En momentos en que algunos diputados hablan de impulsar reformas para simplificarles   a los partidos las liquidaciones del financiamiento de las campañas, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, sostiene que la institución se opondrá de manera respetuosa pero firme, a que se flexibilicen los controles, materia en la que no se debe dar “ni un paso atrás”.
El Magistrado, quien acaba de ser reelegido presidente del TSE por tres años, considera necesario eliminar los bonos partidarios, porque sirven para legitimar donaciones ahora prohibidas,  aumentar los montos adelantados de la contribución estatal a los partidos, y crear una fiscalía especializada en delitos electorales, entre otras reformas.
A continuación se ofrece un extracto de la entrevista que se le hizo el pasado lunes 10 de setiembre en su despacho.
Don Luis Antonio, ¿qué piensa de las críticas que han hecho varios diputados al TSE por las investigaciones y denuncias contra partidos relativas al uso de recursos del financiamiento estatal?
-Lo primero que quisiera decir es que una mala regulación en el ámbito del financiamiento comporta riesgos muy importantes para la democracia, riesgos que van desde la penetración del narcotráfico, o de la excesiva dependencia de parte de los partidos políticos respecto de donantes privados, o fomentar condiciones de inequidad en la contienda, o generar  poca transparencia en el manejo de estos dineros. Por lo tanto, este es tema prioritario en la agenda política en la región latinoamericana.
Hay un consenso en la región sobre algunos objetivos que se tienen que perseguir. Ante todo la regulación del financiamiento. Primero, dotar de mejores condiciones de equidad en la contienda; segundo, promover transparencia; y tercero, disponer de controles eficaces sobre financiamiento, como también de sanciones proporcionadas que disuadan la transgresión.
Con la reforma electoral que condujo a la adopción del nuevo código del 2009, creo que se avanzó mucho en términos de transparencia, control y sanciones, hasta tal punto que el Tribunal  ha podido gracias a esas herramientas -pero también apoyado por el trabajo de la prensa y de los propios rivales políticos, que tienen un rol importante de estar indagando cómo están haciendo sus contrincantes las cosas en este terreno- crear un ambiente que, sustancialmente, ha llevado transparencia en esta materia, y que ha permitido desarrollar diversas investigaciones, que han puesto a la luz pública algunas actuaciones que no son correctas, y finalmente los transgresores se enfrentan eventualmente a sanciones que son importantes.
Creo que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se manejan los dineros de la política y creo que estamos cumpliendo ese rol de facilitadores a favor de la ciudadanía. Obviamente hay personas y sectores a los cuales no les ha gustado este nuevo paradigma.
¿Cree que no se debe dar ni un paso atrás en cuanto a controles?
-Soy de la opinión que en esta materia la consigna debe ser ni un paso atrás, sin perjuicio de poder ajustar algunas cosas y mejorar algunas regulaciones. Creo que tenemos un rol importante en la medida que cualquier proyecto de ley en esta materia pasa por una consulta al Tribunal, y la opinión del Tribunal obliga a incrementar las mayorías necesarias para poder aprobar proyectos que no cuenten con el consenso del TSE. Ya hemos anunciado que de manera respetuosa, pero también firme, vamos a oponernos a cualquier iniciativa que juzguemos que nos echa para atrás en esta materia.
¿Cree que las iniciativas mencionadas en la Asamblea Legislativa persiguen flexibilizar los controles?
-Lo que veo es que hay algunas iniciativas que se perciben en el ambiente político nacional, donde algunas personas pretenden un relajamiento de los  controles, y evidentemente no estaremos de acuerdo en ello. Lo que conviene más bien es impulsar reformas que fortalezcan el control.
¿Como cuáles reformas?
-Considero que hay que eliminar, por ejemplo, los certificados partidarios (bonos), que se convierten en un factor de opacidad. Los bonos tal y como están concebidos dificultan saber los orígenes de los recursos, y son un portillo abierto para la donación de parte de sociedades  mercantiles, inclusive de extranjeros, que está en principio prohibida. Además se convierten en un factor de inequidad en la contienda, porque estos certificados tienen valor para los partidos que estén bien posicionados en las encuestas, y en cambio, para aquellos que no, o que sean partidos emergentes, pues son papeles sin ningún valor.
