El Gobierno “manipula” datos para imponer su reforma a la ley armas, denuncia la Asociación ProDefensa Civil y de la Seguridad Ciudadana.
Un proyecto de ley impulsado por el Gobierno, con el que pretende reformar la actual legislación sobre armas y explosivos, desató una fuerte polémica entre representantes del Estado y propietarios de armas de fuego, quienes acusan a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia y Paz, de “manipular” cifras y estadísticas para imponer su tesis y dejar indefensa a la población ante el embate de la delincuencia.
La iniciativa, bajo el expediente 18.050 (véase UNIVERSIDAD, edición 1960 del 29 de agosto), se encuentra en subcomisión en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, luego de ser convocada en sesiones extraordinarias el mes pasado por el Poder Ejecutivo.
En esa misma instancia se halla otro proyecto, el 17.977, impulsado desde el año pasado por el Movimiento Libertario, y que pretende establecer como un derecho y no una concesión, la tenencia y portación de armas en Costa Rica.
La polémica surgió luego de que el viceministro de Justicia y Paz, Max Loría, presentó el 8 de agosto un estudio coordinado por esa dependencia, en el que se vincula la existencia, tenencia y portación de armas de fuego, con el aumento de la violencia, la criminalidad y los homicidios, al tiempo que recomienda la adopción de una serie de restricciones en la materia.
Tres integrantes de la Asociación ProDefensa, Mauricio Alvarado, Sergio Arguedas y Miguel Cifuentes, así como Eric Ericsson, instructor en manejo de armas, visitaron UNIVERSIDAD para rebatir las tesis oficialistas dirigidas a reducir la tenencia y portación de armas en manos de civiles en el país, y reclamar el derecho de los ciudadanos “honestos” a defenderse ante la ausencia de una seguridad que, a su juicio,  el Estado costarricense dejó de garantizar hace mucho tiempo.
Dicha organización nació hace aproximadamente un año, como una respuesta a las necesidades de la población en materia de seguridad ciudadana y resolución de problemas conexos.
Cifuentes puso en duda las afirmaciones de las autoridades del Gobierno, que en la discusión del proyecto de reforma tienen el apoyo y asesoría de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, de que una mayor tenencia y portación de armas se correlaciona con mayores niveles de violencia y delitos.
“La mayor parte de los delitos y homicidios no se cometen con las armas en poder de las personas responsables, que acuden a registrarlas y cumplir con los requisitos de ley”, indicó Cifuentes.
Por su parte, Mauricio Alvarado, lo mismo que Ericsson, denunciaron que en la discusión en torno a la reforma, la participación democrática ha estado ausente en las instancias gubernamentales, pues las propuestas y observaciones de la Asociación “nunca” fueron tomadas en cuenta.
“No hay un debate integral, ni inclusión en la discusión del tema”; el Gobierno y sus autoridades  “están encapsulados en una sola cosa”, dijo Alvarado.
Los integrantes de la Asociación emplazaron al viceministro Loría a responder de dónde vienen las estadísticas incluidas en el informe dado a conocer el pasado 8 de agosto,  donde relacionan cantidad de armas con el aumento de la violencia.
“Hay manipulación, además de que nos excluyen de un proceso que debería ser participativo”, lamentó por su parte Miguel Cifuentes.
Tanto él como Alvarado y Arguedas, no descartaron la conveniencia de que se negocie una refundición del proyecto gubernamental con el del Movimiento Libertario, que consideraron una iniciativa seria.
Los integrantes de la Asociación dijeron que las autoridades de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia se contradicen, ya que por un lado anuncian que se registra una mejoría en las condiciones de seguridad del país y en la disminución de homicidios, y por otro insisten en las presuntas consecuencias de la proliferación de armas y la correlación con el aumento de la violencia.
