En Costa Rica, la corrupción en la contratación pública es un asunto que merece urgente atención. Diversos escenarios de la realidad costarricense y mundial exponen que esa práctica ha adquirido una dimensión alarmante; no obstante, que se han desarrollado diversas acciones técnicas y operativas para luchar en contra de esa práctica decadente.
Cuantiosas y significativas razones ocurridas en tiempos pasados en el país establecen a la contratación pública como la actividad estatal más vulnerable a la corrupción. Al ser un proceso en el que interactúan los sectores público y privado, la actividad traza el espacio oportuno para que tanto los agentes públicos como los privados, desvíen fondos públicos para el logro de intereses personales y para que se forje un secretismo que fomenta lo ilícito y oscuro.
La transparencia y la rendición de cuentas son propiedades esenciales para la promoción de la integridad y la prevención de la corrupción en la contratación pública; sin embargo, deben estabilizarse con otros preceptos que exige la buena gobernanza: el asegurar una gestión eficaz de los recursos públicos y ofrecer garantías a la sociedad de que los presupuestos son correctamente utilizados.
La buena gobernanza tiene que coadyuvar a que se fijen los límites jurídicos precisos y cubrir todos los aspectos de la gestión de los negocios públicos nacionales y locales. Su finalidad en la buena gestión pública, estrechamente unida a la lucha anticorrupción, proyecta hacer más trasparentes las decisiones de política económica, más fácil el acceso al máximo de información sobre las finanzas públicas, promulgar la normalización de las prácticas de control y cimentar un desarrollo humano duradero y lleno de oportunidades. El desafío para los tomadores de decisiones es detallar un nivel oportuno y conveniente de transparencia y rendición de cuentas que reduzca los posibles escenarios en los que la corrupción pueda presentarse.
Antes de cualquier acto corrupto, los políticos electorales deben ser conscientes y éticos respecto a los importantes intereses económicos que están en juego junto con el posible impacto en los contribuyentes y en los ciudadanos a quienes se les alterará el orden político y social imperante. Es forzoso que la contratación pública sea considerada como un elemento básico en la rendición de cuentas por parte del gobierno hacia la sociedad sobre la gestión de los fondos públicos.
Las instituciones son factores esenciales para la armonía social, no solamente como promotoras de las relaciones económicas, del cuidado ambiental, del robustecimiento de las condiciones materiales y sociales para una vida digna de las personas y como desarrolladoras de planes estratégicos para el bienestar comunitario, sino que cada una de sus cualidades, conductas y juicios determinan el presente y el futuro de la sociedad, por lo que resulta preciso que sean determinadas dentro de los marcos límites de la ética, de la moral y del proceder legítimo ordenado.
El poder no debe malentenderse y la ética no debe esquivarse o menospreciarse. La supremacía de los valores individuales y el egoísmo sobresalen en esta sociedad en decadencia, donde triunfa lo escabroso, lo oscuro, la inmoralidad, el negocio ilícito y el delito y en la que resulta evidente el resquebrajamiento de los valores imprescindibles como la solidaridad, la cooperación, la libertad, la equidad y la justicia.
El fomento de la ética en el servicio público está inmensamente relacionado con la transparencia, la cual opera como mecanismo revelador del correcto funcionamiento del Estado, impulsando el comportamiento consecuente, garante y fiel de los servidores públicos. De esta manera, la ética pública alcanza dimensiones destacadas al cimentar una cultura de servicio público, haciendo de la transparencia una herramienta fundamental en los procesos institucionales ya que no se puede proclamar que un gobierno sea destacado o ilustre sin demandar una rendición de cuentas clara y precisa de quienes se desempeñan en la gestión pública.
¿Por qué la corrupción emerge cada vez más bajo múltiples patrones? Por la falta de transparencia y «accountability» en el sistema de administración pública costarricense y por el notable adormecimiento social y estatal de lo que significa la buena gobernanza: el gobierno que responde a las expectativas de los ciudadanos y que garantiza una autoridad pública ejercida responsablemente a su favor.