¿El actual código electoral, del 2009, se quedó corto?
-Así como el código del 2009 avanzó mucho en términos de transparencia, control y sanciones, se quedó corto en materia de poner las contribuciones del Estado al servicio de una competencia más equitativa en los procesos electorales. Por ejemplo, el proyecto de código proponía que una parte importante de la contribución se les diera a todos los partidos competidores al inicio de la contienda, pero no en dinero, sino en espacios comprados en medios de comunicación colectiva, para que todas las agrupaciones tuvieran al menos un mínimo de exposición mediática, y les permitiera comunicar tanto su propuesta programática como la de sus candidatos y las virtudes que ellos podrían tener.
Como ya existe en otros países…
-A Costa Rica le llegó el momento de adoptar las franjas electorales que existen en tantos países de América Latina. México es quizás el que se conoce más, pero existen en la mayoría de los países suramericanos.
¿En qué consisten?
-Dado que los empresarios de radio y televisión utilizan un bien del Estado que es el espectro radioeléctrico, se les exige por ley que en época electoral cedan gratuitamente a los partidos un determinado espacio en su trasmisión diaria, para que sin costo alguno, ni para los partidos, ni para el Estado, se pueda difundir propaganda para todos en pie de equidad.
Aparte de las franjas es importante un adelanto más generoso de la contribución estatal, que les facilite a los partidos el acceso de esa porción de dinero que se les da por adelantado. Los partidos necesitan el dinero al inicio de la contienda, no después, y el no contar con ese dinero de alguna manera incentiva a recurrir a medios no adecuados.
¿Para usted la reforma prioritaria sería lo de la franja electoral y el mayor adelanto de la contribución estatal?
-Sí, y de hecho hay un planteamiento de reforma constitucional que pretende introducir las franjas electorales; es un proyecto firmado entre otras personas por la diputada Jeannette Ruiz.
¿Qué otra reforma habría que aprobar en materia de control?
-Es importante la creación de una fiscalía especializada en delincuencia electoral. El hecho de que se hayan producido investigaciones, y que se haya robustecido la capacidad de control del Tribunal, tiene que ir aparejado con un robustecimiento en el poder judicial para aquellos casos donde se pueden estar presentando esos problemas.
Más allá del financiamiento, ¿qué otras reformas electorales se necesitan?
-Una de las situaciones complejas que estamos viviendo es el desprestigio en que han caído las agrupaciones políticas y el órgano parlamentario. Es urgente tomar medidas para fortalecer los partidos políticos, para buscar que sean agrupaciones permanentes, fuertemente institucionalizadas, más democráticas en su funcionamiento interior y más transparentes en su quehacer. También para fortalecer el lazo de representación y la sensación de ser representado por los diputados. Esto obliga necesariamente a modificar la circunscripción electoral, el elemento territorial que sirve para la elección de diputados, porque en la actualidad utilizamos las provincias, que son muy disímiles entre sí. El efecto práctico es que zonas como la zona sur o la zona norte del país no están bien representadas.
¿Qué retos plantea la próxima campaña?
-Más allá de las complejidades que pueda tener o no tener a nivel político el proceso electoral del 2014, a nivel de logística tiene cosas más sencillas y más complicadas respecto al proceso anterior. Más sencillas porque para el 2014 solo vamos a elegir presidente y diputados. No vamos a elegir regidores. De una elección donde se elegían mil puestos, pasamos a una elección donde se deciden cien. Eso lo hace más sencillo desde el punto de vista electoral. Pero, en cambio, asumimos el reto de incrementar el voto de los costarricenses en el exterior. Va a ser la primera vez en la historia que nos corresponde, y es un desafío importante hacerlo y hacerlo bien.