“Los crímenes en Limón y en otras partes no son cometidos con armas inscritas ni por propietarios responsables. Cuántas armas del Estado son robadas por los delincuentes a la misma policía”, como ocurrió con el armamento de la Policía del Tránsito, se preguntó la mencionada agrupación.
El abogado Alvaro Sagot explicó que en Costa Rica la tenencia y portación de armas -a diferencia de Estados Unidos, donde una enmienda constitucional lo consagra como derecho de los ciudadanos-, se produce mediante una concesión (véase “Viceministro Celso Gamboa: La tenencia de armas jamás será un derecho en Costa Rica”).
No obstante, expresó su rechazo a que se adopten medidas destinadas a una restricción total de la tenencia y portación.
“De hecho yo porto armas, porque por mis actividades (una de ellas la defensa del  ambiente) he recibido amenazas y tengo derecho a defenderme”, comentó.
Sagot dijo que con un arma “me siento seguro; no es que voy a dispararle a todo el mundo; he hecho pruebas psicológicas y estoy absolutamente a derecho”.
“Me parece que eliminar esa concesión del Estado nos dejaría en una total y absoluta desventaja. La tesis de cero armas no es la salida”, advirtió.
Por su parte, el también exministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, se mostró partidario de la existencia de controles fuertes, “pero a este problema hay que buscarle una salida democrática y equilibrada”, aclaró.
En su opinión, hay zonas como las áreas marginales y focos de crimen en el país, donde mucha gente “necesita andar armada”, por lo que sería un error desarmar a “todo el mundo”.
 

 
Johnny Echeverría Brealey:
Propiciar desarme total es un absurdo
El exministro de Seguridad Pública, Johnny Echeverría Brealey, consideró que el  Estado debe reglamentar la tenencia y uso de armas de fuego, aunque cree que propiciar un desarme sería un “absurdo”.
Se ha creado una gran polémica sobre la reforma a la ley de armas y explosivos.   ¿Cuál es la opinión suya sobre el tema?
-En Costa Rica, legalmente hablando, nunca ha sido un derecho como lo es en Estados Unidos, que incluso tiene rango constitucional. Aquí siempre ha sido una concesión, un permiso del Estado a personas que tienen razones para andar armados. Considero que tiene que ser regulado; es una concesión, no un derecho inherente a las libertades del ser humano.
¿Pero es válida la tesis dirigida a desarmar a todo el mundo?
-Por supuesto que no es válida.
Sobre las iniciativas en tal sentido, ¿qué es lo más correcto, diálogo, consenso?
-Como siempre, lo óptimo -cuando se va a legislar sobre temas controversiales- es tratar de obtener consenso hasta donde se pueda. No es fácil; lo que pasa es que en Costa Rica tenemos la tendencia de irnos hacia los extremos, lo cual es un error. Están quienes quieren prohibir las armas del todo, lo cual es un absurdo, hasta los que quieren que todo el mundo ande armado, que tampoco es lo correcto. Hay que buscar un término medio, en el que se regule efectivamente la tenencia y la portación de las armas, pero que no se cierre ni se limite y que a cualquiera que justifique la necesidad, razonablemente, se le conceda con todos los requisitos que se requieran.
Lo de la cantidad es relativo. Si es una, dos o más, depende. Si usted quisiera o es una persona que corre riesgo, en su automóvil debería portar tres armas, según los expertos, si quiere tener una verdadera y adecuada protección, por ejemplo.
¿Cómo conciliar el tema de seguridad y armas?
-Es un problema de cultura. No hay país en el mundo donde haya más armas en manos de civiles que en Suiza. Sin embargo, es un país relativamente pacífico. Todos los hombres y mujeres forman parte del ejército y se llevan las armas para la casa cuando están en las reservas; son armas de guerra y no se están matando, porque son civilizados. Las armas no matan, las que matan son las personas. Si quisiéramos impedir las muertes, prohibiríamos los carros y las motocicletas. Pero, son los choferes irresponsables los que matan gente. Se cree que haciendo difícil la tenencia de armas se evitará que se sigan cometiendo los delitos. Los delincuentes nunca van a tener problemas para conseguir armas: se las roban a los policías, a los guardas de seguridad. Si yo como ciudadano responsable quiero un arma, tengo que comprarla. Si dificultan comprarla están haciendo difícil la situación para quienes cumplimos la ley y facilitándosela a quienes la incumplen.
