La complejidad para resolver varios de los cinco puntos en que se centrarán las conversaciones de paz y la desavenencia surgida entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Rodrigo Londoño —alias Timochenko—,  sobre el plazo en que se deben desarrollar las conversaciones, son los principales escollos que deberá enfrentar el nuevo intento de paz anunciado por el mandatario.
En una alocución televisiva el pasado 4 de setiembre, Santos informó que se había acordado una “hoja de ruta” llamada “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”, producto de conversaciones que se llevaron a cabo durante seis meses en La Habana con el acompañamiento de Cuba y Noruega, después de año y medio de trabajo preparatorio.
El mandatario colombiano especificó que las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado, sino que “se medirán en meses, no en años”, incluso afirmó que “si no hay avances, sencillamente no seguimos”.
Ello no agradó al Timochenko, comandante en Jefe del Estado Mayor Central de las FARC. En una entrevista difundida por la web del Partido Comunista Colombiano,  Londoño expresó que se trata de una expectativa que Santos generó “en contravía de lo pactado en la letra y el espíritu del encuentro exploratorio”. Según dijo, en ese proceso preliminar se concertó no poner “fechas fatales ni siquiera la palabra meses, así que lo expresado por el presidente nos indica lo difícil que va a ser este camino que emprendemos”.
“Para llegar a La Habana y realizar el encuentro exploratorio duramos dos años, cuando inicialmente se creyó que sería cuestión de semanas”, añadió.
Por otro lado, una encuesta —realizada para varios medios colombianos por la firma Ipsos Napoleón Franco y difundida por la revista Semana— arrojó que el 77 % de la población encuestada aprobó la decisión de Santos de emprender las negociaciones, al tiempo que el 54 % dijo sentirse optimista de que los diálogos llegarán a un acuerdo de paz.
Cabe recordar que mientras las conversaciones no empiecen, no hay cese de hostilidades y se siguen dando enfrentamientos entre guerrilleros y el Ejército.
CINCO PUNTOS
Al dirigirse al pueblo colombiano, Santos informó que el próximo 8 de octubre iniciará el proceso de negociación formal de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en Oslo, Noruega, y para ello se estableció una agenda de cinco puntos.
Esos puntos son el “desarrollo rural”, “las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana”, “el fin del conflicto armado”, “el narcotráfico” y “los derechos de las víctimas”.
Muchos sectores se han opuesto a que las FARC se vinculen libremente a la contienda política con argumentos que tienen mucho que ver con el último punto, en el sentido de que los crímenes de guerra no queden impunes (Ver recuadro: “Uribe, ¿un obstáculo?”).
En declaraciones ofrecidas a la agencia Reuters, el analista político Vicente Torrijos de la Universidad de Rosario calificó la iniciativa como «un logro espectacular” para las FARC, ya que les permite “despojarse” de su identidad de grupo terrorista y “de la noche a la mañana se convierten en un interlocutor político válido en Colombia y en un negociador legítimo para refundar el Estado”.
Al analizar el tema para el programa “Agenda” de la televisora alemana Deutsche Welle, Thomas Fischer —director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, (Alemania)— se mostró optimista porque a diferencia de esfuerzos anteriores, las FARC se han comprometido a buscar una salida para ponerle fin a la guerra, “algo que siempre habían descartado”.
“La opción militar del expresidente Álvaro Uribe dio resultados, pero no ha tumbado a las FARC, que aún tienen presencia en zonas fronterizas y mantienen capacidad de golpear al ejército colombiano”, indicó.
Sin embargo, subrayó como tema álgido el indulto y cómo tratar a los responsables de la guerra no solo de las FARC, sino el propio ejército y de los paramilitares. “Es lo más difícil”, apuntó.
El pasado 20 de setiembre, el diario colombiano El Espectador publicó que cerca de 1900 miembros del Ejército entre oficiales, suboficiales y soldados que se encuentran privados de la libertad por diferentes delitos dentro del servicio, “llamaron la atención del Congreso” para que intervenga ante el Gobierno y se les tome en cuenta durante el proceso de paz.
La mencionada encuesta, también, estableció que el 68 % de la población no está de acuerdo con que les sean perdonados los delitos a los guerrilleros, mientras que el 80 % se mostró en contra de que los miembros de las FARC salgan de las cárceles colombianas o al exterior.
Particularmente complejo puede ser el punto del narcotráfico, sobre el que Santos escuetamente dijo que espera que el proceso de paz sirva para combatirlo con mayor efectividad.
 

 
Uribe, ¿un obstáculo?
Diferentes partidos políticos colombianos mostraron su apoyo la iniciativa de diálogo de paz con las FARC. De acuerdo con una información de la agencia EFE reproducida por el sitio Infolatam.com, el presidente del Congreso y senador Roy Barreras, del Partido Social de la Unidad Nacional —aliado de Santos—, señaló que se debe tener “prudencia y cautela”.
Por su lado,  Simón Gaviria —presidente del Partido Liberal, también de la colación de Gobierno— “reiteró que la colectividad acompañará al presidente Santos con miras a un proceso de paz”. Mientras que desde el Partido Verde, Jorge Jondoño afirmó que “es legítimo que Santos abra la puerta y utilice la llave, la llave de la paz”.
En cambio, la iniciativa de paz no le ha hecho nada de gracia al expresidente Álvaro Uribe, de quien el actual mandatario fue Ministro de Defensa. Según el diario colombiano El País, en una conferencia de prensa el pasado 20 de setiembre, Uribe mostró “su abierta oposición” al proceso de diálogo abierto y comparó esa iniciativa con una hipotética conversación de paz de Estados Unidos con la red terrorista Al Qaeda.
La información detalla que el expresidente se mostró “incapaz” de estar de acuerdo con las reglas del proceso de diálogo y afirmó que durante su mandato siempre estuvo abierto a las negociaciones, “pero sin impunidad”.
Así, Uribe criticó los «muchos puntos de impunidad” de la iniciativa, pues “una vez  que los guerrilleros se reinsertan, tienen el derecho de participar en política; los que han secuestrado y matado tienen el derecho de ser elegidos”.