación de los denunciados.
Jiménez afirmó en la comisión, que acudió a la Fiscalía tras recibir denuncias contra los acusados. Respecto a Abarca negó que fuera su representante en la trocha. Aseguró que este fue un asesor del MOPT al que se le pidió criterio como experto para la identificación de fuentes de materiales para la obra.
Por su parte, Serrano dijo que Abarca llegó como “observador” y “evaluador” de la obra. Reconoció que hubo fricciones al pretender este y CACISA asumir la dirección del proyecto. Ambas situaciones –dijo- tenían muy molesto a Carlos Acosta, entonces director ejecutivo de CONAVI, entidad ejecutora de la obra.
Ante la pregunta de un diputado acerca de quién había enviado a Abarca, Serrano primero aseguró que lo ignoraba, pero luego ante otra pregunta en el mismo sentido dijo que “obviamente venía de parte del despacho del Ministro de Transportes”.
A su vez, Johnny Muñoz, uno de los empresarios que participó en las obras, dijo que Abarca estaba presente en el proyecto igual que CACISA, que eran los jefes que le daban las órdenes.
Precisamente Muñoz, junto a Marisela Salazar, dueño y representante legal respectivamente de la Corporación Ronda de Mijas S.A., declararon el pasado 4 de setiembre ante la comisión legislativa, en lo que fue la primera comparecencia de representantes de empresas involucradas en los trabajos de la trocha.
Ronda de Mijas junto a otras dos de los mismos dueños (Cernícalo Avisor y Transportes Muñoz Sanabria) figuran con el mayor monto contratado en la trocha fronteriza (¢2.468 millones). Esto según datos de la Fiscalía, que en mayo pasado realizó allanamientos en las oficinas de 35 empresas, CONAVI, CACISA y la Comisión Nacional de Emergencias.
JUDICIAL
Otros que comparecieron la semana pasada ante la comisión, pero no declararon, fueron Daniel Herrera Chacón y William Herrera Monge, representantes de Quebrador Arenal S.A. y Constructora Herrera S.A., otras de las empresas con los mayores montos contratados en la trocha (¢2.357 millones). La presidenta de la comisión, Patricia Pérez (Movimiento Libertario), les pidió salir de la sala luego que se negaron a declarar bajo juramento, argumentado que lo que digan puede ser utilizado en su contra en la investigación penal que realiza la Fiscalía, y por lo que un juez ordenó levantarles el secreto bancario y tributario.
Cabe señalar que a solicitud de la Fiscalía, el pasado 13 de julio, Esteban José Quirós, juez del Segundo Circuito Judicial de San José, ordenó levantar el secreto bancario y tributario y el secuestro de información privada en la causa seguida contra Carlos Acosta, Manuel Serrano, Miguel Francisco Ramírez y otros (expediente 12-000053-0621-PE) por el delito de peculado, enriquecimiento ilícito y otros en perjuicio de los deberes de la función pública.
La medida afecta a un total de diez funcionarios y empresarios investigados y a 35 de las 48 empresas contratadas para obras en la trocha. Incluye la orden a más de 75 entidades bancarias y financieras de entregar la información relativa a las operaciones bancarias y financieras de los indagados y las empresas. Asimismo, la entrega de las declaraciones ante Tributación Directa, los registros de empleados de CACISA en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y la información privada de vuelos en las aerolíneas American Airlines, Spirit y Lacsa (en los que supuestamente viajaron juntos empresarios y supervisores de la trocha).
La Fiscalía solicitó la orden judicial “considerando que de los diferentes indicios y elementos de prueba con los que se cuenta hasta el momento, se puede observar cómo podríamos estar en presencia de los delitos de peculado, pago irregular de contratos administrativos, e influencia en contra de la Hacienda Pública en grado de probabilidad mínimo” (ver recuadro “Consideraciones….”).
 

 
Consideraciones del juez
– “De conformidad con la información recolectada por parte del Ministerio Público hasta esta etapa procesal, existe un grado de probabilidad suficiente de que en colusión con las empresas y personas físicas contratadas, los responsables de la calidad de las obras, la fiscalización, el avance técnico, así como el financiero, los miembros de la Unidad Ejecutora de los planes de inversión aprobados por la CNE, el director ejecutivo del CONAVI, Carlos Acosta Monge, en colusión con los encargados de la obra, Miguel Serrano Ramírez y Francisco Ramírez Marín, cancelaron facturas por trabajos no realizados, cancelaron trabajos realizados en condiciones distintas a las pactadas y en contra de los parámetros establecidos en el decreto ejecutivo 35765- MOPT (sobre alquiler de maquinaria), sustrayendo de este modo fondos públicos con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial antijurídico.”
-A las entidades del conglomerado financiero del sistema bancario nacional (enumera más de 75 bancos, sociedades de inversión, puestos de bolsa y otros) les ordena que entreguen la información sobre Miguel Francisco Ramírez, Manuel Serrano, Carlos Acosta, Carlos Luis Rivera, Giovanni Baralis, David Mauricio Castillo y otros, en relación con transferencias, cheques, certificados de depósito y demás transacciones realizadas entre el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2010 (fecha en que se solicitó por primera vez al MOPT reparar las vías de acceso a la zona norte) y hasta el 15 de mayo  del 2012.
Las entidades requeridas deben consignar: todas las transacciones que han sido realizadas en esas instituciones, certificados que hayan adquirido, todas las cuentas en las que están autorizados para realizar movimientos, ya sea a su nombre o a nombre de otra persona física o jurídica, actividades que han realizado en los grupos financieros, expedientes de apertura de cuentas de ahorro y cuentas corrientes, entre otros.
A la Tributación Directa se le pide la presentación de los formularios de tributación D150, D151 y D101 de 35 empresas, correspondientes a los años 2010 y 2011.
Fuente: Orden del juez José Quirós.