 

 
Viceministro Celso Gamboa:
Poseer armas jamás será un derecho
El viceministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, dijo a UNIVERSIDAD que la tenencia y portación de armas “jamás será un derecho” en Costa Rica.
A continuación, un extracto de una conversación mantenida con el funcionario:
¿Qué necesidad implica para Costa Rica ejercer y restringir los derechos de tenencia y portación de armas?
-Es una necesidad fundamental, sobre todo en lo que se refiere a la protección de la integridad física de los habitantes del país. Costa Rica es un país en donde pulula una gran cantidad de personas que -pese a tener requisitos para portar armas- han demostrado ser personas no idóneas para merecer ese permiso. Establecemos claramente que la portación de armas en Costa Rica jamás será un derecho, sino una graciosa concesión que el Estado costarricense les da a las personas que cumplen ciertos requisitos. Esta es una premisa fundamental. Es una concesión, un permiso, y quien quiera un arma debe optar por ese permiso. Precisamente estamos dotando al Estado de una mayor capacidad de discernimiento, para saber y determinar quiénes son los merecedores de contar con ese permiso. Y esto es algo fundamental. Anteriormente se estaban dando permisos de portación a muchas personas, que posteriormente demostraron ser  no aptas  para haberlo recibido.
¿La idea de ustedes es restringir la cantidad de armas que circulen con permiso?
-También la cantidad de armas que circulan con permiso. Ya hay una discusión en la ley, negociaciones en el parlamento y diputados. Habría que ver cuántas aprueban y cuántas no. La propuesta original hablaba de un arma, pero ya se amplió. Pero más que la cantidad de armas que pueda tener una persona o no, son las condiciones que tiene.
Los sectores que adversan el proyecto oficial acusan al Gobierno de estar manipulando información y cifras, y por otro lado cuestionan la tesis de que cuanto mayor armamento haya, más posibilidades de violencia existe. ¿Qué opina usted?
-Es un problema ideológico, estadístico y también hay que tener claro en dónde está situada Costa Rica geográficamente. Estamos en el corredor centroamericano del narcotráfico, inmersos en la zona más violenta del mundo, donde mueren más personas sin haber guerra declarada.
Los datos aportados por el Ministerio de Justicia y Paz y mencionadas por usted, indican que la mayor parte de los homicidios ocurridos en el país son cometidos con armas de fuego. ¿Qué tan reales son esas cifras?
-El año pasado murieron (por crímenes) 450 personas en este país. De esas 450,  300  fueron asesinadas con armas de fuego. De las 36.000 armas que tengo decomisadas en  el arsenal nacional, vinculadas a hechos ilícitos, un 45% son armas registradas.
Los adversarios a una reducción en la tenencia y permisos de portación argumentan que no se le puede negar el derecho a la ciudadanía a armarse, cuando el Estado no garantiza la seguridad de los ciudadanos. Dicen que esto más bien castiga a las personas que actúan responsablemente.
-Costa Rica en este momento parte de una premisa: no hay un derecho a portar armas en este país; existen permisos, que es una situación completamente diferente. Partiendo de eso, podemos señalar que los esfuerzos del país son más que sobresalientes. Es uno de los únicos países de Latinoamérica que logró reducir los índices de delincuencia en estos dos años. Tenemos una tasa de homicidios que viene en descenso, hay esfuerzos contundentes, pero no queremos participaciones ciudadanas en el tema de impartir justicia y servir de guardianes. Queremos una sociedad responsablemente armada y lo que estamos estableciendo son ese tipo de concesiones.